20/05/2025
La ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, parte del equipo cercano de Clara Brugada, no solo duele: debería sacudirnos a todos. No fue un crimen común. Fue un mensaje violento enviado a plena luz del día, en la capital del país, contra personas directamente ligadas al gobierno. En una ciudad saturada de vigilancia, cámaras y discursos de transformación, dos vidas se apagaron sin protección.
Mientras la Jefa de Gobierno de CDMX ofrece declaraciones institucionales y Claudia Sheinbaum promete que “no habrá impunidad”, la pregunta es inevitable: ¿esas frases todavía significan algo? Porque ya las hemos escuchado antes. Sexenio tras sexenio, partido tras partido. Morena, PRI, PAN... la violencia no distingue color, pero los discursos sí distinguen responsabilidades. Cuando las víctimas eran activistas, se decía que se arriesgaron. Cuando fueron periodistas, que algo habrán investigado. Y ahora que son trabajadores del propio gobierno, ¿qué se va a decir? ¿Que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado?
No se trata de culpar por culpar. Se trata de no permitir que las balas le ganen otra vez al Estado. Porque si el propio gobierno no puede cuidar a los suyos, ¿qué esperanza nos queda a los demás? La impunidad ya no es una crisis: es una política no escrita, pero aceptada. Y si como ciudadanos no lo señalamos, si no lo denunciamos, entonces nos volvemos cómplices pasivos del pacto que deja que la muerte circule libre, y que la justicia —cuando llega— ya no sirva de nada.
