28/09/2026
En octubre de 2024, una estudiante de 20 años de la Universidad de Cornell, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, denunció posteriormente haber sido víctima de una 4gres¡ón s3xu4l en la casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York. De acuerdo con la demanda civil presentada en septiembre de 2026, la joven había estado conviviendo y bebiendo antes de llegar a la fraternidad y posteriormente afirma que fue som3tida a situaciones en las que no podía otorgar un consentimiento válido. Las acusaciones presentadas en la demanda todavía no han sido probadas ante un tribunal.
La demanda identifica como acusados a siete estudiantes actuales o anteriores vinculados con Chi Phi: Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. La propia demanda sostiene que los siete participaron de distintas maneras en los hechos denunciados. Sin embargo, legalmente estas personas deben considerarse acusadas y no condenadas, porque la demanda civil no constituye por sí misma una declaración judicial de culpabilidad.
La estudiante informó lo ocurrido a la policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024. Posteriormente, la universidad inició un procedimiento bajo sus normas contra la conducta s3xu4l in4propi4da y realizó múltiples audiencias durante 2025. Según la demanda y declaraciones del abogado de la joven, solamente dos de los siete estudiantes fueron expulsados, mientras que los otros cinco recibieron sanciones menores y tuvieron la posibilidad de presentar ensayos relacionados con su conducta como parte del proceso disciplinario.
El elemento que provocó una fuerte reacción pública fue precisamente la afirmación de que algunos de los estudiantes pudieron regresar a la universidad después de cumplir medidas disciplinarias que incluían la elaboración de ensayos. Esto ha generado cuestionamientos sobre la respuesta institucional frente a una denuncia de esta naturaleza. No obstante, Cornell ha señalado que las acusaciones fueron investigadas y resueltas conforme a sus políticas, y que la fraternidad Chi Phi continúa prohibida en el campus. La universidad también ha indicado que no puede revelar detalles específicos de las sanciones individuales debido a las leyes de privacidad estudiantil.
Respecto a por qué los siete hombres no fueron enviados a prisión es que hasta ahora no existe una condena penal contra ellos. La investigación cr¡minal realizada después de la denuncia de 2024 no produjo cargos penales en ese momento. El fiscal del condado de Tompkins explicó el 28 de septiembre de 2026 que la versión que la denunciante proporcionó inicialmente a la policía difería de las acusaciones detalladas posteriormente en la demanda civil. El fiscal anunció ahora que la investigación será reabierta y que su oficina pretende presentar el caso ante un gran jurado. Lo que existió fue un proceso disciplinario universitario, mientras que la demanda presentada en 2026 es un proceso civil en el que la víct¡ma reclama responsabilidades y daños. El componente penal está nuevamente bajo investigación y todavía no existe una resolución judicial que determine la culpabilidad de los siete acusados.
El caso ha adquirido relevancia nacional porque plantea preguntas sobre la diferencia entre la justicia penal y los procedimientos disciplinarios de las universidades, así como sobre la manera en que las instituciones responden ante denuncias de vi0lenci4 s3xu4l. La reapertura de la investigación significa que el caso continúa en desarrollo y que cualquier conclusión definitiva sobre la responsabilidad penal de los acusados dependerá de las nuevas actuaciones de las autoridades y, eventualmente, de los tribunales.
Mamás en problemas
