12/05/2026
LIMA, 12 de mayo de 2026. En un contexto de asfixia financiera y crisis energética global, el Ejecutivo oficializó ayer un Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a asumir compromisos contingentes por hasta US$ 2,000 millones para garantizar la continuidad de Petroperú S.A.
La medida busca mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, factores que han disparado el precio del crudo WTI en más de un 30% solo en marzo. Según la norma, los fondos se destinarán exclusivamente a capital de trabajo, reposición de inventarios de combustible y servicios de producción, evitando el desabastecimiento en regiones críticas como Loreto y Ucayali, donde la estatal posee más del 75% del mercado.
Estructura de Rescate y Control
El dispositivo legal introduce una figura técnica clave: la creación de un Vehículo de Propósito Especial (SPV), liderado por ProInversión, para canalizar los recursos mediante fideicomisos. Además, se faculta al MINEM a cubrir costos financieros adicionales, asegurando que estos compromisos no afecten los fondos de electrificación rural.
Posiciones Encontradas
A favor: El Gobierno y sectores técnicos sostienen que Petroperú es un "pilar de resiliencia". Argumentan que dejar caer a la petrolera en medio de una crisis de oferta global generaría una crisis de seguridad energética sin precedentes, afectando al 74% de la matriz energética nacional que depende de los hidrocarburos. Resaltan que ProInversión ahora tendrá un rol fiscalizador, informando anualmente sobre la situación financiera de la empresa.
En contra: Críticos y analistas económicos advierten que esta nueva inyección —que se suma a la reorganización de 2025— representa un "barril sin fondo" para el erario público. Cuestionan que las pérdidas operativas, agravadas por fallas en la Refinería de Talara, se intenten solucionar con deuda contingente en lugar de una privatización o liquidación ordenada, señalando la erosión acelerada del patrimonio estatal.
La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo en el que Petroperú deberá demostrar si la reorganización liderada por ProInversión es viable o si requerirá nuevos salvavidas financieros.