16/12/2025
MÁS DE 57 MIL MINEROS ATRAPADOS POR LA BUROCRACIA DEL ESTADO EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR
*En Arequipa, la crisis golpea a las provincias de Caravelí, Condesuyos y Castilla.
La minería artesanal, una actividad que sostiene a miles de familias en las provincias de Caravelí, Condesuyos y Castilla, atraviesa una de sus etapas más críticas. El proceso de formalización, que debía integrarlos al sistema productivo nacional, se ha convertido —según los propios mineros— en una trampa burocrática que los empuja a la informalidad. Nilson Flores Suárez, vocero de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, asegura que el Estado ha abandonado al sector y que “la minería podría ser el motor del Perú, pero la han convertido en un laberinto sin salida”.
El dirigente denuncia que la política de formalización está secuestrada por la burocracia y dirigida por funcionarios que desconocen el campo y la realidad del pequeño productor. “Hace poco, el director de formalización contó que el ministro nunca quiso reunirse con él. ¿Cómo se puede planificar algo así? Cada mes cambian de funcionario y dejan las plazas vacías, es un cuerpo sin cabeza”, señala con indignación. Esa falta de liderazgo ha provocado la paralización de más de 57 mil procesos en todo el país, dejando a miles de mineros atrapados en un limbo administrativo del que no pueden salir.
Mientras los expedientes se acumulan y las oficinas del Estado siguen cambiando de responsables, la minería artesanal continúa avanzando sin rumbo. Los mineros, que alguna vez creyeron en la promesa de la formalización, hoy sienten que fueron abandonados en un proceso que se volvió interminable. “Nosotros no queremos evadir la ley, queremos cumplirla, pero el propio Estado no nos deja”, indicó.
Flores explica que para mantenerse en regla el minero artesanal debe presentar una larga lista de requisitos: estudios de impacto ambiental, permisos de uso de agua, certificaciones de inexistencia de restos arqueológicos, autorizaciones de explosivos, entre otros. Sin embargo, las oficinas encargadas no funcionan con regularidad o cambian de responsables constantemente, por lo que los trámites quedan a medio camino. “Nos tildan de ilegales, pero la ilegalidad nace del propio Estado. Si los permisos no se aprueban, no tenemos otra opción que seguir trabajando como podamos”, afirma.
El dirigente advierte que esta situación ha generado el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento del mercado negro. “Nos acusan de comprar dinamita ilegal, pero ¿cómo hacerlo legalmente si nunca aprueban nuestras OTS? Una barra de explosivo legal cuesta un sol con sesenta, mientras que en el mercado informal vale hasta diez soles. Si me dieran mis permisos, compraría legalmente y tributaría, pero prefieren cerrarnos las puertas y después decir que somos informales”, señala. Para Flores, los verdaderos beneficiarios de este caos no son los pequeños mineros, sino las mafias que trafican con explosivos y los grandes intereses económicos que controlan el sector. “El minero artesanal no fabrica dinamita ni importa insumos. Detrás de todo esto hay redes empresariales mucho más grandes, pero el Estado prefiere perseguir al que trabaja con las uñas”, agrega.
El dirigente también acusa al Congreso y a algunos líderes políticos de haber manipulado a los mineros con falsas promesas. “En Chala prometieron formalización permanente sabiendo que el Tribunal Constitucional ya lo había descartado. Mintieron deliberadamente y nadie los sancionó. Les vendieron humo a la gente”, denuncia. Por eso, la Federación de Mineros de Arequipa decidió mantenerse al margen de las huelgas y protestas de los últimos años. “No creemos en paros sin fundamento. Queremos diálogo, pero con propuestas técnicas. Ya no queremos discursos, queremos resultados”, sostiene.
A pesar de la frustración, la Federación ha presentado una propuesta concreta al Gobierno, que incluye tres ejes fundamentales. El primero busca restituir el derecho de preferencia, para que cuando una concesión caduque y retorne al Estado, esta no sea rematada entre grandes empresas, sino entregada a un minero formalizado. También plantean simplificar los trámites ambientales y descentralizar las oficinas de formalización, que hoy se concentran en Lima y Moquegua, lo que retrasa aún más los expedientes.
DATO
En Arequipa, más de 12 mil mineros artesanales esperan ser formalizados. Solo en Caravelí, en distritos como Chala, Chaparra y Yauca, se estima que cerca de 25 mil personas dependen directa o indirectamente de esta actividad. La parálisis del proceso amenaza con dejar sin sustento a comunidades enteras que viven del pequeño trabajo minero. “No pedimos favores ni subsidios, solo que nos dejen trabajar dentro de la ley. Si el Estado no cambia su actitud, esta crisis social puede estallar en cualquier momento”, advierte Flores.
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