28/05/2026
Que está pasando???
🔵👉 El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), John Lapa, cuestionó duramente la gestión del alcalde provincial de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio, por el presunto incumplimiento en la transferencia de recursos económicos a las municipalidades de centros poblados, situación que afecta directamente a poblaciones rurales y limita la atención de necesidades básicas.
Lapa señaló que una mala gestión presupuestal no solo perjudica a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, sino también a los centros poblados que dependen de dichos recursos para ejecutar servicios y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
El dirigente recordó que la Ley N.º 31079, que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su artículo 133 que las municipalidades provinciales están obligadas a transferir recursos presupuestales a los centros poblados hasta el quinto día hábil de cada mes. Asimismo, la norma señala que el incumplimiento constituye causal de suspensión del alcalde responsable hasta por 60 días naturales.
“Sería una vergüenza que ante tanto escándalo e incumplimiento de funciones exista un blindaje por parte de los regidores”, advirtió John Lapa, en referencia a la sesión de concejo donde hoy se debatiría la suspensión del burgomaestre huamanguino.
El presidente del Fredepa también criticó la falta de voluntad política de diversas autoridades regionales y municipales para instalar una mesa técnica de desarrollo integral de la provincia de Huamanga, la cual —según indicó— fue solicitada hace más de siete meses ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Gobierno Regional de Ayacucho y municipios distritales.
“La descentralización efectiva implica previsión en el manejo de gastos y presupuestos. Hoy vemos descuido, improvisación y una gestión deficiente que perjudica directamente a las comunidades más necesitadas”, sostuvo.
Además, recordó que la Contraloría General de la República ya advirtió en otros casos del país que el incumplimiento en las transferencias a centros poblados vulnera la Ley 31079 y afecta la continuidad de servicios públicos locales.
