02/06/2025
ASOCIACIONES ACENTUADAS EN TERRENOS INFORMALES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, CAEN EN LA FALSA PROMESA DEL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL POR PARTE DEL AGRÓNOMO EDWIN FLORES PALOMINO.
ANTECEDENTES:
Las 142 hectáreas recuperadas por el Gobierno Regional de Ayacucho de manos del Ejército fueron posesionadas por personas de dudosa procedencia sectorizadas en diferentes asociaciones allá por los años 2012 y 2013.
No obstante, una vez obtenido el cambio de titularidad, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 0284-2014-GRA/PRES del 9 de abril de 2014, las tierras se intentaron legalizar a diferentes posesionarios (asociaciones) formadas por organizaciones y asentamientos humanos que ya ocupaban dichos terrenos con viviendas.
De igual modo, se intentó adjudicar con la suscripción de las resoluciones ejecutivas regionales N° 510, 511, 512, 513, 514, 515 y 516-2018-GRA/GR, todas el 21 de setiembre de 2018. Los cuales fueron anulados en octubre del 2022.
Los responsables de dicho proceso serían los funcionarios del gobierno regional que desempeñaban, entonces, los cargos de director de la Gerencia General Regional de la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial y Bienes Regionales, del director regional de Asesoría Jurídica y del director regional de Agricultura.
También se ha hallado responsabilidad en el director de Catastro y Formalización Rural de la Dirección Regional de Agricultura, en la Comisión de Planeamiento, Presupuesto Acondicionamiento Territorial y Gestión Institucional del Consejo Regional (periodo 2011-2014).
ACTUALIDAD:
El 27 de enero de 2025, Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República (CGR) envía un informe al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorina, recomendando “realizar de inmediato los esfuerzos necesarios para la pronta recuperación de los terrenos en mención”, y que estos pasen a ser administrados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) hasta la culminación de las investigaciones.
En medio de esta disputa legal — en la que incluso los herederos de la antigua hacienda Béjar reclaman la propiedad por derecho sucesorio ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos—, ha aparecido un nuevo actor: el agrónomo Edwin Flores Palomino. Con el aparente respaldo de algunos dirigentes inexpertos de asociaciones, Flores Palomino ha estado ofreciendo servicios de “saneamiento físico y legal” de los predios, cobrando hasta S/ 1,350 soles por persona, en cuotas fraccionadas.
Este medio ha investigado el caso y puede afirmar que tales procesos son, en la práctica, inviables. Las características técnicas y legales de los terrenos hacen imposible su regularización en los términos que promete el señor Flores. Además, los levantamientos topográficos que se vienen realizando no son más que una reproducción de planos ya existentes en la base catastral de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Planos que, dicho sea de paso, carecen de respaldo técnico, pues no cuentan con un punto geodésico registrado ante el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Lo que está ocurriendo en estos terrenos es el reflejo de un problema mayor: la combinación de vacíos legales, desinformación ciudadana, profesiones sin escrúpulos y la improvisación de inexpertos dirigentes sociales, que permiten que actores externos se lucren a costa de los sueños de vivienda digna de cientos de familias.
Frente a este panorama, urge una reacción firme y articulada por parte de los vecinos, no solo para exigir la devolución de su dinero, sino también para poner un alto a quienes, como Edwin Flores Palomino, convierten la esperanza ajena en un negocio personal.
