05/08/2025
𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞: ¿𝐒𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐨 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐥𝐢𝐚?
El profesor Sergio López Nashnate, secretario del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Datem del Marañón, ha sido sancionado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia con una suspensión temporal de seis meses sin goce de sueldo. La sanción, formalizada mediante la Resolución Directoral N° 003369-2025-GRL-GREL-UGEL-DM-SL-D, se fundamenta en el incumplimiento de sus deberes como director de la Institución Educativa Miguel Grau de San Isidro.
Según la UGEL, López no realizó las refacciones requeridas en el centro educativo ni devolvió a tiempo los fondos que le asignó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) para el mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura.
En defensa de su postura, López Nashnate afirma que la sanción es injusta y un acto de represalia por sus labores de fiscalización como secretario del Sutep. El profesor asegura que el incumplimiento del mantenimiento se debió a que parte del dinero asignado fue robado, un hecho que, según él, está respaldado por una denuncia policial. A pesar de esto, se comprometió voluntariamente a devolver el monto. Presenta como prueba el acta de compromiso de pago 013-2024, aunque admite que no pudo cumplir con lo acordado a tiempo por motivos de salud. El docente alega que la resolución fue emitida sin el debido proceso y ha interpuesto una apelación para revertir la sanción.
Por su parte, el director de la UGEL Datem del Marañón, Rafael Silva Gonzales, desmiente que la suspensión sea una represalia y defiende la legalidad del proceso. Según Silva, "hay muchos docentes con apertura de proceso administrativo por no haber rendido el presupuesto de mantenimiento", lo que demuestra que la UGEL está "cumpliendo con la normativa del sector". El director enfatizó que su oficina no integra la Comisión de Procesos Administrativos que recomendó la sanción, y que esta comisión cuenta con la participación de dos representantes del Sutep.
El caso de López Nashnate resalta las tensiones entre la fiscalización sindical y la aplicación de procesos administrativos en el sector educativo, especialmente en la gestión de recursos públicos para la mejora de la infraestructura escolar. El resultado de la apelación será clave para determinar si prevalece la defensa del docente o el procedimiento administrativo de la UGEL.
