22/12/2025
𝗘𝗗𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔𝗟 | 𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮, 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿 𝘆 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮
En la función pública, la palabra no es un recurso retórico: es un compromiso. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace constituye un elemento básico de credibilidad. Cuando esa coherencia se quiebra, no solo se afecta una gestión, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.
La actuación reciente del gerente general del Gobierno Regional del Callao, César Igor Camacho Caballero, ha despertado serios cuestionamientos en el ámbito político regional. Su cercanía con el gobernador regional Ciro Castillo Rojo Salas fue, hasta hace poco, evidente y sostenida en el tiempo. No obstante, tras los problemas legales que hoy enfrenta el titular del Ejecutivo regional, se produjo un giro político rápido que resulta difícil de justificar desde una lógica de consecuencia personal y profesional.
Más allá de los reacomodos propios de una coyuntura de crisis, lo que genera preocupación es la conducta asumida por el propio funcionario. Diversas versiones en el entorno regional señalan que Camacho Caballero habría buscado acercamientos con la vicegobernadora regional en un contexto marcado por la reconfiguración del poder interno. A partir de ello, se adoptaron decisiones administrativas que derivaron en el retiro inmediato de personal vinculado a la anterior gestión, incluyendo trabajadores bajo los regímenes CAS y de locación de servicios, sin que se haya conocido públicamente una evaluación técnica que las sustente.
Desde una mirada personal y política, estas acciones proyectan la imagen de un funcionario más preocupado por asegurar su permanencia en el cargo que por sostener una línea de actuación coherente con sus posiciones previas. En la administración pública, la adaptabilidad no debería confundirse con oportunismo, ni la prudencia con el silencio selectivo frente a decisiones que afectan a terceros.
Sin ingresar al conflicto legal existente entre el gobernador y la vicegobernadora —materia ajena a esta reflexión—, resulta legítimo cuestionar el rol que asume un alto funcionario cuando el escenario político se torna adverso. La rapidez con la que se redefinen lealtades, así como la facilidad con la que se desconocen compromisos expresados anteriormente, debilitan la autoridad moral de quien ejerce un cargo de alta responsabilidad.
La ciudadanía del Callao no solamente evalúa resultados administrativos, sino también conductas personales en el ejercicio del poder. La ética pública exige consistencia, carácter y responsabilidad. Cuando la palabra pierde valor frente a la conveniencia, no se trata solo de una falla política, sino de una señal preocupante sobre el tipo de liderazgo que se está ejerciendo en la gestión regional.
