01/10/2025
NO PUEDE SEGUIR ATRAPADO EN EL DESORDEN
✍️Por Néstor Minauro Moreyra – Especialista en Transporte Terrestre
Lo que está ocurriendo con la ruta Hiram Bingham, el único acceso por carretera a Machu Picchu, debería preocuparnos a todos. No solo a los turistas o a los operadores involucrados, sino al país entero. Este servicio mueve miles de personas al día, sostiene empleos en Cusco y conecta al Perú con el mundo. Sin embargo, está siendo manejado con una ligereza inaceptable.
El problema comenzó cuando venció la concesión de la empresa Consettur, después de décadas operando la ruta. En lugar de planificar una transición ordenada, se entregó la operación, de forma temporal, a una nueva empresa. Esto generó protestas, paros, tensiones con las comunidades locales y, lo más grave, interrupciones en el transporte hacia uno de los íconos turísticos más importantes del planeta.
Lo que quedó en evidencia es que no tenemos reglas claras ni instituciones preparadas para manejar una ruta tan crítica. La autoridad local actuó por necesidad, pero sin planificación. El operador entrante no tenía la infraestructura ni la experiencia comprobada. Y el operador saliente, aunque con años en el sector, también dejó muchas preguntas sin resolver sobre transparencia y exclusividad.
Aquí el verdadero error no es quién opera los buses, sino cómo se toman las decisiones. Falta orden, falta visión y falta técnica.
El Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT), que debería orientar estas situaciones, no establece criterios específicos para servicios de este tipo. No impone estándares mínimos de calidad ni protocolos para garantizar la continuidad cuando termina una concesión. Tampoco exige el uso de tecnología que permita fiscalizar el servicio en tiempo real o auditar el estado de los vehículos.
Para salir de este bucle, hay que mirar más allá de lo inmediato. El Decreto Legislativo N.º 1362, que regula las asociaciones público-privadas, ofrece una salida concreta. Con esta herramienta, el Estado puede estructurar un proyecto de transporte turístico como este con reglas claras desde el inicio: licitaciones abiertas, requisitos técnicos exigentes, control ciudadano y mecanismos de penalización si el servicio falla.
No se trata de privatizar por privatizar. Se trata de poner orden y exigir calidad. Si el operador es público, privado o mixto, eso puede definirse en el proceso. Lo que no puede seguir pasando es que Machu Picchu, emblema nacional y orgullo global, quede atrapado entre la improvisación política y la falta de gestión profesional.
La solución no está en repetir lo mismo con otros nombres. La solución está en construir un sistema con reglas firmes, contratos serios y operadores que sepan que están a cargo de algo más que un recorrido: están a cargo de la experiencia de millones de visitantes, del sustento de cientos de familias y de la imagen del país.
Machu Picchu no necesita discursos. Necesita decisiones responsables.
Foto: referencial