05/06/2026
LO QUE OCURRIO EN IPARIA , NO FUE UN VACIO LEGAL.- FUE UNA BURLA DESCARADO AL ESTADO DE DERECHO.
AHORA DIFAMAN A LOS QUE LOS DENUNCIARON POR CORRUPCION........!!!!!
Un documento ingresado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, con fecha 02 de febrero de 2026, confirma lo que la población ya sabe y comento: el alcalde de IPARIA, PEDRO SALDAÑA BALAREZO; el gerente municipal, BELISARIO QUINTEROS VARGAS; y el jefe de Logística, Juan Arturo Calvo Chávez, pese a estar sentenciados e inhabilitados, siguen actuando con total impunidad como si la justicia no existiera.
Mediante resolución judicial del 16 de diciembre de 2025, la jueza Ángela Zamudio Navarro ordenó la ejecución inmediata de la sentencia y el cumplimiento de la pena de inhabilitación. No fue una recomendación. Fue una orden judicial.
Dicha inhabilitación fue incluso comunicada a SERVIR y al Jurado Nacional de Elecciones el 30 de diciembre de 2025.
¿Y qué pasó después? Nada. Según la documentación presentada, en diciembre de 2025 y enero de 2026, los sentenciados habrían continuado realizando actos de administración, firmando documentos, autorizando pagos y manejando recursos públicos, en un escenario de impunidad y desacato judicial que deja al descubierto una cadena de omisiones intolerables.
Los números hablan por sí solos y exigen respuestas inmediatas:
-S/ 1 262 005,20 (Un millón doscientos sesenta y dos mil cinco con 20/100 soles) destinados a compra de combustible.
-S/ 353 708,00 (Trescientos cincuenta y tres mil setecientos ocho con 00/100 soles) para el Programa Vaso de Leche).
Además de pagos por servicios cuestionados y fichas técnicas, mecanismos que, se utiliza en el gobierno regional, municipios provinciales y distritales para saquear los fondos públicos.
Aquí el escándalo no es solo local. Es institucional.
Porque cuando los regidores no suspenden, cuando el JNE no actúa, cuando el Poder Judicial no hace ejecutar con firmeza sus sentencias y cuando el Ministerio Público no actúa con la urgencia que exige la defensa del Estado, el mensaje es devastador: en Ucayali las condenas no se cumplen ni te apartan del poder.
¿De qué sirve sentenciar a autoridades corruptas si, aun inhabilitadas, siguen robándose los presupuestos públicos?
