09/07/2025
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🔴Demandas de formalización persisten ante la inacción del Gobierno con bloqueos de carreteras
Las protestas de mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE) continúan en Lima y el sur de Perú, exigiendo la derogación del Decreto Supremo 012-2025. Esta normativa ha excluido a más de 50,000 trabajadores del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que ha generado una profunda frustración en el sector, que ha movilizado a sus bases por más de nueve días en el sur y, más recientemente, en la capital.
En Lima, la Avenida Abancay fue escenario de campamentos y bloqueos, causando un significativo caos vehicular. Aunque la Policía Nacional desalojó a los manifestantes, estos han anunciado su permanencia en el Parque Universitario. Máximo Franco Bécquer, presidente de Confemin, ha denunciado el incumplimiento del Congreso en legislar sobre la Ley MAPE, lo que impulsó la llegada de los mineros a la capital.
Desde fines de junio, los bloqueos en el sur han paralizado el transporte terrestre, afectando la venta de pasajes interprovinciales hacia destinos clave como Arequipa, Ica, Cusco y Tacna. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha reportado múltiples tramos viales bloqueados, con puntos críticos en la Panamericana Sur en Nasca y Arequipa. Estos cierres han dejado a miles de pasajeros y transportistas varados, generando preocupación por el posible desabastecimiento de productos esenciales.
A pesar de la magnitud de las protestas, el diálogo formal entre el gobierno y los gremios mineros ha sido limitado. Los mineros de la MAPE, representados por Confemin y Fenamarpe, insisten en su reincorporación al Reinfo y la aprobación de la Ley MAPE. Aunque el Congreso ha sugerido extender los plazos de formalización, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mantiene una postura firme, descartando la reversión de las exclusiones y enfatizando la necesidad de un proceso de formalización riguroso.
Este conflicto resalta la tensión entre la búsqueda de formalización por parte de un sector productivo y la necesidad estatal de regular la minería para combatir la ilegalidad, un problema distinto a la MAPE, que cumple con sus obligaciones tributarias. Un mal dígnostico por parte del Ejcutivo, y llamar minería ilegal a miles de trabajadores de mineria artensanal y pequeña minería, agrava más la situación.