22/07/2025
FUNCIONARIA DE ROGER GUEVARA CON GRAVES DENUNCIAS POR AGRESIONES A MENORES DE EDAD EN LA ALDEA SAN ANTONIO
Golpes, agresiones y abuso a menores tuteladas por parte de funcionaria del Gobierno Regional de Cajamarca.
La directora del Centro de Acogida Residencial "Aldea Infantil San Antonio", Rosita Liz Alcántara López, enfrenta dos graves denuncias fiscales por presuntas agresiones físicas y psicológicas contra menores de edad bajo su custodia. Las víctimas, adolescentes tuteladas por el Estado, habrían sido objeto de maltratos que evidencian un alarmante abuso de poder en un espacio que debería protegerlas.
Según consta en una investigación del Ministerio Público, una de las menores declaró haber sido jalada de la oreja por Alcántara López, tras un malentendido con otro adolescente del albergue. La menor señala que fue culpada injustamente, y al intentar explicarse ante la directora, esta reaccionó con violencia. El testimonio fue corroborado durante una visita inopinada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Pero el caso no queda allí. Pesa también sobre la funcionaria otra denuncia por presuntamente haber golpeado y bañado con agua fría a otra niña, también residente de la casa hogar. Estos actos, lejos de ser aislados, revelarían un patrón de maltrato físico y humillación que habría sido normalizado dentro de la institución.
Las agresiones están tipificadas como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones, además de constituir una grave vulneración al derecho al buen trato, consagrado en la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Pese a la gravedad de los hechos, Rosita Liz Alcántara continúa en el cargo. Fue designada por la gerente general del Gobierno Regional de Cajamarca, Rocío Portal Vásquez, quien hasta el momento no ha emitido pronunciamiento público ni ha tomado medidas frente a las denuncias.
Este caso revela la falta de supervisión y filtros en la designación de personal responsable del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La permanencia de una funcionaria denunciada por maltrato evidencia una preocupante negligencia institucional y un abandono de las funciones de control por parte de la administración regional.
Organizaciones defensoras de la niñez y la sociedad civil exigen una investigación exhaustiva, sanciones ejemplares y, sobre todo, la protección inmediata de todas las menores tuteladas en este centro.
¿QUIÉN PROTEGE A LAS QUE NO TIENEN VOZ?
No lo hará este gobierno.