11/07/2025
🟠🟡 CONGRESO QUIERE APROBAR LEY QUE AMENAZA RÍOS, LAGOS Y QUEBRADAS
➡️ Según el Observatorio de Minería Ilegal, la Ley MAPE, impulsada sin el debido debate técnico por el Congreso, busca perpetuar un modelo de minería sin fiscalización efectiva ni control estatal. Esta norma permitiría incluso el uso de ríos, lagos y quebradas para actividades mineras informales, como ya ocurre en varias regiones del país.
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La minería ilegal se ha expandido en los últimos años en Cajamarca y en la actualidad más del 70 % de trabajadores mineros que operan en la región son ilegales, poniendo en riesgo no solo el medio ambiente sino también la vida de trabajadores, advirtió la gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) del Gobierno Regional (Gore) de Cajamarca.
“Los que están activos en las provincias de Hualgayoc, Celendín y Cajamarca, usan el registro de formalización Reinfo en otras provincias como Jaén y San Ignacio, y eso no es legal”, señala Sergio Sánchez gerente de Renama.
A esta cifra se añaden unos 500 mineros que operan de manera clandestina y que están avanzando, un número considerable en provincias como San Ignacio, Jaén, Celendín, Cajabamba, Contumazá, Hualgayoc y Cajamarca. “Es un proceso complicado en la región”, afirmó el gerente de Renama, al destacar la articulación con la Dirección Regional de Energía y Minas, y la Policía Nacional.
Ahora quieren que el Congreso apruebe la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), una ley que, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), no soluciona el problema; por el contrario, agravaría la crisis ambiental y social. La ley, señala el observatorio, ha sido impulsada sin el debido debate técnico, permitirá el uso de ríos, lagos y quebradas para actividades mineras informales, y busca perpetuar un modelo de minería sin fiscalización efectiva ni control estatal.
"Estas medidas fomentan la impunidad, la contaminación con metales tóxicos como el mercurio y el debilitamiento del Estado de derecho", señaló en un pronunciamiento el observatorio, integrado por ocho organizaciones, como ECOAN, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Sociedad Zoológica de Fráncfort, DAR, Conservación Amazónica, entre otras.
Para el observatorio, el papel de algunos congresistas y la presión de los mineros informales por una aprobación “exprés” de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas (y su pase a la Comisión Permanente) buscan evitar que este tema sea debatido en el Pleno.
Como está redactada, la Ley MAPE ayudaría a ampliar las actividades ilegales y afectaría la protección del ambiente y el uso de recursos naturales, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución.
Semanas atrás, el observatorio entregó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso diez medidas para frenar el avance de la minería informal e ilegal. Sin embargo, estas no han sido tomadas en cuenta.
Planteó, entre otras cosas, que se diferencie con claridad a un minero artesanal o informal de uno ilegal, reconociendo sus diferencias y necesidades para formalizarlos; que se mejore el control y la fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales (que operan en la sombra y lavan mineral ilegal e informal). Solo así se podrá rastrear el origen del oro y frenar el uso de químicos peligrosos. "Las plantas de beneficio son un tema clave en este proceso. Se debe trabajar con la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)", dijo César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales.
Asimismo, planteaba que ningún minero pueda cavar sin antes presentar un plan ambiental que garantice el cuidado del agua, el suelo y las comunidades, y que se delimiten las áreas protegidas donde no se puede hacer minería: áreas naturales protegidas, territorios indígenas, ríos, sitios arqueológicos, territorios forestales, etc. De acuerdo con Ipenza, la nueva ley debería declarar esas áreas y territorios como intocables. Además, propusieron que el uso del mercurio (que envenena ríos y personas) sea eliminado para el 2030.
