20/07/2026
🔵🔴 |La región de Puno cerró el año 2025 registrando un total de 20 conflictos sociales —17 en estado activo y 3 latentes—, cifra que la posiciona como la segunda región con mayor conflictividad en todo el territorio nacional. De acuerdo con las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la proliferación y expansión agresiva de la minería ilegal se ha convertido en el principal catalizador de estos focos de violencia. Tania Cáceres Ortega, jefa de la Oficina Defensorial de Puno, detalló que la mayoría de estas controversias están directamente vinculadas a la actividad extractiva informal, problemas de demarcación territorial y severas disputas socioambientales concentradas en las provincias de la zona norte.
El panorama se torna especialmente crítico en sectores como Carabaya, La Rinconada y Lunar de Oro, donde las pugnas por el control de los recursos mineros coexisten con delitos de alta gravedad como la trata de personas, la extorsión y la tenencia ilegal de armas de fuego. Un ejemplo de la escalada violenta fueron los recientes enfrentamientos entre los distritos de Coasa y Limbani, los cuales dejaron múltiples heridos y expusieron la vulnerabilidad de las comunidades locales. Frente a este escenario, el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 del organismo defensorial instó al Gobierno central a reforzar de manera urgente la intervención estatal y la presencia policial, advirtiendo que la falta de recursos operativos actuales impide frenar a las redes criminales que amenazan la seguridad ciudadana y las fuentes de agua de la región.
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