27/06/2026
CONTRALORIA DE LA REPÚBLICA HUNDE MEGAPUERTO CHANCAY
Gerente de Cosco Shipping Almirante (r) Carlos Tejada Mera destruyo la gestión pública
Párrafo destacado.-
…”La verdad sale a la luz después que el 2020 el Comandante Gregory Paredes denunciara el caso Chancay donde en sus planteamientos ante Fiscalía de la Nación sustentaba una presunta organización criminal que estaría conformada por Presidentes, Ministros del MTC, funcionarios de la APN y PROINVERSION, Almirantes ex Comandantes Generales de la Marina, Vicealmirantes de la DICAPI, y empresarios”..
Gerente de Cosco Shipping Almirante (r) Carlos Tejada Mera destruyo la gestión pública.-
Ex Comandante General de la Marina Almirante Carlos Tejada Mera después de pasar a retiro se convirtió en Gerente General, apoderado y representante legal de la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. desde enero 2015 hasta el año 2025,
El Almirante (r) Carlos Tejada ex Jefe de la Marina (2012-14) se encargó de viabilizar la gestión pública del proyecto portuario Megapuerto Chancay atropellando todos los acuerdos sin respetar los contratos con el Estado Peruano,
sin efectuar la ejecución de obras pactadas, ejecutar obras sin autorización y por un trazo que no le correspondía como el túnel que se derrumbo, asimismo activo normas que no existían para ser respaldado forzando su creación para el beneficio de su empresa;
materializándose cuando a través de una especie de chantaje empresarial a su propio país el marino Tejada condiciono la inversión de empresa extranjera Cosco Shipping en el Megapuerto a cambio de la “Exclusividad” sin que exista norma legal que lo permita;
al descubrirse que el otorgamiento de la exclusividad era ilegal se pronuncio públicamente el ex Presidente de la Autoridad Portuaria Nacional Walter Tapia diciendo que no existía amparo legal que la sustente;
inmediatamente los Congresistas ex altos mandos de la marina José Cueto y Jorge Montoya promovieron la norma de “Exclusividad” con nombre propio para beneficiar a la empresa estatal China Cosco Shipping y “apareció la ley que respalda la exclusividad” ¿cuánto les habrá costado profesionalmente crear dicha norma? dando el caso por cerrado, consecuentemente el puerto quedo exclusivo para los Chinos vulnerando la soberanía nacional.
Caso Chancay: CGR golpea tras 6 años de denuncia / desastrosa gestión pública.-
La verdad sale a la luz después que el 2020 el Comandante Gregory Paredes denunciara el caso Chancay donde en sus planteamientos ante Fiscalía de la Nación sustentaba una presunta organización criminal que estaría conformada por Presidentes, Ministros del MTC, funcionarios de la APN y PROINVERSION, Almirantes ex Comandantes Generales de la Marina, Vicealmirantes de la DICAPI, y empresarios. (Fuente portal facebook Gregory Paredes)
Contraloría detecta irregularidades en contrato del puerto Chancay y acciones penales contra responsables:-
Informe de auditoría señala que se otorgó al inversionista Cosco Shipping un beneficio de recuperación anticipada del IGV por S/527,7 millones, lo cual fue un perjuicio para el Estado. La entidad auditora también plantea acciones contra funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Proinversión por "no haber cumplido con fiscalizar la construcción de la infraestructura portuaria y haber omitido aplicar sanciones" (Fuente Diario La República / 23 junio 2026)
Informe de Contraloría hecho público el 23 junio 2026.-
La auditoría de Contraloría observó el contrato que ProInversión aprobó para que el megapuerto accediera a devoluciones del IGV por más de S/527 millones y también "detectó observaciones en permisos otorgados" por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y en la supervisión ambiental realizada por el MTC.
La Contraloría General de la República observó el contrato de inversión que permitió al megapuerto de Chancay, el cual es administrado por la empresa Cosco Shipping, acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA), con el que recibió devoluciones tributarias por más de S/. 527 millones durante su etapa de construcción.
Tras revisar actuaciones de ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre 2007 y 2025, el órgano de control también encontró observaciones en la aprobación de permisos del puerto, cambios en el trazado del túnel, además de deficiencias en la supervisión ambiental del megaproyecto, el cual acaba de cumplir un año de operaciones.
Por estos hallazgos, la Contraloría recomendó iniciar acciones civiles por el contrato de inversión y el beneficio tributario, además de promover acciones penales por presuntas irregularidades relacionadas con autorizaciones y controles durante la construcción y puesta en marcha del terminal.
El contrato cuestionado que permitió devolver S/. 527 millones de soles del IGV.-
Uno de los principales hallazgos del informe, al que accedió este medio, está relacionado con el contrato de inversión que permitió al proyecto acogerse al RERA, un régimen que permite recuperar de forma anticipada el IGV pagado durante la construcción de grandes proyectos.
Según Contraloría, ProInversión validó y suscribió en 2016 un contrato por US$447 millones de dollares pese a que los representantes de la empresa no habrían acreditado el poder legal requerido para firmarlo.
"Pese a ello, Proinversión continuó con el trámite (…) y posteriormente se suscribieron cinco adendas en mérito a un contrato celebrado sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos”, reza el informe.
Posteriormente, el monto asociado al contrato alcanzó US$789,6 millones de dollares y, sobre esa base, se aprobaron devoluciones tributarias por S/.527,8 millones de soles.
La auditoría sostiene que el proyecto accedió y permaneció dentro del régimen "sin que se haya acreditado el cumplimiento integral de los requisitos legales exigidos para el otorgamiento y permanencia de dicho beneficio".
El túnel y los permisos: las observaciones que derivaron en pedido de acciones penales.-
El segundo punto observado por Contraloría está relacionado con los permisos y autorizaciones que recibió el megapuerto de Chancay durante su construcción y posterior puesta en marcha.
Para ello, el órgano de control revisó expedientes técnicos, autorizaciones e inspecciones realizadas por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), principalmente sobre dos componentes del proyecto: el túnel y el sistema de geotubos, una estructura prevista para proteger la zona costera.
Según detalla el informe, el expediente técnico aprobado en 2021 incorporó un trazo del túnel diferente al que se validó previamente y que, además, ya no coincidía completamente con el permiso ambiental vigente para el proyecto.
Además, sostiene que el expediente no desarrolló técnicamente el sistema de geotubos previsto como medida de protección ambiental.
El informe concluye que “se posibilite a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. el inicio y ejecución de obras y, posteriormente, la operación (…) sin contar con todos los requisitos legales aplicables al expediente técnico y la habilitación portuaria”.
Además, Contraloría señala que durante las inspecciones posteriores no se impulsaron oportunamente medidas correctivas para actualizar permisos ni obtener pronunciamientos ambientales correspondientes.
Por estos hechos, el órgano de control recomendó que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción evalúe iniciar acciones penales para determinar posibles responsabilidades entre los funcionarios comprendidos en esta observación.
Supervisión ambiental: Contraloría cuestiona el análisis técnico del MTC.-
El informe también revisó expedientes de supervisión ambiental ejecutados entre 2023 y 2025. Según Contraloría, no se analizó completamente información sobre el trazo del túnel; no se evaluó integralmente la suspensión del compromiso de trasvase de arena y se concluyó cumplimiento ambiental respecto del sistema de geotubos sin suficiente sustento técnico.
Como consecuencia, sostiene que la autoridad no contó con elementos suficientes para evaluar oportunamente posibles procedimientos sancionadores ambientales.
Contraloría concluyó que ProInversión, MTC y APN no tenían manuales específicos para evaluar solicitudes del RERA del IGV ni sus modificaciones; faltaban mecanismos de control de versiones de planos y trazabilidad geográfica; parte de documentación ambiental era almacenada fuera del sistema formal y algunos expedientes ya no conservaban todos los correos y respaldos.
RPP trasladó consultas a Cosco Shipping para conocer su posición respecto a este informe. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuestas... (sic) (Fuente / Radio Programas del Perú)
(Fuente Portal Argos Pex / Fuente Gregory Paredes).
