25/10/2025
No se puede hablar de progreso cuando los ríos siguen muriendo.
Las comunidades kukama del Bajo Marañón iniciaron un paro indefinido tras más de 50 años de contaminación. Reclaman lo básico: agua limpia, salud, reparación y verdad.
Pero además de cargar con el petróleo en el agua, muchos cargan con otra injusticia: ser criminalizados por protestar.
La protesta social —más aún cuando busca proteger la vida y el territorio— no es un delito. Es un derecho en democracia.
Los pueblos indígenas tienen derecho a ser escuchados, consultados y protegidos, no perseguidos. Exigen:
Justicia ambiental y reparación integral.
Atención sanitaria y monitoreo independiente.
Respeto a su derecho a la protesta sin hostigamiento ni uso excesivo de la fuerza.
Cuidar el río es cuidar la vida.
Protestar para defenderla no debería costarles la libertad.
Fuentes:
*Infobae Perú (18/10/2025). Paro indefinido en Marañón por contaminación histórica.
*Ojo Público (dossiers/cronologías sobre derrames en Loreto y lote 8).
*Aidesep & Onamiap (pronunciamientos sobre defensa territorial y criminalización).
*Constitución del Perú: derecho de reunión y libertad de expresión.
*Convenio 169 de la OIT: derechos de los pueblos indígenas (consulta y protección).
*CIDH / Relatoría para la Libertad de Expresión: la protesta social es pilar democrático; estándares sobre uso proporcional de la fuerza.
*Principios Básicos de la ONU (1990) sobre empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Nota: nuestro enfoque es informativo y de derechos. Evitamos señalar responsables penales específicos; pedimos investigación independiente, debida diligencia y transparencia.
