06/11/2025
El Pocito: más de 13 años enfrentando la corrupción judicial
Un caso que revela cómo la impunidad se construye a través de la negación de la prueba
En el Perú, el acceso a la justicia se ha convertido en una carrera de resistencia. No gana quien tiene la razón ni quien demuestra con pruebas la verdad de los hechos, sino quien logra sobrevivir al desgaste de un sistema corrompido por intereses y redes de poder. El caso El Pocito, un litigio que lleva trece años sin justicia, es el espejo de esa enfermedad institucional que carcome la fe pública y convierte la ley en un negocio.
Una historia real convertida en símbolo
Todo empezó cuando El Pocito, un terreno que había permanecido por tres generaciones en mi familia, fue vendido a nuestras espaldas con documentos falsos. Esa primera falsedad generó una cadena de transferencias: la primera, sustentada en una escritura falsa; la segunda, en la que el comprador continuó el fraude registral y destruyó nuestras propiedades; y la tercera, cuando ese mismo comprador —ya denunciado— creó otra empresa y se transfirió el bien a sí mismo.
Años después, una sentencia firme - que costó años de vida y salud – confirmó judicialmente que la primera de esas escrituras era falsa, y que la propiedad nunca perteneció a la supuesta vendedora.
Más de una década de juicios, con pruebas reunidas desde el mismo año de los hechos (2012): fotografías, pericias grafotécnicas, oficios municipales, oficios de la Contraloría General de la República, sentencias previas, declaraciones testimoniales, constataciones judiciales y policiales, registros oficiales y miles de páginas de escritos. Con semejante acervo probatorio, creímos en un proceso rápido y justo. Jamás imaginamos que nos arrebatarían trece años de vida —y el tiempo de mis padres, que murieron esperando justicia.
El inicio de la corrupción
La corrupción se presentó desde las primeras disposiciones y resoluciones dirigidas a absolver.
El derecho a la motivación fue inexistente y sistemáticamente vulnerado, formando una línea de impunidad que nos obligó a introducirnos en el mundo legal en casi todas las ramas del derecho: penal, civil, contencioso, administrativo y constitucional.
Hemos resistido la desaparición de una carpeta fiscal; una sentencia penal de vista con incongruencia interna, que alteró testimonios y la valoración de una inspección judicial sin prueba nueva; la no valoración de pruebas oficiales; y la negación del derecho de defensa que permitió la prescripción de una queja contra un ex fiscal supremo.
En síntesis, somos testigos de un sistema habituado a la impunidad.
La falla sistémica
El caso El Pocito es la manifestación visible de una falla estructural en la administración de justicia, en la que jueces y fiscales convergen en un mismo punto ciego: la negación de las pruebas oficiales y la distorsión de la verdad fáctica. Esa falla no proviene de la falta de normas, sino de una cultura que privilegia la forma sobre la verdad.
En nuestro caso, expedientes incómodos fueron archivados; se invisibilizaron pruebas que confirmaban delitos; y nuestras insistencias fueron castigadas con dilaciones. Una de nuestras carpetas literalmente viajó Lima–Mala–Cañete durante ocho meses, afectando nuestro derecho de defensa.
Cuando todos los eslabones se unen, el sistema deja de impartir justicia y empieza a protegerse a sí mismo. Esa falla no responde a un hecho aislado, sino a patrones que se repiten en cada proceso, de dos formas reconocibles: la validación de la falsedad documental y la negación del derecho a la prueba.
Dos patologías que atraviesan todos los procesos
1. Validación institucional de la falsedad documental. La justicia peruana ha demostrado que puede sostener durante más de una década una fotocopia simple fraudulenta como si fuera verdad jurídica.
Se trata de una declaración jurada (en los formatos HR/PU), con fecha técnicamente imposible y dirección ajena al terreno transferido. Según resolución municipal, la vendedora inscribió el predio en agosto de 2012, pero la declaración jurada utilizada está fechada en junio del mismo año. En cualquier país, eso bastaría para anular la compraventa; en este caso, se sostuvo pese a nuestras quejas y denuncias ante las más altas instancias del Estado.
Años después, una sentencia firme – que confirmó la falsedad del título de origen- y una prueba sobreviniente al proceso civil, contenida en una sentencia de vista, nos dió la razón: confirmó de manera categórica que aquella declaración jurada – esa fotocopia simple utilizada para cumplir con el pago del impuesto de alcabala – corresponde a un bien distinto al terreno en litigio.
Lo denunciamos desde el primer día, pero la justicia tardó más de una década en escucharnos. Pero esa no es la única prueba.
El expediente contiene fotografías, pericias grafotécnicas, inspecciones policiales y judiciales, oficios municipales y de la Contraloría, además de una sentencia firme, que corroboran la falsedad de los documentos utilizados.
La fotocopia simple fue solo el punto de partida que permitió desenredar una trama de falsedades sostenida por más de una década.
Cada fiscal o juez que validó ese documento es parte del engranaje que mantiene viva la corrupción judicial y la impunidad, castigando sin piedad a los denunciantes.
2. Negación sistemática del derecho a la prueba. La impunidad en El Pocito no es una consecuencia: es un método.
Se traduce en omitir, ignorar, invisibilizar o distorsionar los medios probatorios, especialmente los que comprometían a los denunciados.
Este comportamiento corrobora lo que me dijeron la primera vez que pisé una fiscalía: “Su caso está digitado.”
Esa negación constante termina por vaciar de sentido la justicia.
El Pocito no solo cuenta la historia de un terreno, sino la de una fotocopia simple fraudulenta que sobrevivió al escrutinio del máximo órgano de control del Ministerio Público.
Quienes deberían garantizar la legalidad se convierten en los guardianes de la impunidad. Las resoluciones dejan de ser actos de motivación racional y se transforman en mecanismos de encubrimiento.
Lo que exigimos
Después de trece años exigimos una respuesta judicial que respete las pruebas y las sentencias existentes a nuestro favor; que los jueces miren los hechos y honren su deber de impartir justicia con independencia y transparencia.
Hoy el proceso civil se encuentra en apelación ante la Sala Civil de Cañete.
No pedimos privilegios. Reclamamos la motivación en todas las resoluciones y disposiciones porque no es un acto de benevolencia, es una obligación constitucional (art. 139 inc. 5).
Exigimos también la valoración conjunta de la prueba (art. 197 del Código Procesal Civil) porque no es una formalidad, es la frontera que separa el derecho de la arbitrariedad.
El Pocito no es solo el nombre de un terreno: es el símbolo de una resistencia ciudadana que no se rinde. Mantenemos la fe y la esperanza de que el sistema de justicia aún pueda redimirse, mirando de frente la verdad, valorando todas las pruebas y actuando con valentía.
DPLF - Due Process of Law Foundation / Fundación para el Debido Proceso
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Tribunal Constitucional del Perú
Poder Judicial del Perú
Corte Superior de Justicia de Cañete
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú
