27/08/2025
JUSTICIA TARDÍA
🇵🇪 | La tarde de ayer, once años después de la masacre en Alto Tamaya-Saweto, la justicia peruana confirmó la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Segundo Atachi Félix, Josimar Atachi Félix, José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, madereros vinculados a la tala ilegal en la frontera con Brasil y responsables del as*****to de los líderes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, ocurrido el 1 de septiembre de 2014.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, integrada por los jueces Barreda Rojas, Santa Cruz Urbina y Basagoitia Cárdenas, ordenó además la ubicación y captura inmediata de los sentenciados. La lectura se extendió más de ocho horas, entre las 2:30 p. m. y las 10:45 p. m., en acto público transmitido por medios nacionales e internacionales.
El fallo también duplicó la reparación civil de S/200 000 a S/400 000, distribuidos en S/100 000 para cada familia. Un reconocimiento tardío para las viudas y deudos que enfrentaron al Estado en busca de justicia.
Entre ellas estuvo Adelina Vargas, esposa de Francisco Pinedo, quien falleció en 2022 sin escuchar la sentencia. Hoy su hija, Lina Ruiz, de origen ashéninka e hijastra de Pinedo, encarna esa memoria familiar en la sala judicial. La dignidad de las familias contrasta con la impunidad de los autores intelectuales, que siguen libres, beneficiándose de un negocio forestal que se camufla entre papeles y aserraderos.
El abogado Raúl Lunasco, parte de la defensa desde 2014, lo recuerda sin eufemismos: “La selva guardó sus cuerpos en silencio, y fue ella misma la que devolvió los huesos y las ropas para que el país entero viera lo que se había intentado esconder”.
La justicia llegó, sí, pero tarde. Once años para sentenciar a cuatro peones de la tala ilegal, mientras los peces gordos se mantienen invisibles. Saweto es, al final, el espejo más brutal del Perú: un país que condena a sus guardianes y que solo se acuerda de ellos cuando el hedor de la impunidad ya es insoportable. Y no se trata de una metáfora: los mismos clanes que operaban en 2014 siguen controlando rutas de madera, corrompiendo a funcionarios y financiando campañas.
Fuente | La Voz Ucayalina
