24/09/2025
🇵🇾| Corte Suprema endurece requisitos para vender motocicletas
Ni la mitad de los motocas terminan el proceso de documentación. Desde el 1 de noviembre deberán pagar primero por su titulación.
¡Atención, motocas! Si estás pensando comprarte una moto preparate porque hay nuevas disposiciones.
Desde el 1 de noviembre rige una nueva reglamentación que busca regularizar los documentos que debe tener el conductor.
La Corte Suprema modificó el Artículo 5° 6536/2016 (nueve años después) y se autoriza el procedimiento de liquidación previa para el pago e impresión del formulario previsto en el Artículo 1° de la Ley 5531/2015 a través de la red bancaria que permita entregar motos y vehículos similares (motocarro, cuaciclón, triciclón, etc.) con chapa para la circulación y cedulación por parte de la dirección del registro de automotores.
Actualmente, solo con adjuntar el Formulario F-22, ya se entregaba la moto con la chapa. Este formulario permitía circular en el país por 90 días, tiempo en el que el propietario debía completar la inscripción, obtener la cédula del vehículo y realizar el grabado correspondiente.
¿Cómo será?
Desde noviembre, el vendedor no podrá “cerrar el trato” sin que antes el comprador pague todas las tasas especial como los servicios de grabado y elaboración de cédulas de motos deberán ser abonadas por el comprador, previamente a la entrega del biciclo.
El vendedor depositará en la cuentas, habilitadas por la Corte Suprema de Justicia, el importe de dichos conceptos dentro de los tres días hábiles de emitido el formulario de liquidación. Una vez realizados todos los pagos exigidos recién podrá hacer la entrega formal de la motocicleta junto con la documentación completa y el formulario único oficial, elaborado por la Dirección del Registro de Automotores (RUA).
Para el rubro de las motos, esta disposición podría freno total a la industria, justo en época de temporada alta, que es noviembre y diciembre.
Como un balde de agua fría
orge Samaniego, presidente de la industria Reimpex y titular de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicleta y Automotores (CIPAMA), expresó a EXTRA que esta decisión los tomó de sorpresa. Se enteraron el jueves por correo.
“Queremos entender si la idea es restringir la compra de moto por parte del Estado paraguayo o solo de recaudar para la Corte. Ambas formas impactaría en la industria”, indicó.
Indicó que el negocio de las motos es específicamente el crédito, es decir, dar a cuotas.
“Una matriculación adelantada, porque ahora solo se paga la mitad cuando se retira la moto, estaría rondando los G. 700.000, un cuarto del sueldo mínimo del paraguayo. No le podés sacar tanta plata a un trabajador. Es el valor de dos cuotas de tu moto. Incidirá también en el análisis de crédito al que está sujeto el comprador”, explicó. Agregó que esta semana, el Ministerio Industria (MIC) pondrá a disposición abogados quienes analizarán la resolución y de ser factible atacar de inconstitucional.
“Esto fue muy violento, aunque no quisiera usar esa palabra, muy abrupto. Yo también tengo tasas de morosidad. No entendemos el sentido”, reiteró.
Agregó: “Nos tienen que avisar qué quieren lograr, si restringir la venta o qué, así cerramos nuestras puertas”, lamentó.
No terminan trámites
En el documento emitido indica que “Estadísticas del Departamento de Ingresos Judiciales entre los años 2016 y 2025 se han emitido 1.290.698 formularios F22 (por moto, la famosa chapa provisoria de 90 días)”.
Sin embargo, solo en 527.396 casos, el 41%, se completó el proceso de matriculación y cedulación, mientras que en 763.302 casos, el 59%, no se abonaron tasas judiciales y especiales, ni concluyeron los trámites de inscripción.
Por este motivo, muchas motos circulan sin cédula verde, lo que genera dificultades para identificar al titular.
Pérdida económica
Según argumenta la Corte, el alto índice de formularios, emitidos sin culminación del trámite , “ha generado una pérdida económica” en concepto de tasas judiciales y especiales y del canon correspondiente por servicios de grabado y cedulación vinculados a los servicios registrales y de identificación vehicular. Esta situación afecta no solo a la eficacia del sistema, sino también a la sostenibilidad financiera de los servicios que presta la Dirección del Registro de Automotores.
