Chicago News Latino (2025)

15/02/2025

🔴 | La decisión del Gobierno de Donald Trump de revocar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) deja a más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos en riesgo de deportación. Para esos migrantes, que esperaban contar con esas protecciones hasta al menos el otoño boreal de 2026, las opciones son pocas.

El TPS para venezolanos fue instaurado en el Gobierno de Biden en 2021 y extendido en 2023. La decisión de la administración actual de Trump implica que los venezolanos que solicitaron TPS bajo la designación de 2021 podrán mantener sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación hasta septiembre, mientras quienes los solicitaron bajo la designación de 2023 seguirán teniendo protección hasta el 2 abril.

“Se recomienda que los afectados por esta acción consulten con un abogado de inmigración para analizar el efecto que esto tendrá en cada caso particular”, dijo Elizabeth Uribe, abogada experta en inmigración.

Las opciones para evitar la deportación
Los venezolanos que pudieran resultar afectados por un posible fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo “si tienen miedo de regresar a su país”, explica la abogada Uribe, de Uribe & Uribe APLC. El asilo es una protección que ofrece Estados Unidos a personas que son perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social o político. Existen dos tipos de asilo: el afirmativo, para quienes no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión, y el defensivo, un proceso durante el cual la persona debe comparecer ante un juez de inmigración.

Por otra parte, si la situación del inmigrante ha cambiado desde que fue cobijado por el TPS, y esa persona se casó con alguien que tiene residencia o ciudadanía, podría solicitar una residencia, dice la abogada Uribe. Ahora bien, según la legislación federal, si una persona indocumentada en EE.UU. se casa con un ciudadano estadounidense, debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría hacer que deba abandonar el país.

Si bien no se trata de una opción para todos los inmigrantes, un tercer escenario posible para los venezolanos en riesgo de deportación es, si han sido víctimas de algún crimen, la tramitación de una visa U, dice Uribe. La visa U es un estatus no inmigrante reservado para proteger a víctimas de actos criminales en el país. El número de personas que obtienen la visa U al año no puede exceder las 10.000.

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15/02/2025

🔴 | El plan de deportaciones masivas que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno de Donald Trump se enfocaría primero en los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, aunque también se ha planteado la posibilidad de extenderlas a toda la inmigración ilegal en el país, cuya población total se estima en decenas de millones de personas.

En este sentido, ¿qué pasa con los inmigrantes que residen de forma legal y permanente en Estados Unidos, es decir, aquellos que poseen una green card?

Esa población también suma millones de personas. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, de 2014 a 2023 el Gobierno de Estados Unidos otorgó más de 10 millones de tarjetas de residencia legal permanente, de las cuales más de 1,1 millones se entregaron tan solo en 2023.

Entonces, ¿esas personas podrían estar en riesgo de deportación? La respuesta corta es sí, pero solo bajo ciertas condiciones.

¿Pueden ser deportados quienes poseen una “green card”?
Según información del Gobierno de Estados Unidos, los extranjeros con una tarjeta verde tienen varios derechos:

Pueden vivir permanentemente en EE.UU.

Trabajar en el país.

Están protegidos por las leyes de Estados Unidos, del estado donde residan y de las jurisdicciones locales.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) llegan a una vivienda para detener a un inmigrante el 14 de octubre de 2015, en Los Ángeles, California. Los agentes de ICE dijeron que el inmigrante, un residente legal con una tarjeta verde, era un criminal convicto y miembro de una pandilla en el área de Canoga Park.

Si bien los extranjeros con una green card pueden vivir y trabajar de manera permanente en EE.UU., también pueden ser deportados, dice el Gobierno estadounidense.

Una persona puede mantener los derechos que le otorga su tarjeta verde “siempre y cuando no cometa ninguna acción por la que pueda ser deportado o removido según lo establece ley de inmigración”, explica en su sitio web el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC, dijo a CNN que la green card representa un privilegio en Estados Unidos y, por tanto, se debe tener cuidado con las acciones que se lleven a cabo para no perder la residencia legal permanente.

“Una persona que es residente no debería ser deportada, a menos de que tenga un caso en un tribunal de inmigración y el juez determine que ya no tiene el privilegio de ser residente y emita una orden de deportación […]. Hay ciertas cosas que un residente puede hacer para poner en riesgo ese estatus”, comentó Uribe.

En específico, la sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos detalla los motivos que pueden llevar a la deportación de un extranjero, sin importar si tiene green card o no.

Entre las causas, se encuentran las siguientes:

Personas que hayan alentado, inducido, asistido, instigado o ayudado a alguien más a entrar a Estados Unidos de manera ilegal.
Por fraude matrimonial.
Por delitos con agravantes o tentativa de cometer un delito con agravantes. Algunos de ellos son el soborno a un testigo, pornografía infantil, tráfico de dr**as, tráfico y uso de armas de fuego, fraude y falsear documentos, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por su siglas en inglés).
Por múltiples condenas penales.
Por escapar de un punto de control de inmigración.
Por crímenes de violencia doméstica, acoso y violación de una orden de protección.
Por delitos contra niños.
Por trata de personas.
Por actividades terroristas.
Por sabotaje, conspiración o traición y sedición.

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14/02/2025

Una tercera acción legislativa (SM 6C) es una resolución que profesa esencialmente la disposición de Florida a alinear sus esfuerzos con las iniciativas de aplicación de inmigración del presidente Trump.

El proyecto de ley pide al Secretario de Seguridad Nacional que proporcione recursos para “maximizar el impacto de las agencias estatales y locales de aplicación de la ley en ayudar al gobierno federal a combatir los efectos de la inundación sin precedentes de inmigración ilegal a los Estados Unidos”.

“Todo esto ha sido impulsado por el deseo de la mayoría de complacer a Donald Trump. No tienen en cuenta la constitución estatal, ni la constitución federal”, dijo la líder de la minoría en la cámara estatal, la demócrata Fentrice Driskell, a los reporteros tras la aprobación de las leyes.

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11/02/2025

🔴 | La Casa Blanca de Trump está exigiendo a los trabajadores del Gobierno que busquen palabras como “inmigrante” y “diversidad” en contratos federales por valor de miles de millones de dólares con empresas estadounidenses para impulsar la fabricación nacional de semiconductores, lo que suscita la preocupación entre el personal de que los contratos puedan ser modificados o anulados.

El viernes por la noche, los trabajadores de la oficina del Departamento de Comercio encargada de supervisar la expansión de las fábricas de chips semiconductores en EE.UU. y la capacitación de la fuerza laboral para fabricarlos recibieron una lista con decenas de palabras para buscar, según una fuente familiarizada con el proceso. El plazo, que vencía este martes, les daba solo unos pocos días para cumplir.

La Ley CHIPS, una prioridad de la administración Biden, fue aprobada por el Congreso con mayorías bipartidistas. Pero la nueva administración está escudriñando los contratos CHIPS en busca de esas palabras de moda, ya que busca hacer cumplir una serie de decretos que el presidente Donald Trump firmó en sus primeros días en el cargo.

Una muestra: inmigrante, indocumentado, ayuda exterior, Green New Deal, cambio climático, diversidad, equidad, racismo, discriminación, transexual, LGBT, ab**to, embarazada, control de natalidad y feto. Hay casi 150 términos en total.

Es mucho lo que está en juego: el gobierno asignÓ más de US$ 5.000 millones al Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores para asegurarse de que Estados Unidos no dependa de China ni de ningún otro país en lo que respecta a los chips semiconductores críticos que alimentan todo, desde la inteligencia artificial hasta los coches que conducimos. De ellos, US$ 250 millones se destinarán a la creación de un centro de formación de mano de obra con sede en Silicon Valley.

Los republicanos del Congreso y otros críticos conservadores se quejaron desde que se aprobó la Ley CHIPS que la administración Biden estaba obligando a las empresas estadounidenses a cumplir demasiados requisitos relacionados con la diversidad y otras prioridades progresistas para poder optar a los contratos. La administración Trump podría simplemente estar tratando de modificar los contratos para eliminar esos requisitos.

La posibilidad de que la administración vaya más allá y cancele contratos plantea la perspectiva de que la administración Trump castigue a las empresas por hacer lo que la administración Biden les exigía. Podría significar que no se pudieran construir instalaciones o que el Gobierno no pudiera contratar a universidades para realizar la investigación de vanguardia necesaria. Podría hacer retroceder años el esfuerzo estadounidense.

“La gente no es plenamente consciente del riesgo de que esta administración anule estos contratos y empiece de cero”, declaró a CNN una fuente familiarizada con el programa. “Tiene implicaciones para la seguridad nacional, implicaciones para la cadena de suministro”.

La Casa Blanca remitió las preguntas de CNN al Departamento de Comercio, que no respondió a una petición de comentarios.

Una de las cuestiones más delicadas es la relación estadounidense con la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, que actualmente opera la única planta de semiconductores en funcionamiento en Estados Unidos. Solo han podido ponerla en marcha trayendo trabajadores cualificados de Taiwán.

“Si [la administración Trump] anula un contrato que les permite traer trabajadores, eso va a ser un gran problema para cualquier empresa que no tenga su sede en Estados Unidos, y específicamente para TSMC”, dijo la fuente.

Otra preocupación para el esfuerzo de construir más chips es el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. El personal del DOGE estuvo yendo casi puerta por puerta en el Gobierno federal recortando programas y exigiendo acceso a procesos y sistemas. Según fuentes de CNN, todavía no llamaron a la puerta de la oficina de CHIPS en el Departamento de Comercio, sino que se centraron en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras áreas.

Pero uno de los mayores retos a la hora de construir chips era convencer a las empresas privadas de que revelaran información sensible sobre sus negocios al Gobierno federal, con la promesa de que se mantendría bajo llave. Compañías como TSMC, Intel, Micron y otras empresas de envasado avanzado entregaron proyecciones financieras, planes de crecimiento, modelos internos e información sobre lo avanzado de su investigación y desarrollo; es decir, los secretos comerciales que les permiten seguir siendo competitivas.

Las empresas no estaban contentas con tener que entregar todo eso durante el proceso, pero recibieron garantías de que se mantendría a salvo de competidores y del público. El hecho de que el propio Musk sea un contratista federal y propietario de múltiples empresas tecnológicas añade una capa de preocupación potencial para las empresas que entregaron información al Gobierno.

“Nadie previó que Elon Musk pudiera entrar y volar la cerradura de la caja fuerte”, dijo la fuente familiarizada con el programa.

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11/02/2025

🔴 | El presidente Donald Trump instó este lunes a Israel a cancelar su acuerdo de alto el fuego con Hamas y “dejar que se desate el infierno” si Hamas no devuelve a los rehenes que siguen retenidos en Gaza para el mediodía de este sábado.

A primera hora de este lunes, Hamas amenazó con posponer la próxima liberación de rehenes prevista para este sábado “hasta nuevo aviso”, acusando a Israel de romper el acuerdo de alto el fuego.

“En lo que a mí respecta, si no se devuelven todos los rehenes el sábado a las 12:00 p.m. –creo que es el momento adecuado–, diría que se cancele y se cierren todas las apuestas y que se desate el infierno”, dijo el presidente Trump a los periodistas en el Despacho Oval tras firmar las acciones ejecutivas.

“Yo diría que deben ser devueltos antes de las 12:00 p.m. en punto de este sábado, y si no son devueltos; todos ellos, no a cuentagotas, no dos y uno y tres y cuatro y dos. El sábado a las 12:00 p.m. en punto, y después de eso, yo diría que se desatará un infierno”.

Presionado sobre lo que “todo el infierno” podría implicar en Gaza, Trump dijo: “Lo averiguarás, y ellos lo averiguarán; Hamas averiguará lo que quiero decir”.

“Hablo por mí mismo. Israel puede anularlo, pero en mi opinión, el sábado a las 12:00 p.m. en punto, y si no están; no están aquí, se desatará el infierno”, añadió.

Trump expresó su escepticismo de que muchos rehenes queden vivos para ser liberados, diciendo a los periodistas: “Creo que muchos de los rehenes están muertos”.

El enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, participó en la negociación del alto el fuego entre Israel y Hamas, que se consiguió en los últimos días de la administración del presidente Joe Biden. Pero desde que asumió el cargo, Trump ha sugerido que no estaba seguro de que el alto el fuego se mantuviera. Su plan de desplazar permanentemente a los palestinos de Gaza y de que Estados Unidos sea “dueño” del enclave ha inyectado aún más incertidumbre en el proceso.

En una entrevista concedida este fin de semana, afirmó explícitamente que los palestinos no tendrían derecho a regresar a Gaza en virtud de su plan para que Estados Unidos se adueñe del enclave y lo reconstruya.

“No, no lo tendrían”, dijo Trump en una entrevista en Fox News cuando se le preguntó si los palestinos tendrían derecho a regresar. “Porque tendrán viviendas mucho mejores. Mucho mejores; en otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos”.

La afirmación de Trump de que los palestinos no tendrían derecho a regresar a Gaza seguramente ahondará la oposición internacional a la propuesta, que generó protestas cuando la anunció por primera vez la semana pasada en una conferencia de prensa junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

También este lunes –un día antes de reunirse con el rey Abdullah de Jordania en la Casa Blanca– Trump sugirió que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si no aceptan nuevos refugiados palestinos.

“Sí, tal vez, claro ¿por qué no?”, respondió Trump en el Despacho Oval cuando se le preguntó si retendría la ayuda estadounidense. “Si no lo hacen, posiblemente retendría la ayuda, sí”.

Abdullah, junto con sus homólogos de Egipto y otras naciones árabes, rechazó de plano el plan de Trump.

Trump ya había estado hablando de hacer un “trato” con Jordania y Egipto para acoger a más palestinos, invocando el dinero que Estados Unidos envía a las dos naciones.

“Estoy hablando de empezar a construir y creo que podría hacer un trato con Jordania. Creo que podría llegar a un acuerdo con Egipto. Les damos miles y miles de millones de dólares al año”, dijo Trump a Fox en la entrevista, que se grabó el sábado y se emitió elste lunes.

Después de que presentara por primera vez su idea para Gaza la semana pasada, algunos asesores de Trump trataron de suavizar o aclarar algunos aspectos del plan. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump proponía solo una reubicación temporal de los palestinos mientras se reconstruía Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que se encontraba de viaje en América Latina cuando Trump reveló su idea, sugirió que los reasentamientos desde Gaza serían solo provisionales.

“Lo que él ha ofrecido generosamente es la capacidad de Estados Unidos de ir y ayudar a retirar escombros, municiones, a reconstruir hogares y negocios y cosas de esta naturaleza, para que luego la gente pueda volver”, dijo Rubio la semana pasada.

Sin embargo, el propio Trump, en comentarios posteriores, hizo cualquier cosa menos retractarse. Dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo que veía la región devastada por la guerra como un “gran sitio inmobiliario”.

“Creo que es un gran error permitir que la gente –los palestinos, o la gente que vive en Gaza– vuelva una vez más, y no queremos que Hamas vuelva. Y piensa en ello como un gran solar inmobiliario, y Estados Unidos va a ser su propietario y lo desarrollaremos lentamente; muy lentamente, no tenemos prisa. Vamos a llevar pronto la estabilidad a Medio Oriente”, dijo Trump a los periodistas mientras viajaba a la Super Bowl.

Añadió durante su entrevista en Fox -–grabada el sábado pero emitida este lunes por la mañana– que pasarán años antes de que alguien pueda plantearse vivir en Gaza, dada la destrucción de la guerra.

Trump dijo a Fox que su plan era “poseer” Gaza.

“Construiremos comunidades seguras un poco lejos de donde están, donde está todo este peligro y, mientras tanto, yo sería el propietario. Piensa en ello como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Sería un terreno precioso”, dijo.

Cuando Trump desveló su plan la semana pasada, tomó por sorpresa a varios altos cargos de la administración. Aunque el presidente llevaba varios días hablando de una iniciativa para tomar el control de Gaza y reconstruirla, no había manifestado su intención de hacer públicos los planes.

Posteriormente, algunos de sus ayudantes sugirieron que el presidente esperaba estimular la acción de los países de la región, que en su opinión no habían ofrecido sus propias ideas sobre qué hacer con Gaza.

“Vengan a la mesa con un plan propio si no les gusta su plan”, dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, durante una aparición en el programa “Meet the Press” de NBC, sugiriendo que la Casa Blanca recibió “todo tipo de propuestas” desde los comentarios de Trump a principios de esta semana.

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11/02/2025

🔴 | Cuidado con los compradores estadounidenses: el deseo del presidente Donald Trump de vengarse de los países igualando los aranceles que aplican a los productos estadounidenses podría tener un alto costo.

En opinión de Trump, es injusto que otros países cobren a las importaciones estadounidenses aranceles más altos que los que Estados Unidos, a su vez, cobra a esos países por sus propias exportaciones a Estados Unidos.

“Muy sencillo, si ellos nos cobran a nosotros, nosotros les cobramos a ellos”, dijo Trump este domingo.

Trump se dispone a poner en práctica sus palabras este martes, promulgando aranceles recíprocos que podrían afectar a casi “todos los países”, dijo. Eso se sumaría a un arancel general del 10% que entró en vigor la semana pasada, además de otros aranceles sobre productos chinos y aranceles más estrictos del 25% sobre el acero y el aluminio que Trump anunció este lunes.

La tasa arancelaria media ponderada de EE.UU., que tiene especialmente en cuenta a los países de los que EE.UU. importa más, era del 1,5% en 2022, según datos del Banco Mundial. Si EE.UU. igualara las tasas arancelarias de otras naciones sobre los bienes estadounidenses, esa tasa aumentaría a casi el 5%, estiman los economistas de Deutsche Bank, basándose en un análisis de los datos del Banco Mundial para los 10 principales países que envían mercancías a EE.UU. Esos 10 países a partir de 2022 incluyen China, México, Canadá, Japón, Alemania y Vietnam, que representan el 70% del valor de los bienes que importa EE.UU..

Pero en algunos casos, la disparidad con los aranceles estadounidenses era mucho mayor. Por ejemplo, en 2022, el tipo arancelario medio de EE.UU. sobre las importaciones procedentes de la India era del 3%, mientras que el tipo arancelario medio de la India sobre las importaciones procedentes de EE.UU. era del 9,5%.

Desquitarse tiene un precio
A menudo, EE.UU. importa productos que son más baratos de fabricar en el extranjero, o incluso imposibles de fabricar en este país.

Y a veces solo un país produce un determinado producto.

Por ejemplo, el exsecretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross, dijo recientemente a CNN que durante el primer mandato de Trump Australia era el único país que producía “acero verde”, que es acero que se fabrica sin utilizar combustibles fósiles. Como Australia era el único país que lo producía y “las empresas estadounidenses no quieren fabricarlo” debido a limitaciones tecnológicas, según Ross, no tenía sentido arancelarlo, dijo a CNN. Por eso, la primera Administración Trump concedió a Australia una exención de los aranceles al acero, explicó.

En otras palabras, sin esa exención, los compradores estadounidenses de acero verde se habrían quedado atascados pagando un 25% más por él, a pesar de que no hay otro lugar donde conseguirlo. Los nuevos aranceles al acero y al aluminio que Trump promulgó este lunes, sin embargo, no conceden ninguna exención.

Sin exenciones similares, los estadounidenses se verán obligados a pagar facturas más elevadas por los productos arancelados.

Según Justin Weidner, economista de Deutsche Bank, por ahora es imposible predecir con exactitud el importe de la factura y quién se llevará la peor parte.

Si los estadounidenses no pueden cambiar a alternativas más baratas, probablemente acabarán pagando el costo de los aranceles, dijo. También depende de si las distintas empresas a lo largo de la cadena de suministro pueden absorber por sí mismas alguno de esos costos.

Las empresas estadounidenses no siempre dicen de dónde proceden todas sus materias primas o piezas, por lo que es difícil decir qué podría encarecerse con los aranceles recíprocos, dijo Patrick Penfield, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse.

Podría pensarse que unos aranceles más altos empujarían a las empresas a buscar proveedores más baratos, pero no es tan sencillo.

“No se puede cerrar y abrir un proveedor sin más”, afirma Penfield. Por ejemplo, podría haber contratos en juego o las cadenas de suministro podrían depender de ubicaciones o proveedores específicos.

Dónde los aranceles recíprocos podrían afectar más al bolsillo de los estadounidenses
Como es lógico, cuanto más estrecho sea el margen de beneficios, más probable será que una empresa traslade los costos adicionales a los consumidores.

Por ejemplo, pocos guantes de uso médico que se venden en EE.UU. se fabrican en el país porque su producción es muy barata en muchos países del sudeste asiático, explica Greg Husisian, socio del bufete de abogados Foley & Lardner especializado en cuestiones de comercio internacional.

Tampoco es probable que se fabriquen en EE.UU. resistencias y condensadores, diminutos componentes de electrodomésticos como microondas y lavadoras.

Pero lo que es casi seguro que se encarecerá con los aranceles dólar por dólar son los coches europeos, que actualmente se enfrentan a un arancel del 2,5% en Estados Unidos. En cambio, los coches estadounidenses exportados a países de la Unión Europea se enfrentan a un arancel del 10%, añadió Husisian.

Trump podría retrasar los aranceles si otros países aceptan negociar en torno a los objetivos de Trump, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Sin embargo, los aranceles recíprocos no parecen una “fanfarronada de negociación”, añadió Husisian.

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10/02/2025

🔴 | El controvertido Consejo de Ministros televisado que convocó Gustavo Petro el pasado martes sigue sumando coletazos. A través de X—donde suele dar a conocer muchas de sus decisiones— , el presidente colombiano ha anunciado que solicitó la renuncia protocolaria a todo su gabinete, incluyendo a los directores de los departamentos administrativos. “Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo. El gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa”, ha asegurado al caer la tarde de este domingo.

Si bien un presidente puede retirar a cualquier ministro a su libre voluntad, sin que le sea exigible un preaviso o una explicación, en el pasado los mandatarios han solicitado las renuncias protocolarias y masivas con el fin de dar un nuevo aire a su Gobierno, ejecutando una serie de cambios simultáneos. Así lo hizo, por ejemplo, Juan Manuel Santos frente a la crisis producida por un gran paro agrario en 2013 y el propio Petro lo hizo en abril de 2023, cuando decidió poner fin a una coalición que incluía a tres partidos tradicionales.

Este domingo, además del Consejo de Ministros del martes, el anuncio vino precedido de una renuncia unilateral, no pedida por el mandatario. En la mañana, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, había confirmado en una entrevista con Los Danieles que ya había presentado su dimisión. “Tenemos que ver desde cuándo se hará efectiva”, aclaró. Una hora después del anuncio presidencial, reveló su dimisión irreversible, no meramente protocolaria, la encargada de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Las salidas renuncias se suman a las de dos afiles del petrismo que optaron por dejar su cargo tras la reunión televisada, en la que Petro señaló a su gabinete por la falta de cumplimiento de sus promesas de campaña y en la que defendió su decisión de llevar a Armando Benedetti, un político tradicional que es su aliado desde la campaña de 2022, al neurálgico cargo de jefe de Despacho presidencial. Se han retirado sido Jorge Rojas, quien duró menos de una semana como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes durante 18 meses.

El presidente ha pedido la renuncia protocolaria general horas antes de salir del país. En medio de la crisis y con un gabinete que queda en la interinidad, participará en el World Government Summit de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 11 y miércoles 12 de febrero. Al viaje lo acompañan tres ministros, de Exteriores, Minas y Ciencia, y los encargados de las carteras de Culturas y Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Quedan en Colombia las cabezas de los 14 ministerios restantes, con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como presidente encargado. Todos ellos, tras la solicitud de las renuncias protocolarias, están en la interinidad.

La crisis de gabinete no es del todo sorprendente. El miércoles en la mañana, cuando el país procesaba lo que había sucedido durante el Consejo, el veterano político y ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dejó la propuesta de las dimisiones sobre la mesa: “Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace dos semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco”, escribió en ese momento.

Las cartas han salido, en cierta medida, a su favor. “Acierta el presidente al buscar una salida institucional a la crisis. Cómo lo plantee el miércoles, es necesario que quede en libertad para la recomposición del gobierno”, escribió este domingo, segundos después de que Petro hiciera pública su exigencia.

Laura Sarabia, funcionaria de toda la confianza del mandatario y quien suma menos de un mes como ministra de Exteriores, fue la primera en hacer pública su renuncia protocolaria. ”He expresado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas. Con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, me permito presentar mi renuncia protocolaria al presidente Petro”, escribió a través de X en la noche del domingo. La acompañó, minutos después, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

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08/02/2025

🔴 | Un juez federal, citando un riesgo de “daño irreparable”, restringió temporalmente el acceso del equipo de eficiencia gubernamental de Elon Musk a un sistema de pagos esencial del Departamento del Tesoro.

La orden del juez, emitida este sábado, detiene temporalmente el acceso a un sistema de pagos sensible que distribuye las declaraciones de impuestos de los estadounidenses, las prestaciones de la Seguridad Social, los pagos por discapacidad y los salarios de los empleados federales.

El juez de distrito Paul Engelmayer ordenó la destrucción de toda información descargada del sistema de pagos por cualquier persona a la que se haya dado acceso desde el 20 de enero, citando “el riesgo que la nueva política presenta de divulgación de información sensible y confidencial y el mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática”.

Se fijó una audiencia sobre el tema para el 14 de febrero.

La orden de Engelmayer se produjo en respuesta a una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 18 fiscales generales estatales contra la administración Trump.

La demanda alega que el equipo liderado por Musk y formado por jóvenes asociados categorizados como “empleados especiales del gobierno” han recibido acceso ilegal al sistema del Tesoro que anteriormente estaba restringido a empleados específicos del gobierno.

La campaña de lo que la administración Trump llama el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas en inglés, tiene como objetivo reducir drásticamente los costos del gobierno, pero ha buscado acceso a sistemas informáticos críticos, incluido el sistema de pagos del Tesoro, a objeción de otros en las agencias

Las acciones del DOGE han encendido un tenso debate político y un procedimiento judicial de emergencia sobre su acceso al sistema y el posible interés de la administración en utilizarlo para desactivar los pagos a su antojo.

“La conducta de los miembros de Doge presenta un riesgo de seguridad único para los Estados y los residentes de los Estados cuyos datos se conservan”, dice la demanda.

El sistema de pagos ofrece servicios a más de 250 agencias federales y es el conducto para una extraordinaria franja de pagos individuales críticos. Es fundamental para las operaciones del gobierno de EE.UU. y para la vida de millones de estadounidenses.

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