09/05/2026
LÍNEA POR LÍNEA, VOTO POR VOTO...
El Gobierno de México decidió que conservar una línea celular dependerá de vincularla con la identidad de su usuario. Quien no cumpla dentro del calendario establecido sufrirá la suspensión de llamadas, mensajes y datos; únicamente conservará acceso a servicios de emergencia y a los canales necesarios para efectuar el registro.
Las líneas terminadas en uno debieron vincularse antes del treinta y uno de agosto. Las suspendidas pueden reactivarse inmediatamente después de completar el procedimiento, según informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El siguiente plazo, para las terminadas en dos, vence el quince de septiembre. De acuerdo con la información de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La justificación oficial es combatir extorsiones, fraudes y otros delitos cometidos mediante teléfonos móviles. El propósito es legítimo. El problema es creer que identificar al comprador de una tarjeta SIM terminará con delincuentes que utilizan identidades robadas, prestanombres, números extranjeros, aplicaciones cifradas y tecnologías que cambian más rápido que la regulación.
Una política de seguridad debe demostrar que sirve, no limitarse a exigir obediencia.
En abril, solamente treinta millones doscientas mil de las ciento sesenta y un millones de líneas existentes habían sido vinculadas: apenas el 18.7 por ciento. Aquello no revelaba únicamente desinformación o flojera ciudadana; también evidenciaba desconfianza en el manejo de los datos personales y dudas sobre la utilidad de la medida. De acuerdo con la revista Expansión.
México ya conoce esta historia. En dos mil veintidós, la Suprema Corte declaró inconstitucional el sistema normativo que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, entonces acompañado de datos biométricos, al considerar que afectaba derechos como la privacidad y la protección de datos. El procedimiento actual es diferente y la autoridad asegura que no almacena información biométrica; pero el precedente obliga a mantener encendidas todas las alarmas democráticas. De acuerdo con antecedentes legales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La pregunta no es solamente quién registra cada línea. También debemos preguntar quién custodia la información, durante cuánto tiempo, qué autoridades pueden consultarla, bajo qué controles, qué responsabilidad habrá por una filtración y qué evidencia permitirá saber si realmente disminuyeron las extorsiones.
Porque suspender una línea no significa retirar un lujo.
El teléfono es hoy herramienta de trabajo, banca, educación, atención médica, comercio, protección civil y comunicación familiar. Para millones de personas representa su única puerta de entrada al mundo digital. Interrumpirla por una obligación administrativa puede perjudicar primero al ciudadano común, mientras el delincuente simplemente cambia de método.
El gobierno tiene derecho a combatir el crimen. El ciudadano tiene derecho a exigir seguridad, privacidad, proporcionalidad y resultados verificables. Una cosa no cancela la otra.
El voto tampoco debe utilizarse como berrinche o venganza. Debe evaluar resultados: conectividad, seguridad, agua, salud, educación, economía y respeto a las libertades.
El pueblo manda, sí, pero solamente cuando se informa, exige cuentas y vota con memoria. De otro modo, otros terminan mandando en su nombre.
Por eso la frase puede parecer jocosa, pero contiene una advertencia política:
Si me quitas mi línea, te retiro mi voto.
Línea por línea, voto por voto.
