08/01/2025
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FILADELFIA – El Fiscal Federal David Metcalf anunció que Fátima DeMaria, de 65 años y residente de la Universidad de Lincoln, Pensilvania, fue arrestada y acusada formalmente de ocho cargos de fraude de asilo y ocho cargos de fraude postal. DeMaria es propietaria y administradora de Immigration Matters Legal Services, actualmente con sede en Oxford, Pensilvania. La acusación alega que la acusada se presentó falsamente ante clientes y posibles clientes como una abogada de inmigración que podía ayudar a extranjeros indocumentados a obtener permisos de trabajo. Sin embargo, DeMaria no era una abogada con licencia ni estaba acreditada ni autorizada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) para representar a personas en procedimientos de inmigración. Según se alega, desde al menos diciembre de 2021 hasta julio de 2024, DeMaria preparó y causó que se prepararan solicitudes de asilo fraudulentas del Formulario I-589 a nombre de sus clientes, sin su conocimiento o consentimiento, haciendo a sabiendas, y ayudando e incitando a hacer declaraciones falsas y materiales erróneas en las solicitudes de asilo I-589.
Por ejemplo, la acusada hizo que se indicara en cada solicitud de asilo que el solicitante "solicitaba asilo o la suspensión de la expulsión" con base en "opinión política" y la "Convención contra la Tortura". Sin embargo, sus clientes no solicitaban asilo con base en ninguna de estas categorías y nunca informaron a DeMaria ni a ningún miembro de Immigration Matters Legal Services sobre los hechos que los hicieran elegibles para asilo bajo cualquiera de estas categorías. Según la acusación, DeMaria colocó, e hizo que se colocaran, las firmas de sus clientes en las solicitudes de asilo del Formulario I-589, certificando bajo pena de perjurio que las solicitudes y las pruebas que las respaldaban eran verdaderas y correctas, nuevamente sin el conocimiento ni el consentimiento de sus clientes.
La acusación formal alega además que la acusada, y quienes actuaban bajo su supervisión, no informaron a sus clientes que el mecanismo mediante el cual ella les ayudaría a obtener permisos de trabajo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) era mediante la presentación de solicitudes de asilo frívolas, el Formulario I-589. La acusada tampoco les advirtió que, si las solicitudes de asilo presentadas en su nombre eran rechazadas o remitidas por el USCIS, se les iniciaría un proceso de deportación, en cuyo caso la presentación de una solicitud de asilo infundada podría poner en peligro su elegibilidad para futuros beneficios migratorios. Según la acusación formal, DeMaria cobraba a sus clientes aproximadamente entre 6.000 y 9.000 dólares por persona y entre 12.000 y 15.000 dólares por pareja, por sus supuestos servicios legales relacionados con sus solicitudes. Como se alega en la acusación formal, también solía pedirles a sus clientes que le pagaran en efectivo o mediante transacciones entre particulares que se depositaban en sus cuentas bancarias personales, de los cuales cientos de miles de dólares se retiraban en casinos.
De ser declarada culpable, la acusada enfrenta una pena máxima de 240 años de prisión y una multa de 4 millones de dólares. El gobierno también solicita la confiscación de las presuntas ganancias ilícitas de la acusada, que se estiman en al menos un millón de dólares. Este asunto sigue en curso, y los investigadores buscan identificar a otras posibles víctimas de Fátima DeMaria. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre las actividades de DeMaria en Immigration Matters Legal Services que se comunique con el FBI a través de uno de estos formularios en línea:
