Vendetta Orense (2025)

05/08/2025

/ Los reyes de la pill3ría en el municipio de Pasaje - se llevan el billet3 en muchos contratos truch0s... en complicidad con el Alcald3 Jovanny Coronel.

Galo Palacios director del departamento de comunicación del GAD de Pasaje habría sacado un proceso a un asistente de la Asambleista Diana Blacio con una adjudicación de 50.000$ sin IVA. Y ahora participa en otro proceso para la empresa de Tránsito Pasaje EP por 20.000$.

Quien es el intermediario y ganador del proceso es Kenny Barberán quien no podría participar ya que es funcionario público.

Todo esto es una red de corrupción que es manejada por Jovanny Coronel, quien es el que daría el visto bueno. Mientras los pasajeños temen por la salida del país de estos funcionarios sin devolver un centavo de lo robado, la incertidumbre sigue en las calles por la falta de obra y las carreteras destruidas.

Pasaje Noticias

26/07/2025

/ Toma florindo p3ndej0 /“En un país donde el mismo director de TC Televisión viajó al futuro y dijo que con Noboa estaríamos mejor, que todo mejoraría, y que hasta ahora TC Televisión insiste en que estamos mejorando, suceden estas cosas. ¿Ahora dirán la verdad, cuando viven lo que muchos ciudadanos vivimos a diario?” Fue uno de los comentarios más compartidos en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), tras conocerse la noticia del violento atentado contra el periodista Marcelo Ruiz, corresponsal de TC Televisión en Manabí y director del medio Últimas Noticias.

La noche del 25 de julio, Ruiz fue baleado en el sector El Guabito, en la ciudad de Portoviejo, en un hecho que ha generado consternación y críticas hacia el discurso oficial de medios alineados con el Gobierno.

Según información preliminar, un vehículo en el que se movilizaban Ruiz y otro ciudadano fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego y luego huyeron. El parte policial detalla que el atentado ocurrió en el sector Florón del distrito Portoviejo, y que las víctimas fueron heridas por impactos de proyectil.

Junto a Marcelo Ruiz, también resultó herido el periodista Víctor Ruiz Molina, quien recibió un disparo en el brazo. Ruiz, en cambio, fue impactado a la altura del hombro. Ambos fueron trasladados a un centro médico, donde actualmente reciben atención. El estado de salud de ambos se reporta como estable, aunque el caso de Marcelo Ruiz fue inicialmente considerado delicado.

La Policía Nacional informó que continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado. “Reafirmamos nuestro compromiso de combatir la violencia y salvaguardar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional”, se lee en el parte oficial.

La Fundación Fundamedios expresó su profunda preocupación por el ataque y exigió respuestas claras a las autoridades: “Nos mantenemos atentos a la salud del periodista y exigimos a las autoridades que investiguen con celeridad y capturen a los responsables”, señalaron en su comunicado.

Este atentado revive el debate sobre la inseguridad que enfrentan los comunicadores en el país, pero también la crítica hacia los medios de comunicación que, según muchos ciudadanos, han restado importancia a la crisis de violencia que afecta al Ecuador.

Mientras TC Televisión mantiene su discurso de que “el país está mejorando”, el ataque a uno de sus propios periodistas ha expuesto una dura realidad: la violencia no distingue afiliaciones, y la verdad, muchas veces, termina golpeando incluso a quienes pretendieron ignorarla.

17/07/2025

Ya déjenlo en paz que apenas tiene 2 añitos en el poder "déjenlo trabajar".....…...

08/07/2025

/ Con la aprobación de la nueva Ley de Integridad Pública, el Gobierno ecuatoriano ha dado un paso que muchos consideran un retroceso en materia de derechos laborales. A través de esta norma, el Ejecutivo se otorga la facultad de modificar —e incluso reducir— el monto de indemnización que deben recibir los empleados públicos despedidos por supresión de puestos.

Antes de esta ley, los trabajadores desvinculados recibían cinco salarios básicos por cada año trabajado (a partir del quinto año), con un tope de 150 sueldos básicos. Pero con la reforma, esa garantía desaparece, ya que ahora el monto será definido por reglamento del Ejecutivo, sin un piso mínimo establecido en la ley.

⚠️ Una supresión de derechos disfrazada de reestructuración
El Gobierno justifica esta medida argumentando la necesidad de reducir el gasto estatal. Sin embargo, para organizaciones laborales y expertos en derecho, esto representa un ataque directo a los trabajadores del sector público, quienes ahora quedan en una situación de vulnerabilidad total ante decisiones discrecionales del poder central.

"La ley abre la puerta para que se pague menos a quienes son despedidos, lo cual es claramente una regresión de derechos", advirtió la abogada laboral María Auxiliadora Fabre. Ella señala que la Constitución prohíbe expresamente cualquier medida que reduzca o elimine beneficios laborales ya adquiridos.

Además, el nuevo esquema permite que el Ejecutivo modifique los valores de forma unilateral, sin debate en la Asamblea ni participación de los trabajadores. “Estamos frente a una maniobra legal que perjudica directamente al servidor público bajo el discurso de eficiencia y ahorro”, agregó Fabre.

📉 Presupuesto ajustado, trabajadores perjudicados
El trasfondo económico de esta medida es evidente. En 2024, el Gobierno no suprimió ningún puesto, y para 2025, apenas destinó USD 279.475 para indemnizaciones. Esta cifra es ridícula si se la compara con los USD 159 millones que se pagaron en 2020, durante la crisis sanitaria por COVID-19.

Según el economista Hanns Soledispa, esta reforma abre la puerta para una futura reducción masiva de personal, sin el costo que antes implicaba. Es decir, el Gobierno se prepara para achicar el Estado sin pagar lo justo a quienes ha decidido dejar sin empleo.

❌ El derecho laboral, en retroceso
Más allá de los números, la crítica principal es jurídica y ética. “No se puede borrar un derecho adquirido con un simple reglamento”, señala Fabre. Y advierte que si el reglamento disminuye las indemnizaciones, el Estado podría ser demandado por inconstitucionalidad, ya que la Carta Magna establece el principio de no regresividad en materia de derechos.

En resumen, esta ley, presentada como un mecanismo para optimizar el gasto público, termina siendo una herramienta para precarizar el trabajo estatal, golpeando a miles de servidores públicos que, durante años, han sostenido el funcionamiento del país desde diferentes frentes.

05/07/2025

/ y tú sin trabajo florindo pendjo Redes familiares en la Asamblea Nacional: una mirada a la transparencia en la contratación pública
Una revisión de información pública revela que varios familiares de actuales legisladores del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) ocupan cargos dentro de la Asamblea Nacional, lo que ha abierto un debate legítimo sobre los criterios de selección de personal en instituciones del Estado.

🔎 Vínculos familiares en la misma institución

Entre los casos identificados está el de Jeremy Serrano Molina, quien ocupa el cargo de servidor legislativo 4 en la Coordinación General Administrativa, con una remuneración mensual de 1.086 dólares.
Jeremy es hermano de la asambleísta Dominique Serrano Molina, la más joven del oficialismo.

Ambos son hijos de Paulina Molina Coro, quien ocupó el cargo de asesora legislativa del asambleísta Eckenner Recalde, también parte del movimiento ADN.
Asimismo, la red familiar se extiende a la asambleísta María del Cisne Molina (tía de Dominique), y a Nathaly Recalde, hija del legislador Eckenner Recalde, quien actúa como asambleísta alterna de Dominique Serrano.

📌 Proceso disciplinario en trámite

La asambleísta Dominique Serrano ha sido parte de un proceso disciplinario abierto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tras registrarse imágenes suyas realizando dibujos durante una comparecencia oficial en comisión. El caso está en análisis y ha generado diversas reacciones en el entorno parlamentario.

⚖️ Un tema en debate: ética, meritocracia y función pública

Aunque no todos los casos de parentesco dentro de instituciones públicas constituyen una falta legal, expertos y organizaciones ciudadanas destacan la necesidad de que las contrataciones respeten los principios de mérito, imparcialidad y transparencia, para garantizar confianza en las instituciones del Estado.

📂 Acceso público a la información

Los datos mencionados provienen de documentos oficiales y fuentes abiertas disponibles en los portales de transparencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.

04/07/2025

/ Yaku Pérez denuncia que Ley de Integridad Pública condona deudas a empresarios morosos, incluido el padre del presidente
Yaku Pérez advirtió que la recientemente aprobada Ley de Integridad Pública incluye una disposición que condona las deudas de empresarios morosos que no hayan pagado hasta el 31 de diciembre de 2024.

Según Pérez, esta medida favorecería directamente a grandes deudores del Estado. “Uno de los beneficiarios sería el padre del actual presidente, quien mantiene una deuda de 95 millones de dólares”, denunció.

La disposición ha generado preocupación en sectores críticos que consideran que esta ley, lejos de promover la integridad, abre la puerta a privilegios fiscales para grupos cercanos al poder.

29/06/2025

/ Chupate esa florindo / En medio de una intensa agenda mediática centrada en la recaptura del líder criminal alias "Fito", la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la controvertida Ley de Integridad Pública, presentada por el Ejecutivo como una iniciativa de carácter económico urgente. La normativa fue aprobada con el respaldo de la bancada oficialista de ADN y otros aliados, mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana y algunos legisladores independientes votaron en contra.

Condonación de deudas tributarias millonarias
Uno de los puntos más polémicos de la ley es la disposición que permite la condonación de intereses, multas y recargos tributarios a contribuyentes que mantengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Aunque el Gobierno sostiene que la medida busca fomentar la regularización de obligaciones fiscales y aliviar la carga para personas naturales y pequeñas empresas, expertos fiscales y sectores políticos han advertido que la principal beneficiada sería la Corporación Noboa, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa.

Según información pública del SRI, la empresa Exportadora Bananera Noboa S.A. mantiene una deuda tributaria que supera los 95 millones de dólares. Con la aplicación de esta nueva ley, se estima que más del 65% de esa deuda podría ser condonada, reduciendo el monto a pagar a aproximadamente 30 millones de dólares, lo que implicaría un ahorro de más de 65 millones para el grupo empresarial.

Reacciones y cuestionamientos
La aprobación de la ley ha generado un fuerte rechazo en sectores sociales, políticos y académicos, quienes consideran que representa un claro conflicto de intereses y una violación a los principios de equidad tributaria y justicia fiscal.

“Es inaceptable que mientras se habla de ajuste y se impone más carga a la clase media y sectores populares, se apruebe una ley que perdona millones a grandes grupos económicos vinculados al poder político”, expresó un legislador de oposición.

Además, organizaciones de la sociedad civil han exigido a la Contraloría General del Estado y a la Corte Constitucional que analicen la legalidad de esta norma, debido a la posible inconstitucionalidad por beneficiar directamente a familiares del presidente.

Gobierno defiende la ley
Desde el Ejecutivo, se ha argumentado que la ley busca incentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y recuperar parte de las deudas acumuladas con el Estado. También se ha enfatizado que no se trata de un perdón total, sino de un mecanismo de regularización.

No obstante, el contexto en el que se aprobó la ley —paralelo a un operativo de seguridad de alto perfil— ha sido interpretado por críticos como una maniobra para desviar la atención pública de sus implicaciones económicas y políticas.

26/06/2025

/ Sale uno entra otro... En un contundente golpe al crimen organizado, las fuerzas del lograron la captura de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros. El operativo se llevó a cabo en el barrio La Tejedora, en la ciudad de Manta, donde las autoridades descubrieron un búnker oculto bajo una lujosa vivienda que servía como escondite al del!ncu3nte.

La operación fue producto de un trabajo de inteligencia coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que permitió ubicar con precisión el refugio subterráneo. “Fito” era considerado uno de los crim!n4les más buscados del país y su captura representa un paso significativo en la lucha por recuperar la seguridad en Ecuador.

El presidente de la República y autoridades del Ministerio del Interior destacaron la importancia del resultado, señalando que es parte de los esfuerzos del gobierno por desmantelar las estructuras delictivas que operan en el país.

19/06/2025

/ Con un 95% de respaldo de la bancada oficialista ADN, la Asamblea Nacional de transición aceptó el veto parcial del presidente Daniel Noboa, aprobando un incremento en la tasa de interés para el refinanciamiento de créditos educativos, que pasará del 5,49% al 7,5%..

Este cambio afecta de forma directa a miles de estudiantes y profesionales endeudados que confiaron en el sistema de financiamiento estatal como vía para acceder a la educación superior. La medida fue adoptada durante la sesión legislativa del 18 de junio, con 80 votos a favor, en el marco del tratamiento a las objeciones presidenciales a la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento.

El texto legal, originalmente diseñado para ofrecer mejores condiciones de pago, becas y facilidades financieras, fue modificado por el Ejecutivo bajo el argumento de "ajustes técnicos", lo que en la práctica encarecerá las deudas estudiantiles.

❗ Consecuencias directas:
Incremento de la tasa de refinanciamiento al 7,5%, elevando el costo total de los créditos.

Restricción de plazos para convenios de pago, limitando la flexibilidad para los deudores.

Impacto directo en jóvenes estudiantes y graduados que buscaban mejores condiciones para cumplir con sus obligaciones financieras.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, se denunció que la decisión "representa un duro golpe para estudiantes y profesionales que apostaron por su educación como vía de superación". Criticaron que el Gobierno haya privilegiado criterios financieros sobre los derechos sociales y el acceso equitativo a la educación.

Con la aceptación del veto, la ley será publicada en el Registro Oficial, oficializando la entrada en vigor de estas nuevas condiciones.

17/06/2025

/ En el sector La Pradera, al sur de Guayaquil, un intento de extorsión ha generado preocupación entre los residentes. Un individuo fue captado por cámaras de seguridad dejando una nota escrita a mano en la puerta de una vivienda, en la que se solicitaba el pago de $2.000 dólares a cambio de no sufrir represalias. El mensaje incluía instrucciones específicas para dejar el dinero en una bolsa negra frente a una obra en construcción, a una hora determinada, y contenía además una advertencia que aludía a una supuesta relación con la Policía, generando inquietud por la implicación de vínculos con autoridades. La frase “trabajamos con la policía, cuidado” ha sido interpretada por vecinos como un intento de intimidación adicional que refuerza el miedo y la desconfianza. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional sobre este hecho. El caso se suma a otros reportes ciudadanos de intimidaciones similares en distintos puntos de la ciudad, donde los cobros ilegales o amenazas han afectado a pequeños negocios, obras y viviendas. Habitantes del sector han pedido mayor presencia de patrullaje y acciones preventivas, en medio de un clima de inseguridad persistente. La falta de información clara sobre investigaciones en curso contribuye al temor de que estos hechos se repitan sin consecuencias para los responsables.

08/06/2025

/ ¿Protestar será delito? La nueva Ley de Solidaridad Nacional levanta temores en sectores sociales e indígenas

La noche del sábado 7 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la controvertida Ley de Solidaridad Nacional, una normativa tramitada con carácter de urgente en materia económica, cuyo objetivo declarado es combatir las economías criminales. Sin embargo, su contenido ha generado preocupación en sectores sociales, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, particularmente en lo que respecta al posible uso de esta ley para reprimir la protesta social.

Con 84 votos a favor, la ley fue aprobada tras un tenso debate que se extendió por más de cuatro horas. El oficialismo necesitaba al menos 77 votos y logró asegurar apoyos —incluidos algunos del movimiento Pachakutik— tras intensas negociaciones.

Durante los debates, varios legisladores advirtieron que las medidas extraordinarias contempladas en la ley, como los allanamientos en el marco del conflicto armado interno, podrían terminar aplicándose contra ciudadanos inocentes o ser utilizadas para controlar o criminalizar la movilización social.

La legisladora Cecilia Baltazar expresó su preocupación al respecto:

“Hay que tratar de ajustar esta normativa para que mañana no tengamos a la Policía o los militares en las casas de los inocentes. Peor aún: jamás en los territorios de los pueblos y nacionalidades”.

En respuesta a estas inquietudes, el informe final para el segundo debate incluyó una disposición general que aclara que la ley no podrá ser usada para criminalizar la protesta social, la defensa del territorio ni las formas de organización comunitaria.

El texto señala expresamente que:

“Ninguna medida prevista en esta ley podrá interpretarse ni aplicarse para criminalizar o reprimir el ejercicio legítimo de la protesta social, la defensa del territorio, la justicia indígena, ni las formas organizativas propias de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias, campesinas y otras organizaciones sociales comunitarias.”

Pese a esta aclaración, desde sectores sociales se mantiene la alerta. La inclusión del conflicto armado interno como marco para operativos policiales y militares deja abierta la posibilidad de que el Estado extienda el uso de la fuerza más allá del combate al crimen organizado, afectando derechos constitucionales.

Analistas advierten que la implementación de esta ley deberá ser observada con rigor para garantizar que no se convierta en un instrumento de represión disfrazado de lucha contra la delincuencia. Por ahora, el país enfrenta una disyuntiva: ¿se fortalecerá la seguridad o se debilitarán las libertades?

07/06/2025

/ Se perdió esa plática..? / Una grave denuncia vuelve a poner bajo la lupa las contrataciones emergentes en el sector eléctrico. La mayoría de los generadores adquiridos a la empresa Austral Technical Management no son compatibles con la red ecuatoriana, ya que operan a una frecuencia de 50 Hz, cuando el estándar eléctrico del país es de 60 Hz. Esto los hace inútiles para su propósito original, a pesar de que Ecuador ya desembolsó USD 59 millones por ellos.

El dato más alarmante: la validación de estos equipos se realizó mediante una videollamada. Representantes de Austral mostraron los generadores a través de la cámara de un teléfono, mientras funcionarios ecuatorianos —a miles de kilómetros— aprobaron la compra sin verificar técnicamente los equipos en sitio ni hacer pruebas reales de operación.

Estos generadores llegaron al país como parte de una contratación de emergencia energética firmada en 2024, igual que otra polémica contratación con la empresa Progen. Ambas operaciones han generado un déficit financiero superior a los USD 600 millones, según cálculos preliminares, entre pagos realizados, equipos inutilizables y pérdidas por falta de generación efectiva.

Expertos advierten que operar con equipos que no coinciden con la frecuencia del sistema eléctrico no es un error menor, sino una falla grave que compromete la seguridad, la eficiencia y la vida útil de la infraestructura eléctrica.

“La diferencia entre 50 Hz y 60 Hz no es simplemente técnica. Un generador incompatible no puede conectarse sin riesgo de fallos, daños o incluso accidentes. No se trata de adaptarlos, sino de que no debieron ser comprados”, explicó un ingeniero del sector eléctrico.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Energía ni el SNAI han respondido por la decisión de validar estos equipos a distancia, y no hay claridad sobre quién autorizó el pago sin una inspección formal. En medio del silencio oficial, la Contraloría y la Fiscalía podrían iniciar investigaciones por posible negligencia o corrupción.

Mientras tanto, los ecuatorianos deberán cargar con la factura de este error: millones de dólares perdidos, energía no generada y un sistema eléctrico en crisis... y sin responsables identificados hasta ahora.

Vendetta Orense