20/08/2025
𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐏𝐎𝐉𝐎
𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈Ó𝐍 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐇𝐄𝐍𝐆𝐔𝐀 𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐒𝐀 𝐃𝐄 𝐒𝐔 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐘 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐍𝐎𝐌Í𝐀
𝗔𝘁𝗮𝗹𝗮𝘆𝗮 – 𝗨𝗰𝗮𝘆𝗮𝗹𝗶. La tensión social en la selva de Ucayali vuelve a poner en evidencia las fragilidades en la protección de los derechos territoriales indígenas.
En la comunidad nativa de Alto Cohengua, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, un grupo de mestizos busca apropiarse de tierras que pertenecen ancestralmente al pueblo ashéninka, generando división interna, conflictos de liderazgo y riesgo de explotación indiscriminada de sus recursos naturales.
𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗟ó𝗽𝗲𝘇 𝗠𝗮𝗿𝘁í𝗻𝗲𝘇, elegido recientemente como jefe comunal, no ha logrado inscribir su directiva en los registros públicos de Pucallpa debido a que paralelamente existe otra junta encabezada por 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗩á𝘀𝗾𝘂𝗲𝘇 𝗤𝘂𝗶𝗻𝗰𝗮 𝘆 𝗠𝗮𝗴𝘂𝘆 𝗚𝘂𝘇𝗺𝗮𝗻 𝗦á𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 (su esposa).
Esta, según denuncia López, nunca fue consultada ni aprobada en asamblea comunal, pero viene tomando decisiones trascendentales como autorizar a una empresa maderera el ingreso y explotación de los bosques de Alto Cohengua, sin rendir cuentas a los comuneros sobre los ingresos económicos generados.
“𝗡𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗮𝘀𝗵é𝗻𝗶𝗻𝗸𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘀𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼. 𝗔 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝘀𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗯𝗶ó 𝗱𝗲 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗳𝗲, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗷𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮 𝘀𝘂 𝗮𝗻𝘁𝗼𝗷𝗼, 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗮𝘁𝗿𝗼𝗽𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮”, expresó con indignación el dirigente.
𝗙𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗶𝗻𝗱í𝗴𝗲𝗻𝗮 𝘆 𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀
López lamentó que organizaciones indígenas representativas, como la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (Urpia) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (Corpia), no estén asumiendo la defensa de Alto Cohengua. “En vez de cautelar por los derechos de sus paisanos, nos dan la espalda”, cuestionó.
La situación se agrava porque la comunidad cuenta con título de propiedad inscrito, lo que en la práctica significa que cualquier intento de desconocer su posesión constituye una violación a derechos reconocidos tanto en la Constitución Política del Perú como en el Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que obliga al Estado a garantizar el respeto de la identidad, organización social y territorios de los pueblos indígenas.
Desde el plano jurídico, el caso también podría configurar delitos de usurpación y aprovechamiento ilícito de recursos naturales, contemplados en el Código Penal peruano, más aún si se demuestra que la explotación forestal se realiza sin el consentimiento de la asamblea comunal y en perjuicio de sus legítimos propietarios.
𝗥𝗲𝗰𝗹𝗮𝗺𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮
Ante estos hechos, la comunidad ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos de Ucayali para que restituya la legalidad y proteja a los verdaderos comuneros frente a lo que consideran un “asalto” a sus tierras.
𝐑𝐞𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢ó𝐧
El caso de Alto Cohengua refleja un patrón que se repite en diversas comunidades amazónicas: la vulnerabilidad de los pueblos originarios frente a terceros que, aprovechando vacíos legales y la débil presencia del Estado, buscan apropiarse de territorios titulados.
La marginación de los propios ashéninkas en su tierra plantea una contradicción dolorosa: mientras la legislación nacional e internacional reconoce su derecho a la autodeterminación y a decidir sobre sus recursos, en la práctica se ven desplazados por intereses externos.
La defensa de Alto Cohengua no es solo un asunto local, sino un tema de derechos humanos y de respeto al marco jurídico que protege a los pueblos indígenas en el Perú.
NDP | Raúl Velasquez
