16/04/2026
ESCÁNDALO EN LAS RUTAS: EL FISCAL MARIJUAN DENUNCIÓ UNA MAFIA DETRÁS DEL NEGOCIO DE LAS FOTOMULTAS
La justicia federal puso la lupa sobre un verdadero escándalo que sacude las rutas de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia formal que expone un entramado de corrupción, coimas y desvío de fondos públicos detrás del lucrativo negocio de las fotomultas, involucrando a empresarios, funcionarios de alto rango y hasta ámbitos académicos.
El esquema bajo investigación
La denuncia apunta a una maniobra sistemática para evitar las licitaciones públicas. El "modus operandi" consistía en utilizar convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) como pantalla. A través de una fundación vinculada a la universidad, se triangulaban fondos para contratar de forma directa a empresas privadas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., propiedad de Leandro Camani.
Los números que maneja la justicia son escalofriantes: se estima que hasta el 70% de lo recaudado por las infracciones terminaba en manos de estos intermediarios. Solo en un municipio, la facturación superó los 3.700 millones de pesos en menos de un año, lo que da una pauta de la magnitud del botín en juego.
Funcionarios en la mira
El fiscal Marijuan no escatimó en nombres y señaló una presunta connivencia que llega a lo más alto del poder provincial y nacional:
Martín Marinucci: El actual titular del Ministerio de Transporte bonaerense (sucesor de Jorge D’Onofrio, también procesado en causas vinculadas) quedó implicado por la gestión de autorizaciones.
Leandro Camani: El empresario proveedor de la tecnología, quien ya arrastra conflictos previos y denuncias cruzadas con figuras como el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Diego Kampel: Secretario de la UNSAM, señalado como el nexo para facilitar los contratos universitarios que evitaban los controles legales.
Agencia Nacional de Seguridad Vial: También se investiga la participación de funcionarios nacionales que habrían facilitado las habilitaciones de los radares a cambio de retornos.
Un sistema bajo sospecha
La investigación judicial, que ahora está en manos de la jueza María Servini, busca confirmar el uso de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar el efectivo destinado a las coimas. Municipios de gran peso como La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate figuran entre los distritos que utilizaron estos convenios sospechosos.
Mientras la seguridad vial debería ser la prioridad, esta causa vuelve a demostrar que, en muchos casos, el control de tránsito se ha transformado en una caja política y empresarial donde el ciudadano es el principal afectado por un sistema diseñado para recaudar de forma irregular.
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