TeleSISA

TeleSISA Comunicación con identidad para que las voces indígenas tengan poder político. TeleSISA nació en un contexto de resistencia y lucha.

Fue gestada durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019, y vio la luz el 8 de marzo de 2020 en Buenos Aires, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Dos eventos clave marcaron nuestro horizonte: la importancia de los medios de comunicación para romper los cercos mediáticos y el compromiso de visibilizar los derechos de las mujeres indígenas en una sociedad estructurada baj

o el racismo y el patriarcado. Este proyecto fue impulsado por Laki Quispe, del Pueblo Quechua, mediactivista desde 2012, dedicada a visibilizar luchas populares, ambientales, feministas y territoriales. Su experiencia en espacios de comunicación le permitió evidenciar el racismo imperante en los medios. En 2019, propuso a mujeres activistas de los Pueblos Quechua y Aymara la creación de un medio de comunicación liderado por mujeres indígenas. Así, junto a Tatiana Quispe, cofundadora del proyecto, dieron forma a TeleSISA. El golpe de Estado en Bolivia aceleró este sueño, poniendo en evidencia no solo la relevancia del rol del comunicador/a, sino también la urgencia de un reconocimiento identitario frente al racismo y la colonización presentes en la política de un gobierno de facto. Bartolina Sisa, nuestra ancestra, fue mencionada en cada marcha como símbolo de resistencia, y en su honor dimos nombre a este espacio. Desde entonces, asumimos la comunicación como una herramienta política y social indispensable. En estos años, hemos avanzado con acciones concretas. Fundamos nuestra propia escuela, donde enseñamos Periodismo Indígena y otros temas clave, y diseñamos una revista para continuar amplificando nuestras voces y fortaleciendo nuestra narrativa. Nuestro eslogan, “Comunicación con identidad”, sintetiza nuestra misión: luchar por la soberanía comunicacional desde la participación activa de los Pueblos Indígenas y la reivindicación de nuestras identidades en los medios.

20/07/2025

EMPIEZAN A LIBERAR A LXS DETENIDXS DE LA COMUNIDAD MAPUCHE TRAS BRUTAL REPRESIÓN EN NEUQUÉN

Tras horas de incertidumbre, tensión y resistencia, fueron liberadxs algunos detenidos de la brutal represión en Casa de Gobierno de Neuquén. La liberación se produjo en la comisaría N°17, donde integrantes de distintas comunidades y organizaciones se mantuvieron en vigilia exigiendo su inmediata liberación.

La represión se dio mientras las comunidades realizaban una acción pacífica para exigir la firma de personerías jurídicas, derecho colectivo que el Estado neuquino continúa negando. El operativo policial, ordenado por el gobernador Rolando Figueroa, fue denunciado como una muestra del alineamiento con la política de odio del gobierno nacional.

Video


20/07/2025

“NOS GOLPEARON COMO NUNCA”: BRUTAL REPRESIÓN A COMUNIDADES MAPUCHE DEJA 16 DETENIDXS Y UN MENOR HOSPITALIZADO

"Hoy hemos sufrido la más terrible y brutal represión”, denunció María Picinam, Pijañ Kuse del Lof Newen Mapu, desde la puerta de la comisaría N°17 de Neuquén Capital, donde permanecen detenidxs integrantes del Pueblo Mapuche. El saldo del operativo represivo desplegado por orden del gobernador Rolando Figueroa fue de 16 personas detenidas, entre ellas un adolescente de 14 años con una costilla rota, actualmente hospitalizado.

Según relató la autoridad mapuche, cada una de las personas fue golpeada brutalmente antes de ser subida a los móviles policiales. Mujeres, niñxs, personas mayores: nadie fue contemplado. La represión ocurrió a plena luz del día, alrededor del mediodía, mientras las comunidades realizaban una acción pacífica para exigir la firma de sus personerías jurídicas, derecho colectivo que el Estado provincial sigue negando tras años de trámites y expedientes completos.

“El único motivo que encontraron para reprimirnos fue que estamos pidiendo el documento de identidad de nuestro territorio”, explicó Picinam. El reclamo se enmarca en la demanda de cumplimiento de los derechos reconocidos al Pueblo Mapuche por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y convenios internacionales. “En lugar de garantizar esos derechos, el Estado ha decidido reprimirnos”.

Desde la comunidad, se denuncia no solo el accionar policial, sino el alineamiento político del gobierno de Figueroa con la lógica represiva y de odio racial del gobierno nacional. “Figueroa ha decidido obedecer a una bestia como Milei”, afirmó Picinam. “Pero que sepa que no vamos a bajar los brazos, que esta es solo una más de las tantas represiones que hemos sufrido como Pueblo, y que vamos a seguir”.

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20/07/2025

URGENTE: Detenidxs Mapuche en Neuquén llaman a solidarizarse y exigen que el Gobierno cumpla con la ley

Tras la represión ordenada por el gobernador Rolando Figueroa esta mañana frente a Casa de Gobierno, integrantes del Pueblo Mapuche permanecen detenidxs en distintas comisarías de la ciudad. En medio del operativo, uno de los detenidos, lefnawel de una de las comunidades, expresó: “A todos los que apoyan a Figueroa, manifiéstense a favor del Pueblo Mapuche, que nos den las personerías jurídicas, que cumplan con el relevamiento”.

El llamado urgente es a acercarse a la Comisaría 2ª y a la Comisaría 17ª de Neuquén Capital, donde están siendo alojadxs lxs detenidxs.

Las comunidades reclaman el reconocimiento de su personería jurídica, derecho que lleva años de demora por parte del Estado provincial, a pesar de los compromisos asumidos y los expedientes completos. En vez de diálogo, la respuesta del gobierno fue la criminalización, la violencia y el encierro.

A continuación, la lista confirmada de personas detenidas:

Nelson Cárdenas (lonko)
Liliana Romero (lonko)
Sergio Vázquez
Luciano Pilquiñán
Auca López
Karen Sánchez
Lautaro Nahuel
Diego Rosales
Melián Pilquiñán (15 años)
Peutún Nahuel
Pablo Meuli
Yohana Pino
Adrián Ortiz
Melina Schierloh

Se exige la inmediata liberación de todxs lxs detenidxs y el fin de la persecución al Pueblo Mapuche. El reclamo es claro: que se respeten los derechos colectivos y que el Estado cumpla con la ley.

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20/07/2025

URGENTE: Detenciones en Casa de Gobierno de Neuquén durante represión a comunidades Mapuche

La represión ordenada por el gobierno de Rolando Figueroa contra las comunidades Mapuche frente a Casa de Gobierno escala con detenciones arbitrarias. Efectivos policiales están llevando detenidxs a integrantes del Pueblo Mapuche que se manifestaban pacíficamente exigiendo el reconocimiento de su personería jurídica.

La respuesta del Estado a un reclamo legal y sostenido hace casi diez años vuelve a ser la violencia. En lugar de garantizar derechos, las autoridades provinciales avanzan con golpes, arrestos y criminalización.

Las comunidades habían realizado una acción pacífica y simbólica frente a la sede gubernamental para visibilizar el abandono estatal. Lejos de abrir canales de diálogo, el Ejecutivo activó el aparato represivo y judicial.

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20/07/2025

URGENTE: Represión y desalojo contra comunidades Mapuche en Casa de Gobierno de Neuquén

Esta mañana, fuerzas policiales reprimieron y desalojaron violentamente a integrantes de comunidades Mapuche que se encontraban en Casa de Gobierno exigiendo al gobernador Rolando Figueroa el cumplimiento de derechos reconocidos por ley.

Como era previsible ante la falta de voluntad política, el Gobierno de Neuquén respondió con palos y represión a un reclamo legítimo y pacífico. Las comunidades denuncian el uso autoritario de la fuerza estatal para acallar voces que demandan justicia territorial y el cumplimiento efectivo de normativas que amparan a los Pueblos Indígenas.

"Solicitamos que quienes comprenden la justicia de nuestra lucha se acerquen a brindar su solidaridad", expresaron desde las comunidades presentes en la protesta. El pedido al gobernador es claro: no utilizar la ley como herramienta de castigo y persecución.


ZAIDA MAMANI FUE ABSUELTA: SEIS AÑOS DE LUCHA CONTRA UNA ACUSACIÓN SIN PRUEBAS(Crónica de un juicio atravesado por racis...
17/07/2025

ZAIDA MAMANI FUE ABSUELTA: SEIS AÑOS DE LUCHA CONTRA UNA ACUSACIÓN SIN PRUEBAS
(Crónica de un juicio atravesado por racismo y patriarcado. La lucha continúa hasta alcanzar justicia por Joselín.)

Después de seis años de una causa sin pruebas, Zaida Mamani, madre Quechua, fue absuelta. Había sido acusada injustamente por el crimen de su hija Joselín, en un proceso judicial atravesado por el racismo institucional y los estereotipos patriarcales. La defensa, a cargo de Ernesto Flores, desmontó cada una de las irregularidades: desde el cambio arbitrario de imputaciones hasta la pérdida de pruebas clave. La sentencia marca un triunfo para Zaida y la Red que la acompañó, pero no es el final: la lucha continúa hasta alcanzar justicia por Joselín.

El 7 de enero de 2019, Zaida Mamani salió a hacer un trámite bancario. Antes de irse, le preguntó a su hija Joselín si quería acompañarla. “Hace calor, me quedo”, respondió la nena. Zaida cerró con llave y le pidió que no abriera la puerta a nadie. Al volver, encontró la puerta abierta y a su hija agonizando, con más de 70 puñaladas.
Las pericias indicaron que no hubo signos de violencia en la entrada, lo que sugería que quien ingresó tenía una llave. En 2021, luego de anunciar que se casaría con el hijo de su ex pareja Carlos Correa, Zaida fue sorpresivamente acusada. Durante años fue asistida por una defensa oficial que no la mantenía informada. El giro llegó cuando, gracias al impulso de una Red de Acompañamiento, logró contratar a un abogado que asumió su defensa y comenzó a desmontar las irregularidades del caso.

Un juicio marcado por los prejuicios

Tras más de seis años de lucha, Zaida tuvo que enfrentar el juicio en su contra. Durante las audiencias del juicio por jurado, realizadas el 7 y 8 de julio en el Tribunal Oral en lo Criminal N°10 de Lomas de Zamora, declararon diecisiete testigos. La fiscal Marcela Di Mundo sostuvo la acusación por homicidio agravado por el vínculo y alevosía, con una única hipótesis: que Zaida había asesinado a su hija tras regresar del banco. Sin embargo, no se presentaron pruebas directas que la vincularan al hecho. Por el contrario, muchos testimonios se centraron en deslegitimar moralmente a Zaida. La presentaron como una mujer “fría” y “violenta”. Incluso el obispo Juan Carlos Zapata, sin formación médica, le atribuyó presuntos trastornos psiquiátricos.

Un entorno atravesado por la violencia

Durante el juicio, se expusieron episodios de violencia que Zaida sufrió a manos de su ex pareja Carlos Correa. El testimonio de Arturo Vergara Carvajal fue contundente: presenció cómo Carlos golpeaba a Zaida con un cinturón en la vía pública. Aunque denunció el hecho, fue detenido y la fiscalía nunca consideró estas situaciones de violencia de género como contexto relevante para el caso. No se analizó con seriedad cómo estos vínculos violentos podrían haber influido en los hechos. ni mucho menos se profundizó en su experiencia como mujer atravesada por múltiples formas de opresión.

El día del hecho: contradicciones e hipótesis descartadas

Zaida Mamani afirmó que muchas de las declaraciones presentadas por los testigos de la fiscalía no se ajustaban a la verdad. Destacó especialmente testimonios como el de Lidia Cruz Tarifa, vecina del barrio, quien aseguró haber visto a Joselín jugando con perritos cerca del mediodía, con el portón de la casa cerrado, una escena que contradice otras versiones expuestas durante el juicio. Zaida también anticipó que iniciará acciones legales contra quienes, según sostuvo, incurrieron en falso testimonio. Otro testimonio clave fue el del enfermero Mauricio Flores, quien relató que intentó reanimar a la niña cuando aún presentaba signos vitales.

Pruebas y argumentos cuestionados

Un dato que carece de relevancia en el juicio pero utilizado con claras intenciones de dañar la imagen de Zaida y la de la víctima, fue cuando la fiscalía usó la presencia de alcohol en sangre de Joselín como prueba, sin esclarecer su procedencia ni evaluar contaminación de la muestra. También mencionó un corcho hallado en la vivienda, cuya relevancia nunca fue aclarada. El abogado de la defensa señaló que los peritos reconocieron la posible contaminación de la muestra, y que la cantidad de alcohol detectada, es incompatible con la vida de un niño de 10 años, por lo que no tuvo peso en el juicio.

La fiscalía también manipuló la declaración de Rubén Correa, pareja de Zaida e hijo de Carlos, quien describió a Zaida como una madre “celosa” en el sentido de una madre responsable, atenta y cuidadosa. La fiscal interpretó erróneamente ese término para sostener una hipótesis sexista de crimen por celos, descontextualizando sus palabras. Según denunció luego Zaida, esta tergiversación fue evidente incluso para quienes estaban presentes en la sala.

Además, la fiscalía presentó a Rubén un cuaderno hallado durante un allanamiento, que contenía una supuesta frase de auxilio atribuida a Joselín. Bajo presión, Rubén dudó si la letra era de la niña, pero la fiscalía utilizó el cuaderno como si se tratara de una prueba concluyente. Zaida sostuvo que esa no era la letra de su hija y sospecha que el cuaderno pudo haber sido plantado, ya que durante el allanamiento ingresaron personas no identificadas. También le resultó llamativo que se diera relevancia a ese cuaderno, mientras que otro, encontrado en su propia casa con una inscripción sospechosa, no fue exhibido ni incorporado como prueba en el juicio.

Por otro lado, el peritaje psicológico del forense Pablo Martínez Soares de Lima fue clave: descartó que Zaida presentara trastornos como bipolaridad o psicosis, como sostenían algunos testigos, y rechazó que una actitud “fría” implique criminalidad. Aseguró además que su relato evidenciaba un desborde emocional genuino, sin simulación.

Una defensa firme

La defensa, a cargo de Ernesto Flores, desmontó la acusación señalando graves irregularidades: el cambio arbitrario de imputaciones —de Carlos y Rubén hacia Zaida—, la pérdida de pruebas clave, como una tijera con manchas hemáticas que podría contener ADN vital para identificar al verdadero culpable, y la falta de fundamentos del supuesto “móvil por celos”.
También señaló las consecuencias de haber acusado a Zaida Mamani durante siete años: “Fue producto de la desidia y el desinterés de la justicia, de una mala administración y del error humano de fiscales, secretarios y jueces que no tomaron el caso con seriedad. El expediente terminó siendo un desastre”. Y agregó: “El juicio le causó mucho dolor a una madre que tuvo que escuchar testimonios ofensivos que no aportaban nada, pero sí dañaron su buen nombre. Todo eso le provocó un daño psicológico que seguramente quedará reflejado en futuras pericias”.
Justicia para Joselín

Esta etapa se cierra con la sentencia tras la absolución de Zaida Mamani, pero la investigación por el crimen de Joselín continúa en otra fiscalía con nuevos sospechosos: Belén Veloso y Jonathan Meriles. El abogado Ernesto Flores señaló que deben esperar a que la resolución quede firme para avanzar: “Calculamos que la semana que viene tendremos la sentencia, con los detalles del juicio”. La justicia perdió tiempo culpando a Zaida en lugar de investigar con seriedad. Aún se puede llegar a los verdaderos responsables. Hacer justicia por Joselín también forma parte de la reparación para su madre.

Un juicio atravesado por racismo y patriarcado
El caso dejó en evidencia cómo las mujeres racializadas, migrantes e indígenas enfrentan racismo institucional, violencia judicial y estigmatización. A Zaida Mamani no se la juzgó por pruebas, sino por su forma de maternar, por sus vínculos y por no encajar en los estereotipos de la “madre sufriente” o la “víctima perfecta”. Se desestimaron denuncias previas de violencia y se usaron en su contra discursos moralistas, coloniales y psiquiatrizantes, sin sustento científico ni legal. La deuda del sistema judicial sigue pendiente: incorporar una perspectiva real de género e interculturalidad.

✍️ Laki Quispe Pérez
Registro: quispe


16/07/2025

CREER, RESISTIR Y SEGUIR LUCHANDO. JUSTICIA POR JOSELIN MAMANI

Hay momentos en los que una madre siente que el mundo entero se le viene encima. Que la están mirando, juzgando, señalando... sin escucharla, sin verla de verdad. Cuando eso pasa, cada gesto de acompañamiento es luz en medio de la oscuridad.. Una palabra, una oración, un abrazo, un mensaje, una mirada que dice: “Yo sí te creo”.
Eso sostiene. Eso salva.

Me acusaron de lo peor que puede escuchar una mamá: dijeron que yo había matado a mi propia hija. No una vez, ni dos: setenta y cuatro veces lo repitieron. Y yo, que no tenía nada que ocultar, no sentía miedo. Sentía dolor, sentía desconcierto. Porque una madre inocente no teme. Lo que duele es que te condenen antes de escucharte, con tanto racismo, con tanta saña, con tanta mentira.

No tenían pruebas. Ni siquiera una inventada. Todo fue una construcción para desviar la verdad. Y sin embargo, resistí. Me sostuve en la fe, en mi inocencia, en quienes supieron ver más allá del odio.
Gracias a quienes estuvieron, cerca o lejos. A quienes se animaron a creer cuando todo parecía perdido. A quienes cargaron conmigo el dolor, la bronca y la esperanza.

Hoy puedo decir que fui absuelta. Que el jurado supo escuchar. Que la verdad se abrió camino. Pero no es el final: es el comienzo de otra lucha. Porque mientras me investigaban a mí, la causa por el as*****to de mi hija Joselin estuvo paralizada. Y ahora tiene que avanzar. Sabemos dónde buscar. Sabemos por dónde seguir.

Por eso no me dejen sola. No ahora. Lo que logramos no es sólo mío: es de todas las personas que pelearon contra la injusticia, que no se callaron, que no se rindieron.
Y a quienes hoy atraviesan una situación parecida, les digo: no bajen los brazos. Hay quienes aún saben escuchar. Hay quienes pueden ver la verdad.

Yo ya no tengo a mi hija en brazos, pero sé que me acompaña. Y sé que desde donde está, también sabe quién soy.

Gracias a todos los que me acompañan por no soltar mi mano.

Dios les bendiga.
Zaira Mamani

16/07/2025

AHORA | DESALOJO EN LA FINCA EL PONGO SIN ORDEN JUDICIAL

En este instante, miércoles 16 de julio se produce un nuevo intento de desalojo en Finca El Pongo sin orden judicial. Efectivos policiales intentan avanzar sobre tierras productivas habitadas por su familia desde generaciones.

El hecho se suma a otro operativo similar ocurrido el 9 de julio, donde más de 50 policías participaron de un intento de desalojo sin justificación legal. Griselda Ibáñez advirtió que buscan expulsarlos para favorecer negocios privados, como el cultivo de cannabis medicinal gestionado por el hijo del exgobernador Gerardo Morales.

La situación forma parte de una denuncia colectiva presentada el 11 de julio ante la justicia federal por más de 30 comunidades originarias, que acusan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Pueblos Indígenas y al gobierno provincial. Los acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad y avasallamiento de derechos constitucionales, ante la falta sistemática de entrega de personerías jurídicas, relevamientos territoriales y títulos comunitarios.

Video somos originarios


16/07/2025

AHORA | DESALOJO EN LA FINCA EL PONGO SIN ORDEN JUDICIAL

En este instante, miércoles 16 de julio se produce un nuevo intento de desalojo en Finca El Pongo sin orden judicial. Efectivos policiales intentan avanzar sobre tierras productivas habitadas por su familia desde generaciones.

El hecho se suma a otro operativo similar ocurrido el 9 de julio, donde más de 50 policías participaron de un intento de desalojo sin justificación legal. Griselda Ibáñez advirtió que buscan expulsarlos para favorecer negocios privados, como el cultivo de cannabis medicinal gestionado por el hijo del exgobernador Gerardo Morales.

La situación forma parte de una denuncia colectiva presentada el 11 de julio ante la justicia federal por más de 30 comunidades originarias, que acusan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Pueblos Indígenas y al gobierno provincial. Los acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad y avasallamiento de derechos constitucionales, ante la falta sistemática de entrega de personerías jurídicas, relevamientos territoriales y títulos comunitarios.

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16/07/2025

COMUNIDADES MAPUCHE SE ENCADENAN FRENTE A LA GOBERNACIÓN DE NEUQUÉN

Cuatro Comunidades del Pueblo Mapuche —Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas— se encadenaron frente a la Casa de Gobierno de Neuquén para exigir el reconocimiento de su personería jurídica. Denuncian que llevan casi diez años reclamando este derecho colectivo y que, pese a haber cumplido todos los requisitos, el Estado provincial sigue negándoselo.

En septiembre de 2024 firmaron un acta compromiso con el ministro Jorge Tobares, en representación del gobernador Rolando Figueroa. A casi 300 días, no hubo avances. “El expediente está completo. El problema no es legal, es la falta de voluntad política”, expresaron en un comunicado.

Las Comunidades afirman que el Estado busca dividirlas y forzarlas a negociar de forma individual con las petroleras, en vez de garantizar sus derechos como Pueblo Indígena. “No aceptamos que nos traten como familias dispersas ni que se nos invite a negociar nuestros derechos. Exigimos que el Estado cumpla con su obligación”.

Mientras tanto, enfrentan causas judiciales, amenazas de desalojo y la destrucción de sus territorios por la contaminación. La acción de encadenarse, dicen, es la primera de varias medidas para visibilizar la injusticia.

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CUEVA DEL INCA: EL DESPOJO QUE EL GOBIERNO DE JUJUY QUIERE TAPAR“Esto no fue un desalojo: fue un castigo.” Así lo descri...
13/07/2025

CUEVA DEL INCA: EL DESPOJO QUE EL GOBIERNO DE JUJUY QUIERE TAPAR

“Esto no fue un desalojo: fue un castigo.” Así lo describen desde la Comunidad Indígena Cueva del Inca, ubicada en Quebrada de Sarahuaico, Tilcara, tras el violento operativo policial del 7 de julio. El accionar fue llevado a cabo sin orden judicial, de noche, con uso de gases, golpes a mujeres y adultos mayores, detenciones arbitrarias y la destrucción total de una vivienda. Se llevaron todas las pertenencias y quemaron lo que quedó en el lugar. La represión fue ejecutada por efectivos de la Policía de Maimará, bomberos de Humahuaca y con la presencia del juez de paz local.

La madrugada del ataque, más de 30 efectivos ingresaron al Territorio ancestral sin identificarse y actuaron con brutalidad. “Mi hija, Miriam Alfaro, presidenta de la Comunidad, se desmayó. Grité por el SAME, que según el protocolo debía estar presente. Nadie acudió. Ella se repuso sola, y la Policía la volvió a levantar, la arrastraron como delincuente. Es una persona discapacitada, y aun así la esposaron y la subieron a un patrullero sin asistencia”, relató su madre, Rosa Valdivieso.

No fue el primer atropello. El 22 de abril también fue destruida la casa de otro comunero. Solo pudieron recuperar algunas puertas y chapas dobladas que, tras haber sido robadas, “aparecieron de la nada”.

Las mujeres fueron golpeadas por efectivos varones y arrastradas del cabello. “Nos trataron como si fuéramos delincuentes. Nos llevaron a Maimará, como si Tilcara no tuviera comisaría. Nadie se identificó, no nos leyeron ninguna resolución. Irrumpieron lanzando gases lacrimógenos y destruyendo todo”, denuncia Rosa.

También alertó sobre el uso de vehículos privados del hotel Canto del Viento para trasladar pertenencias de la Comunidad. “No sabemos qué quedó y qué se llevaron. Se perdieron muebles, objetos, historia. Hasta los techos de las casas sacaron, ayudados por bomberos. Y nos gritaban cosas horribles. Es un nivel de violencia física, psicológica y simbólica que no se puede tolerar más”.

Consultada sobre el paradero de las pertenencias, la Comunidad indagó ante el juez de paz, quien informó que todo estaba en un “depósito judicial”. Sin embargo, al verificarlo, comprobaron que se trata de un espacio dentro del predio del hotel Canto del Viento, donde todo fue arrojado a la intemperie. “Así funciona esta Justicia corrupta que denunciamos”, afirman.

Un desalojo “erróneo” para encubrir el verdadero objetivo

A pesar de que en 2006 hubo un fallo judicial a favor de la Comunidad, reconociendo su derecho al Territorio, este nunca fue cumplido por el Estado provincial. Ahora, con total impunidad, la jueza Liz Valdecanto dictó una orden de desalojo sin considerar los antecedentes ni los derechos Indígenas garantizados por la Constitución y tratados internacionales.

En los papeles, la orden judicial figura a nombre de Finca La Cortadera. Sin embargo, el operativo represivo fue ejecutado en la Quebrada de Sarahuaico, donde se encuentra asentada la Comunidad Cueva del Inca. Lejos de tratarse de un error administrativo menor, el cruce entre nombre jurídico y lugar real permite suponer una maniobra deliberada: con ese artilugio, el Estado puede ejecutar un desalojo sin asumir formalmente que está actuando sobre un Territorio Indígena reconocido, ocultando así los intereses inmobiliarios que lo motivan y diluyendo las responsabilidades judiciales.

Una “Mafia Judicial” para el despojo

Frente a los atropellos y el intento de avance sobre el Territorio por parte del hotel Canto del Viento y su propietario Carlos Vázquez, la Comunidad decidió retomarlo y permanecer allí como acto de defensa y resistencia colectiva. “Nuestra postura ahora es clara: vamos a permanecer y defender lo que es nuestro”, afirmaron. El accionar empresarial responde a intereses turísticos e inmobiliarios que buscan apropiarse del Territorio para negocios privados.

A pesar de haber presentado planos, el RETECI y toda la documentación, se actuó contra toda la Comunidad. Según la abogada Silvana Llanes, no hay imparcialidad judicial: jueces y fiscales responden a una estructura de poder que opera fuera de la ley, con complicidad entre el Gobierno provincial, el Poder Judicial y legisladores. “Por eso hablamos de mafia judicial —afirmó—. Los fallos se diseñan para favorecer al aparato policial, judicial y a las élites económicas. No hay garantías; todo está en manos de los mismos sectores”.

Destrucción, represión y saqueo

Además de las agresiones físicas, las comuneras denunciaron que se destruyeron especies nativas —molles, cardones—, patrimonio cultural y material construido por generaciones. El operativo fue tan desproporcionado que, horas después, cuando les comuneres regresaron al lugar, ya estaba alambrado el predio y empleados del hotel ingresaban con herramientas. “Se burlaban de nosotres. Mientras nos miraban, tiraban abajo las paredes. Fue una escena de castigo, no de Justicia”, relataron.

La narrativa oficial: silencios y encubrimiento

El Gobierno provincial difundió una versión que reduce el conflicto a un “enfrentamiento entre privados”. Las Comunidades lo rechazan: la disputa es entre el empresario vinculado al hotel Canto del Viento y la Comunidad. El Estado busca “individualizar” el conflicto para negar los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. También denuncian que presentan a la policía como víctima, cuando en realidad fueron los efectivos quienes irrumpieron de madrugada, golpearon a mujeres y hombres, y detuvieron a comuneres, liberados recién horas después.

El caso forma parte de la denuncia penal colectiva presentada el viernes 11 de julio por más de 30 Comunidades Originarias ante la Justicia Federal. Acusan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al Gobierno provincial y a la Secretaría de Pueblos Indígenas por incumplimiento de deberes, violencia institucional y complicidad con el avance extractivista sobre Territorios Indígenas.

✍️ .quispe


TERRITORIOS, DESPOJO Y UNA DENUNCIA COLECTIVA(Informe sobre la denuncia contra el INAI, Gobierno provincial y secretaria...
13/07/2025

TERRITORIOS, DESPOJO Y UNA DENUNCIA COLECTIVA
(Informe sobre la denuncia contra el INAI, Gobierno provincial y secretaria de Pueblos Indígenas)

Representantes de más de 30 comunidades indígenas de toda la provincia de Jujuy llegaron este viernes 11 de julio a la capital provincial para presentar una denuncia penal ante el fuero federal. El escrito —entregado en la sede del Ministerio Público Fiscal— va dirigido contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Pueblos Indígenas y al gobierno provincial. Los acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad y avasallamiento de derechos constitucionales, ante la falta sistemática de entrega de personerías jurídicas, relevamientos territoriales y títulos comunitarios.

El escrito, entregado en la sede del Ministerio Público Fiscal, apunta a la consecuente exposición a desalojos, amenazas y violencia institucional. Casos que evidencian esta situación son los de las comunidades de Cochinoca, Miraflores, Yavi, El Cóndor, Potrero, Lumara, Azul Pampa, Rinconada, Coranzuli, Angosto Moreno, El Guerrero, El Pongo, Cueva del Inca, Coquena, Chalala, Hornaditas, Rodero, entre muchas otras de las más de 500 comunidades que existen en la provincia.

Una semana marcada por la violencia territorial
La denuncia se intensificó tras una ola de desalojos violentos registrados en apenas cinco días. El fin de semana pasado fue amenazada la comunidad de Cieneguillas. El lunes 8, sin orden judicial y de noche, fue desalojada la comunidad Cueva del Inca, en Tilcara. Y el martes 9, en Finca El Pongo, llegaron más de 50 policías acompañados por funcionarios para intentar tomar posesión de tierras productivas que son ocupadas ancestralmente por familias del Pueblo Kolla.

“Nos dejan solo 2 hectáreas para más de 100 animales”, denunció Griselda Ibáñez, de Finca El Pongo. Y agregó: “Nadie en la comisaría me quiso tomar la denuncia. Todos estaban participando del operativo en mi casa. Es un hostigamiento directo del gobierno”.

En Cueva del Inca, según los testimonios, la policía actuó sin orden judicial y quemó las pertenencias que quedaron en el terreno luego del desalojo. La comunidad denunció también golpes a mujeres y adultos mayores y acusó al comisario Rafael Cabana de Maimará de participar directamente del operativo y realizar amenazas. “Esto no tendría que haber pasado. La orden era contra una persona y la ejecutaron contra toda la comunidad. Ya no hablamos solo de usurpación: hablamos de vejámenes, violencia institucional y mafia judicial”, expresó la abogada Silvana Llanes, quien representa a varias comunidades.

“Somos pueblos preexistentes, no delincuentes”

Las comunidades remarcan que los hechos no son aislados, sino parte de una política sistemática de exclusión, represión y avance del extractivismo, amparada en la falta de títulos comunitarios. “Mientras muchas comunidades no acceden al reconocimiento legal, el Estado usa eso como excusa para considerar sus tierras como fiscales y entregarlas a empresas. Así avanza el litio en la Puna y las plantaciones en El Pongo”, explicó David González, del pueblo atacama.
Incluso quienes sí tienen relevamientos o personerías sufren desprotección. En muchos casos, los títulos son parciales o están frenados hace años. “Esto es una forma de impedirnos ejercer nuestros derechos. Nos tratan como delincuentes por organizarnos”, dijo Carlos Chuchuy, de la comunidad de Lumara.

La denuncia se presentó en el fuero federal porque involucra a organismos nacionales como el INAI y su Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), encargado de certificar la existencia de comunidades. Para las organizaciones, la falta de inscripción y documentación no es un problema administrativo, sino un mecanismo de control político. “Desde la Ley 26.160 presentamos todos los papeles. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución nos ampara. Pero el INAI solo reconoce a unas pocas comunidades y deja al resto libradas al despojo. Y mientras tanto, la Secretaría de Pueblos actúa como intermediaria de intereses inmobiliarios y extractivos”, sostuvo la Dra. Llanes.

Una deuda histórica: sin títulos ni reconocimiento

Las comunidades exigen el cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, las cifras oficiales revelan un abandono institucional alarmante: de más de 500 comunidades en Jujuy, solo unas 290 están registradas, 190 tienen relevamiento territorial (RETECI) y apenas 63 poseen títulos comunitarios.

“Ver para creer”: una reunión con promesas
Tras la denuncia, las comunidades fueron recibidas en la Secretaría de Pueblos Indígenas por el secretario Carlos Toconas y la funcionaria Analia Ruiz. Allí, el gobierno pidió disculpas y propuso crear una mesa de diálogo y un plan multidisciplinario para avanzar en la regularización de personerías, relevamientos y títulos. “Lo escuchamos, pero también dijimos que ya lo intentamos muchas veces. Hubo muchas promesas. Las comunidades están descreídas. Ver para creer”, señaló Llanes al salir del encuentro.

También exigieron que se termine con la narrativa oficial que reduce todo a conflictos entre particulares, como ocurrió en Cueva del Inca, donde el gobierno provincial publicó versiones que omitían su propia responsabilidad institucional.

✍️ .quispe


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