16/08/2025
FENTANILO CONTAMINADO: LUGONES DENUNCIA “BANDA DELINCUENCIAL” Y EXIGE JUSTICIA POR CASI 100 MU***OS
El ministro de Salud, Mario Lugones, calificó de “delincuentes” a los responsables de la producción del fentanilo contaminado y advirtió sobre vínculos políticos en el crecimiento de su empresa. La investigación judicial avanza tras la retirada del mercado del medicamento mortal.
El escándalo del fentanilo contaminado ha desatado una de las crisis sanitarias más graves de los últimos tiempos en la Argentina. La droga, utilizada como analgésico y anestésico en hospitales, presentó contaminación con bacterias multirresistentes que derivaron en decenas de muertes y centenares de afectados.
En declaraciones recientes, el ministro de Salud, Mario Lugones, fue categórico: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política. Si no, ¿cómo pasó de tener una verdulería en el conurbano a poseer aviones y crecer tan rápido?”. El funcionario agregó que su gestión fue la primera que “les puso un stop a estos delincuentes”, tras años de advertencias que nunca habían sido atendidas.
Lugones describió el caso como “un atentado a la gente”. Se quebró al hablar de las víctimas: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico”. También informó que se inició un sumario en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para determinar responsabilidades y aseguró que cualquier funcionario comprometido “ese mismo día se va”.
El principal señalado es Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma Group y del Laboratorio Ramallo, fabricantes del lote contaminado. El Gobierno nacional pidió su detención y advirtió que, de no haber avances, podría recusar al juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa, por presunto conflicto de interés.
Hasta el momento, el número de víctimas asciende a 96 muertes atribuidas al uso del fentanilo contaminado, aunque fuentes extraoficiales no descartan que la cifra real supere el centenar. La Justicia ya ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para 24 sospechosos vinculados con HLB Pharma y Ramallo. Según Kreplak, ya no habría ampollas contaminadas en circulación.
El Gobierno, por su parte, defendió la actuación de la ANMAT. En febrero pasado, la titular del organismo, Agustina Bisio, inhabilitó al laboratorio apenas dos horas después de recibir un informe adverso. En marzo, se recomendó la suspensión total de un lote de propofol, lo que evitó más muertes.
En paralelo, la Justicia investiga la posible presentación de documentos falsos por parte de HLB Pharma ante el registro oficial y una denuncia por evasión tributaria agravada. Además, se analiza la red de distribución que permitió que los lotes contaminados llegaran a hospitales de distintos puntos del país.
La tragedia del fentanilo contaminado expone fallas graves en los mecanismos de control sanitario y revela la existencia de redes de poder que operan más allá del Estado. Mientras el Gobierno reivindica su accionar, las familias de las víctimas reclaman justicia. La causa judicial, aún en desarrollo, podría convertirse en un precedente clave para reforzar la trazabilidad de los medicamentos y para desnudar las supuestas connivencias entre laboratorios y política.
