19/08/2026
⚠️🏫👩🏻🏫Sin transporte escolar, reclaman por el derecho a la educación en la ruralidad
Familias y docentes de la Escuela Secundaria N° 2 “Juana Azurduy”, de Udaquiola, expresaron su preocupación por la falta de transporte escolar y advirtieron que la situación está afectando la asistencia de los estudiantes. La institución es la única oferta educativa de la zona y recibe alumnos que, en algunos casos, deben recorrer hasta 100 kilómetros diarios.
La comunidad educativa de la localidad de Udaquiola, en el partido de Ayacucho, hizo público su reclamo por la falta de transporte escolar para los estudiantes que concurren a la Escuela Secundaria N° 2 “Juana Azurduy”.
La institución se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad cabecera de Ayacucho, a 100 kilómetros de General Belgrano y a 70 kilómetros de Rauch, y constituye la única oferta educativa secundaria de la zona.
La historia de la escuela se remonta a 1993, cuando un grupo de padres, junto con autoridades, impulsó su apertura con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar el desarraigo de las familias rurales. Por entonces, la educación secundaria todavía no era obligatoria.
Desde 2006, la escuela contó con transporte escolar, un servicio prestado por la Provincia de Buenos Aires y gestionado por el Consejo Escolar. Sin embargo, según señalaron las familias y docentes, durante los últimos años comenzaron a registrarse dificultades para garantizar el servicio y, durante este ciclo lectivo, directamente no se cuenta con transporte escolar.
La situación afecta especialmente a estudiantes hijos de trabajadores rurales, muchos de los cuales deben recorrer grandes distancias para asistir a clases. Para numerosas familias resulta económicamente imposible afrontar de manera particular los traslados.
De acuerdo con el reclamo difundido por la comunidad educativa, algunos estudiantes nunca pudieron asistir presencialmente durante el año, mientras que otros concurren solamente cuando las condiciones de los caminos y las posibilidades económicas de sus familias lo permiten.
La comunidad advierte que esta situación también dificulta sostener la continuidad pedagógica mediante la virtualidad, especialmente cuando los estudiantes solamente pueden concurrir una o dos veces por semana.
El problema, además, comienza a generar decisiones que profundizan el desarraigo rural: algunas familias evalúan trasladarse a las ciudades para poder garantizar la escolaridad de sus hijos. Quienes cuentan con menos recursos, señalan, son los más afectados.
“¿La educación debería ser garantizada en el ámbito rural como en el urbano?”
En su planteo, las familias y docentes cuestionan que un problema vinculado directamente con el derecho a la educación haya quedado atrapado en una discusión sobre las responsabilidades entre la Provincia y el Municipio.
“Las minorías, ¿no tenemos los mismos derechos?”, plantearon, al tiempo que reclamaron respuestas concretas de los representantes y autoridades responsables.
También remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para encontrar una solución, independientemente de las pertenencias políticas.
“Como padres, familia y docentes transmitimos a nuestros jóvenes lo valioso del trabajo en equipo”, señalaron, y cuestionaron que esa misma lógica no se vea reflejada entre las autoridades que deberían trabajar de manera coordinada.
El reclamo vuelve a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a numerosas comunidades rurales: cómo garantizar el acceso efectivo a la educación cuando las distancias, el estado de los caminos y la falta de servicios de transporte se convierten en obstáculos para la asistencia cotidiana.
La comunidad educativa de Udaquiola reclama una respuesta y advierte que, mientras la situación continúa sin resolverse, se profundiza la desigualdad en el acceso a la educación y el riesgo de desarraigo de las familias rurales.
