09/09/2026
DOCUMENTOS OFICIALES ABREN NUEVOS INTERROGANTES TRAS EL DESALOJO DE LOS LOCALES DEL MERCADITO
Mientras esta mañana una mujer fue desalojada del inmueble ubicado en calle San Martín en la zona del mercadito, la familia habría recibido una documentación oficial que permite conocer parte del marco judicial en el que se realizó el procedimiento.
Por un lado, una respuesta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a un pedido de acceso a la información presentado por Adriana Estigarribia, nieta de la mujer desalojada, señala que el inmueble se encuentra bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (ADIFSE) y vinculado a los registros de inmuebles ferroviarios del Ramal C.25 del Ferrocarril General Belgrano.
La AABE también habria informado que no existen constancias en ese organismo de que el inmueble haya sido transferido, cedido, concesionado, desafectado o entregado a la Municipalidad de Formosa o a terceros. Asimismo, señala que no registra actuaciones vinculadas específicamente con desalojos o recuperaciones de ese inmueble.
Sin embargo, otro documento entregado a la familia permite conocer la existencia de una orden judicial vinculada al lugar. Se trata de un Mandamiento de Secuestro y Clausura, librado en el expediente N.º 184/2026, caratulado “Municipalidad de la Ciudad de Formosa c/ La Familia y/u otros s/ Juicio Especial”, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa, a cargo del juez Darío Carlos Bitar.
Según el documento, el oficial de Justicia debía constituirse en los domicilios de San Martín 1032, identificado como comedor “La Familia”; San Martín 1030, comedor “Oki u Osky”; y San Martín 1030/1033, comedor “Doña Rosa”, para coordinar con personal municipal y la Policía de la Provincia la clausura de esos establecimientos gastronómicos hasta que cumplieran con los requisitos de habilitación comercial.
La orden también dispone el secuestro de mercaderías, maquinarias, artefactos, insumos y demás bienes utilizados para desarrollar la actividad gastronómica, los cuales debían quedar a disposición de la autoridad municipal bajo inventario.
El mandamiento faculta además al oficial de Justicia a solicitar auxilio de la fuerza pública, allanar los domicilios y requerir los servicios de un cerrajero o una ambulancia en caso de ser necesario. También contempla la posibilidad de designar un depositario de los bienes secuestrados.
De esta manera, la documentación permite establecer que existe una causa judicial iniciada por la Municipalidad relacionada con la actividad comercial y la clausura de los comedores. Al mismo tiempo, la respuesta de AABE habría señalado que el inmueble continúa bajo jurisdicción de ADIFSE y que ese organismo nacional no registra una transferencia del lugar a la Municipalidad.
Ahora la familia busca determinar cómo se vincula esta orden de clausura y secuestro con el procedimiento realizado esta mañana, qué alcance tuvo concretamente la medida sobre la vivienda y bajo qué fundamento se dispuso el retiro de la mujer del lugar.
Los documentos aportados por la familia dejan planteadas estas preguntas y podrían ser claves para reconstruir qué ocurrió y cuál es actualmente la situación jurídica del inmueble.
