07/07/2025
Este martes se reunió la Comisión de Investigación y Reclamos Públicos de la Cámara de Diputados de La Pampa, convocada por su presidente, el diputado Maximiliano Aliaga (Comunidad Organizada). La misma sesionó en minoría, con la presencia de los/as diputados/as Noelia Viara, Laura Trapaglia, Celeste Rivas, Matías Traba y Enrique Juan (bloque PRO-MID); Hipólito Altolaguirre, Sergio Pregno, Romina Mota, Gisella Cuadrado, Julián Aguilar y Andrea Valderrama Calvo (bloque UCR); y Sandra Fonseca (Comunidad Organizada).
Cabe resaltar que, una vez más, estuvieron ausentes los diputados que representan al gobernador Sergio Ziliotto y al FREJUPA: Patricia George, Hernán Pérez Araujo, León Nicanoff, Marcela Páez, César Montes de Oca y Juan Barrionuevo.
Tal como se había anunciado, se hizo presente y se le concedió el uso de la palabra al intendente de la localidad pampeana de Ceballos, Juan Cruz Vega, quien manifestó haber sido objeto de amenazas contra su integridad y la de su familia, así como amenazas de prender fuego el edificio municipal, por parte de “punteros” políticos vinculados al partido oficialista provincial, quienes a su vez mantienen vínculos familiares con personal estatal de la localidad.
Durante su exposición, el intendente relató cómo ha sido hostigado por referentes del oficialismo, tanto a nivel provincial como local.
Explicó que, ante la gravedad de los hechos, debió trasladarse a la localidad de Intendente Alvear para realizar la denuncia, ya que en Ceballos se le negó la recepción de la misma. Incluso, el jefe departamental de Policía de Intendente Alvear le recomendó contratar seguridad privada en el Concejo Deliberante para garantizar su resguardo.
Asimismo, Vega denunció el uso arbitrario de un vehículo municipal, originalmente asignado a la policía para patrullaje local, y que es utilizado particularmente para trasladarse por ejemplo a la localidad de González Moreno (Provincia de Buenos Aires) por parte del encargado del destacamento policial de Ceballos, quien además es esposo de una docente local.
Dicha docente ha sido señalada como quien, en reiteradas oportunidades, irrumpe a los gritos en las sesiones del Concejo Deliberante, generando aprietes e incomodidades en el desarrollo institucional. Las amenazas al intendente no provinieron directamente de ella, sino de una familia estrechamente vinculada a este entorno.
Además, se señaló que esta pareja utiliza la vivienda social otorgada por el I.P.A.V. como una unidad básica partidaria, sin contar, lo que evidencia un uso político indebido de un recurso estatal. En esa misma vivienda, y en presencia del patrullero policial asignado al esposo, se reciben visitas de distintos funcionarios provinciales entre ellos Erica Riboyra (Presidente del I.P.A.V.) y Pascual Fernández (Ministro de Gobierno). Este último, ante el planteo del intendente Vega por la evidente cobertura política de la situación, manifestó: “¿Cómo? ¿Acá en Ceballos no se puede hacer política?”, demostrando una confusión inadmisible entre su rol institucional y militancia partidaria.
Este accionar no solo compromete la imparcialidad que se le exige a funcionarios públicos, sino también el deber ético de quienes ejercen funciones educativas, como es el caso de la docente involucrada, que no puede desligarse de su responsabilidad institucional.
También se señaló un hecho alarmante: la autorización por parte del Ministerio de Salud de la provincia para designar como chofer de ambulancia a una persona que no posee carnet de conducir profesional habilitante para desempeñar tal función, y por el cual fueron asi desplazados los demás concursantes y personal idóneo para conducir una ambulancia de emergencias médicas.
Finalmente, se dio cuenta que a partir de ser partidarios del oficialismo provincial en la localidad, fueron beneficiados con una vivienda social por parte del I.P.A.V., por sobre el listado de vecinos preadjudicatarios de la localidad. Además, se señaló que el personal policial - uno de los integrantes de la pareja denunciada- dispone en la localidad de una vivienda de servicio, y no contaría con la antigüedad de residencia necesaria para que les sea otorgada una vivienda social, quitándole así el derecho a muchas familias de poder acceder a una vivienda.
