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El quincho de la Jefatura: negocio privado en predio público
23 noviembre, 2025
El quincho de la Jefatura: negocio privado en predio público
DÚO DINÁMICO. Romano se va y no vio nada… Solari llega y parece que se entera por nosotros. ¿Les hacemos un dibujito?
En el predio de la Jefatura de la Unidad Regional II funciona un quincho que se alquila a precios altos, pero el dinero no se vería reflejado en mantenimiento ni en registros oficiales. RECLAMAN QUE NO SE COBRE POR EL USO Y SE EXTIENDA AL PERSONAL SIN DISTINCIÓN.
Por Rubén Pombo (*)
Dentro del predio de la Jefatura de Policía ubicado sobre la Av. Francia, funciona al menos un quincho que, lejos de ser un simple espacio institucional para reuniones internas (como originalmente se estableció), se alquila como si fuera un salón privado. Quien quiera usarlo, paga. Y paga caro. Se cobra por el uso de un espacio público, pero no hay explicación sobre el destino de esos fondos.
El “Quincho de Explosivos” y los 200 mil por uso
Conocido por muchos como “el quincho de Explosivos”, ubicado en la zona donde funciona esa división. Ahí la cifra pasa de molesta a escandalosa.
Según relató otra persona que utilizó el lugar:
“El famoso quincho que está ahí donde está Explosivos: 200.000 pesos me cobraron la última vez. Imaginate, el mes tiene 30 días… y no sé si ahora no aumentó”.
Un simple cálculo muestra la dimensión del negocio: si se cobra $200.000 por uso y el quincho se reserva varias veces al mes para cumpleaños, fiestas, asados o reuniones, la recaudación puede llegar fácilmente a millones de pesos mensuales, dentro de un predio estatal, con servicios pagos por el propio Estado.
La pregunta cae de madura:
¿en qué caja entra esa plata y bajo qué concepto?
CRE, encargados y nombres propios
Los testimonios recogidos por este medio apuntan a una línea de responsabilidad que no se agota en el último eslabón. Por un lado, se señala que el quincho estaría bajo la órbita del CRE (Comando Radioeléctrico), al menos en cuanto a la supervisión del lugar y el manejo del uso cotidiano. Hay dos vigiladores que ofician de encargados, y uno de ellos es identificado por nombre y apellido: Carlos I.y el restante como Luis D. P. respectivamente.
Digital o «crocante»
A este cuadro se suma un dato que los usuarios repiten cada vez con menos miedo: el circuito de cobro es doble y completamente opaco. Por un lado, las reservas del quincho se pagan muchas veces en efectivo, “al contado”, sin que se emita un solo recibo formal. Por otro, señalan que a las billeteras virtuales de los encargados —Carlos I. y Luis D. P.— se realizan transferencias directas en concepto de alquiler, también sin respaldo de factura ni constancia oficial alguna. En la práctica, eso significa que buena parte del dinero entra y sale por canales personales, fuera de cualquier control administrativo, consolidando la sospecha de que estamos ante una caja paralela y no ante un servicio regulado en beneficio del personal.
Nadie acusa nadie de quedarse con toda la recaudación, pero el dato es relevante por una razón obvia: si hay encargados “de hecho”, hay también una cadena de mandos “de derecho” que permite, tolera o participa de ese circuito. En un predio policial, nada funciona por iniciativa individual sin, al menos, un guiño desde arriba.
Predio público, negocio privado
No se trata, además, de un espacio nuevo ni de una ocurrencia reciente. El quincho existe prácticamente desde la llegada de la Policía a ese predio y fue pensado, en origen, como un lugar de bienestar para el personal: un ámbito digno donde compartir un asado, un festejo o una reunión de camaradería después de jornadas duras. Es decir, un beneficio para quienes sostienen el servicio todos los días, no una máquina de recaudar para los bolsillos ajenos de cuatro vivos que encontraron la forma de hacer negocio con lo que debería ser, simplemente, un derecho mínimo de esparcimiento para la tropa.
El problema de fondo excede largamente la anécdota de un horno que no funciona o de cuánto se cobra el alquiler. Lo que se dibuja, con bastante nitidez, es el esquema clásico de una caja paralela dentro del Estado:
El lugar es público.
Las instalaciones son públicas.
El consumo de agua, luz, gas y seguridad corre por cuenta del Estado.
Pero la recaudación por alquiler del quincho sería manejada como negocio privado.
Si ese dinero no ingresa a una cuenta oficial, no figura en rendiciones, no tiene respaldo en resoluciones administrativas y no se ve reinvertido en el mantenimiento del propio quincho, estamos frente a algo más que desprolijidades: es una explotación comercial de un bien público en beneficio particular.
Lo que habría que investigar (si hubiera voluntad)
Los datos mínimos para abrir una investigación ya están sobre la mesa:
Se paga por usar quinchos dentro del predio de Jefatura.
Los montos son altos (hasta $200.000 por uso) y no se reflejan en mejoras básicas.
Se menciona una línea de responsabilidad (CRE) y encargados identificables (como Carlos I. yLuis D. P.).
A partir de ahí, cualquier organismo de control serio —Asuntos Internos, MPA, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, quien corresponda— debería pedir:
Las resoluciones que autorizan el funcionamiento de esos quinchos y sus tarifas.
Los registros de reservas y pagos efectuados.
Los comprobantes de ingreso de esos montos a alguna cuenta oficial.
Las órdenes de gasto que muestren en qué se habría usado ese dinero.
Si nada de eso aparece, la conclusión es incómoda pero simple: en el corazón de la estructura policial, mientras se habla de transparencia y “orden”, funciona un pequeño pero jugoso negocio privado montado sobre bienes públicos.
