TeleSISA

TeleSISA Comunicación con identidad para que las voces indígenas tengan poder político. TeleSISA nació en un contexto de resistencia y lucha.

Fue gestada durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019, y vio la luz el 8 de marzo de 2020 en Buenos Aires, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Dos eventos clave marcaron nuestro horizonte: la importancia de los medios de comunicación para romper los cercos mediáticos y el compromiso de visibilizar los derechos de las mujeres indígenas en una sociedad estructurada baj

o el racismo y el patriarcado. Este proyecto fue impulsado por Laki Quispe, del Pueblo Quechua, mediactivista desde 2012, dedicada a visibilizar luchas populares, ambientales, feministas y territoriales. Su experiencia en espacios de comunicación le permitió evidenciar el racismo imperante en los medios. En 2019, propuso a mujeres activistas de los Pueblos Quechua y Aymara la creación de un medio de comunicación liderado por mujeres indígenas. Así, junto a Tatiana Quispe, cofundadora del proyecto, dieron forma a TeleSISA. El golpe de Estado en Bolivia aceleró este sueño, poniendo en evidencia no solo la relevancia del rol del comunicador/a, sino también la urgencia de un reconocimiento identitario frente al racismo y la colonización presentes en la política de un gobierno de facto. Bartolina Sisa, nuestra ancestra, fue mencionada en cada marcha como símbolo de resistencia, y en su honor dimos nombre a este espacio. Desde entonces, asumimos la comunicación como una herramienta política y social indispensable. En estos años, hemos avanzado con acciones concretas. Fundamos nuestra propia escuela, donde enseñamos Periodismo Indígena y otros temas clave, y diseñamos una revista para continuar amplificando nuestras voces y fortaleciendo nuestra narrativa. Nuestro eslogan, “Comunicación con identidad”, sintetiza nuestra misión: luchar por la soberanía comunicacional desde la participación activa de los Pueblos Indígenas y la reivindicación de nuestras identidades en los medios.

COMUNIDAD MAPUCHE RANQUEL RUPÜ ANTÜ: “VOLVER AL TERRITORIO ES VOLVER A VIVIR”Durante el Primer Congreso de Agroecología ...
15/06/2025

COMUNIDAD MAPUCHE RANQUEL RUPÜ ANTÜ: “VOLVER AL TERRITORIO ES VOLVER A VIVIR”

Durante el Primer Congreso de Agroecología de los Pueblos, realizado en la Universidad Nacional de Luján, la comunidad Mapuche Ranquel Rupü Antü —que impulsa una escuela de agroecología en el partido de Lincoln— compartió su mirada sobre el extractivismo, el rol de los gobiernos y la urgencia de reconstruir una relación con la tierra basada en la memoria, la palabra y la reciprocidad. Desde su cosmovivencia, también desmontan conceptos: “No somos agroecologistas. Hacemos prácticas ancestrales”. Su voz representa a muchas comunidades que siguen resistiendo frente al racismo estructural, el extractivismo y el negacionismo.

“Volver al territorio es volver a vivir. Es reencontrarnos con la propia cosmovivencia y cosmovisión, basada en una forma de vida natural”, dice Marina, integrante de la comunidad Mapuche Ranquel Rupü Antü, que sostiene la escuela de agroecología Kelu Mula en el partido de Lincoln, Buenos Aires. Allí, el trabajo con la tierra no es solo producción: es una forma de sanar, de reconstruir sentidos, de habitar en armonía con la biodiversidad. Sin territorio, afirma, el cuerpo está incompleto; la vida, fragmentada. Por eso, el retorno a la tierra es un acto vital.

“No somos agroecologistas, sino que hacemos prácticas culturales y ancestrales.” Aunque participan de espacios de intercambio y formación junto a otras experiencias agroecológicas, desde la comunidad no se identifican con ese término. “Agroecología” es, en sus palabras, un concepto “politizado” que sirve para traducir hacia afuera lo que en verdad es una forma ancestral de relación con la tierra. “Agro quiere decir meter las manos para modificar algo; nosotros practicamos formas naturales, como lo hicieron nuestros antepasados”, explica.

El agronegocio y los venenos destruyen el equilibrio natural y silencian especies. “El Pueblo Mapuche era cazador, no era hortícola. Hoy día tenemos que estar sembrando nuestra comida por el solo hecho de que nos están arrasando los territorios, envenenando el agua, y no queremos consumir verduras contaminadas”, expresa Marina. Sembrar, entonces, no es solo una decisión alimentaria, sino una estrategia de resistencia. Un acto de dignidad frente al extractivismo, una forma de cuidar la salud sin depender del sistema que enferma.

El actual gobierno profundiza una política de despojo estructural. La comunidad Mapuche Ranquel denuncia sin eufemismos: “No esperamos nada de este gobierno.” Nombran a Milei, Bullrich y Villaruel como herederos directos de la Campaña del Desierto. Sin embargo, también remarcan que los gobiernos anteriores tampoco promovieron políticas reales de resguardo para los Pueblos Indígenas ni para los ecosistemas. Hoy el avance es más feroz que nunca. “El racismo se mantiene, siguen desalojando a las comunidades que cuidan los territorios.”

Frente a ese desprecio estructural, se sostiene una forma de vida basada en el respeto, la reciprocidad y el buen vivir. La palabra, el encuentro, el vínculo con la tierra y el conocimiento compartido son pilares que sostienen la vida. En coherencia con esa cosmovivencia, la comunidad impulsa espacios como la escuela Kelu Mula, donde sembrar también es transmitir memoria, lucha y ternura. Allí, la práctica cotidiana se vuelve una forma de resistencia y de defensa del territorio ancestral.

Entrevista: Andrea Perez
Edición: Laki Quispe Pérez


TUJUAY GEA ZAMORA: “NOS ESTÁN HACIENDO CREER QUE VIVIMOS EN DEMOCRACIA”(Una lectura Indígena sobre el disciplinamiento p...
15/06/2025

TUJUAY GEA ZAMORA: “NOS ESTÁN HACIENDO CREER QUE VIVIMOS EN DEMOCRACIA”
(Una lectura Indígena sobre el disciplinamiento político en tiempos de proscripción y extractivismo)

Desde el norte salteño, la médica Indígena Tujuay Gea Zamora —del Pueblo Wichí— comparte una reflexión territorial y espiritual sobre el contexto político actual. Denuncia el funcionamiento del bloque empresarial-financiero internacional y sus dispositivos de control, que se profundizan en tiempos de proscripción y extractivismo.

La condena y proscripción de figuras con representación popular, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, es el reflejo brutal de un sistema que nunca dejó de ser colonial, ra***ta y clasista, y que hoy se vuelve más obsceno en su intento de eliminar toda posibilidad de disidencia popular. Desde el norte salteño, la médica Indígena Tujuay Gea Zamora, del Pueblo Wichí, lo dice con claridad: “Lo que están haciendo es romper la democracia. Quien va a decidir es un grupo económico, a través del poder judicial”.

Tujuay habla desde el territorio, desde su formación política y espiritual como mujer Indígena, y también como ciudadana Argentina. Porque el colonialismo no se borró con la Constitución ni con las elecciones: se transformó. Hoy actúa bajo nuevas formas —el llamado “partido judicial”, los medios concentrados, los organismos financieros internacionales— y también a través del miedo.

Cabe resaltar que durante los gobiernos anteriores no se detuvo el avance extractivista y que la propiedad comunitaria jamás se garantizó. Tujuay sostiene que la memoria de esas deudas sigue viva. Sin embargo, reconoce que en ese período hubo una mayor apertura institucional hacia algunas demandas de las comunidades Indígenas, aunque sin resolver los problemas estructurales.

En contraposición, advierte que el retroceso de derechos se profundizó durante la gestión de Mauricio Macri, donde se consolidó el entramado judicial que hoy ejecuta persecuciones políticas con clara orientación ideológica. “Es el macrismo el que alimentó esta revancha judicial”, señala.

Entonces, ¿cómo miramos este momento desde nuestras cosmovisiones? ¿Qué implica que se impida políticamente a una figura con representación popular?

Tujuay trae la palabra sabia de sus Haiawú (guías espirituales) y Niyat (referencias políticas): en el mundo Indígena, cuando se ataca injustamente a una persona reconocida por su comunidad para conducir o representar, se está desestabilizando un orden natural, espiritual y político. Porque es el Gran Espíritu el que siembra ese destino. La proscripción es, así, no solo una maniobra judicial: es una forma de despojo, como el territorial. Esa lectura no siempre encaja en las lógicas del sistema político blanco, pero advierte sobre los efectos profundos del disciplinamiento.

Tujuay denuncia un modelo neocolonial que persigue, criminaliza, expulsa, manipula y acorrala. Un entramado de poder que hoy lleva a Facundo Jones Huala nuevamente a prisión por un “capricho” de Patricia Bullrich. Que impone un fallo judicial contra miembros y autoridad espiritual de la Lof Lafken Winkul Mapu, sentenciando con prisión a quienes defienden el territorio en Río Negro. Un modelo que cesantea docentes Indígenas por exigir salarios dignos en Salta. Que refuerza y limita aún más una práctica de larga data: reducir a los Pueblos al lugar de “receptores de dádivas”, con bolsones de comida y promesas vacías, negándonos una vez más el derecho a la autonomía, al territorio, a decidir.

Esta proscripción es parte del mismo sistema que arrasó comunidades, borró lenguas, impuso fronteras y jerarquías blancas. Hoy, como ayer, el poder económico e imperialista opera para silenciar las voces que no se alinean con sus intereses. “Nos están haciendo creer que vivimos en democracia”, dice Tujuay, “cuando en realidad estamos en una dictadura empresarial disfrazada de república”.

La palabra de Tujuay Gea Zamora es una invitación a repensar qué se entiende hoy por democracia y quiénes quedan habilitados —o excluidos— para participar en ella. Más allá de los nombres propios, el avance judicial actual revela un problema estructural: cuando el poder popular incomoda, se activa el castigo. En tiempos de avance fascista, resulta urgente revisar desde dónde nos ubicamos frente al disciplinamiento político y territorial —y para qué—.

✍️ 📷 Laki Quispe Pérez


14/06/2025

“SE TERMINA ESTA JODA”: LA FRASE QUE CITÓ UNA FISCAL Y EVIDENCIA CÓMO EL ESTADO PERSIGUE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En el marco del tercer conversatorio del ciclo Perspectivas de mujeres indígenas frente al avance neocolonial, sobre desalojos en territorios indígenas, integrantes de comunidades del Valle de Tafí (Tucumán) denuncian los intentos de desalojo forzado que enfrentan, impulsados por el Estado provincial en alianza con el poder judicial y empresas inmobiliarias. Todo esto ocurre a pesar del profundo arraigo territorial y cultural de las familias que habitan el lugar desde hace décadas.

“Nos quieren sacar de nuestra tierra, de nuestra medicina ancestral, de nuestros montes. Lo que hace este gobierno terricida es querer despojarnos”, advierte Bartolina Casimiro. El cacique Alejo Azar agrega: “Esto es una nueva invasión. Somos enemigos del Estado porque somos guardianes de la tierra. Pero esto no es solo contra los pueblos indígenas: también va por todos, porque se está perdiendo la soberanía nacional”.

Azar también denunció la connivencia entre el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, y compartió un hecho que lo refleja con claridad: “Una fiscal, en medio de una audiencia a hermanos de Indio Colalao, dijo: ‘Nuestro presidente, nuestro gobernador dijeron que se termina esta joda’. ¿Cómo puede una fiscal citar a las máximas autoridades del otro poder? Eso muestra la impunidad total con la que se manejan”. A pesar de los rechazos judiciales, las comunidades continúan resistiendo desde lo jurídico, lo ancestral y también con el cuerpo: “Si hay que poner el cuerpo, lo vamos a hacer”.

Este video forma parte del ciclo de conversatorios que recorre distintos territorios del país donde comunidades indígenas enfrentan desalojos forzados, amenazas, represiones y causas judiciales armadas, impulsadas por el avance extractivista y el gobierno neocolonial de Javier Milei.

🎙
Edición: .quispe



LA PROSCRIPCIÓN COMO CONTINUIDAD DEL PODER COLONIAL  Análisis de Orlando Carriqueo, referente indígena del pueblo mapuch...
13/06/2025

LA PROSCRIPCIÓN COMO CONTINUIDAD DEL PODER COLONIAL
Análisis de Orlando Carriqueo, referente indígena del pueblo mapuche

“Lo que intentan con Cristina —sacarla del mapa político— es lo vivimos los Pueblos Indígenas desde siempre”, dice Orlando Carriqueo, Werken de la Comunidad Elel Quimun. Frente al avance de un poder real, ese que nunca se sometió a las urnas —nacido del genocidio, enriquecido con el despojo y hoy aliado al imperialismo—, su lectura, nacida del territorio y la historia, advierte con claridad: la proscripción política, los fallos judiciales, la persecución y el miedo son parte de un mismo plan. No es sólo contra una dirigenta: es contra los pueblos que se niegan a rendirse.

“Lo que le pasa al armado de las causas judiciales, tal como se viene dando en el caso de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, tiene que ver con quiénes son en la Argentina los que han construido el poder económico, político y judicial… y eso tiene que ver con los genocidios, genocidios Indígenas: de ahí vienen las riquezas de esos poderes económicos que hoy manejan la justicia”, señala el referente Indígena e integrante de la Mesa Política del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Desde una mirada Indígena y territorial, denuncia que el Poder Judicial argentino ha funcionado históricamente como un mecanismo de control y disciplinamiento social, al servicio de las élites formadas sobre el genocidio y el despojo: “En todos los gobiernos, la política judicial hacia los Pueblos Indígenas ha sido criminalizadora, ra***ta, con causas armadas para sacarnos del territorio. Eso es impunidad”
La judicialización política es la continuidad de un poder que hoy se consolidó sobre la violencia y el despojo, es consecuencia de un pasado no resuelto. “Nunca se habló del primer genocidio. Ese silencio fortaleció el poder económico basado en tierras robadas y trabajo esclavo Indígena, que después de la Conquista del Desierto, volvió a ser esclava hasta 1940 más o menos, cuando se sanciona el estatuto del peón rural”, señala.

Para Orlando Carriqueo, el intento de proscripción a CFK se inscribe en una lógica histórica: “Lo que hoy se intenta con Cristina —sacarla del mapa político— es lo que vivimos los Pueblos Indígenas desde siempre, ser excluidos, deslegitimados, perseguidos o reducidos al silencio. La diferencia está en el volumen político, pero la lógica es la misma: disciplinar lo que incomoda al poder real”.

“Los pueblos indígenas hemos sido condenados solo por ser Indígenas”, afirma Carriqueo. “Una de las cosas que nos pasa es que estamos acostumbrados a vivir la violencia institucional del poder judicial, los armados de causa.”

Su diagnóstico es contundente: estamos viviendo un proceso de pérdida de la democracia. Desde el inicio del actual gobierno, el Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro alertó sobre el rumbo antidemocrático: protocolo antipiquetes, ley ómnibus, criminalización de la protesta, estigmatización de referentes populares. “Ya reclamábamos que estábamos en un cuasi estado de sitio. La democracia está en riesgo”, advierte.

Ese poder que hoy persigue a dirigentes políticos no se somete a las urnas ni a las reglas democráticas. Tiene raíces coloniales y sigue funcionando como garante del privilegio, no es independiente ni imparcial. Por eso, la proscripción de CFK es parte de una arquitectura de impunidad al servicio del capital. “Hay una presión de los sectores extractivistas. Se habla de nuevos endeudamientos que se van a pagar con el territorio. Por eso Estados Unidos quiere instalar una base en Ushuaia”, denuncia Carriqueo.

“El Estado, cuando usa sus estamentos para desaparecer a sectores sociales, no sólo es antidemocrático, es infame y es terrorismo de Estado”, agrega. Y advierte que el disciplinamiento no es solo con fallos judiciales o proscripciones: se aplica también con militarización, hambre, recorte de derechos, persecución y miedo. “Están produciendo un genocidio. Quitar medicamentos a jubilados es condenarlos a una muerte más temprana. Es una política de Estado”.

Lo que está en juego no es una candidatura, sino el derecho de los pueblos a existir con dignidad, es el derecho a disputar un proyecto de país. La lectura de Carriqueo desarma el relato del poder y lo ubica en su raíz colonial y genocida. Nombrarlo es el primer paso. El segundo es incomodar. El tercero, construir poder desde abajo, desde los territorios, para que nunca más el miedo sea la forma de gobierno.

✍️ Laki Quispe Pérez


11/06/2025

"NOS ESTÁN PERSIGUIENDO POR SER COMUNIDAD"

En el marco del conversatorio con la Comunidad Indio Colalao, Marina Mamani y Pedro Chávez compartieron testimonios profundos sobre los procesos de despojo y violencia judicial que atraviesan. Marina, comunera, relató con firmeza: “Nos desalojaron de manera forzada. Vivimos ahí hace más de 180 años, es territorio ancestral. Hoy nos dicen usurpadores, pero es nuestra casa, nuestra historia, nuestra Pachamama.”

Denunció que una jueza ordenó el desalojo por pedido de un supuesto dueño, “un tal Orvich que nunca conocimos”, dejando a su hermana en riesgo de ser detenida si no abandonaba el lugar. “Es una forma de violencia: o entregás el territorio o vas presa”, afirmó. También explicó que allí realizaban ceremonias comunitarias y guardaban piedras con grabados ancestrales: “Nos están sacando también nuestra espiritualidad.”

Pedro Chávez, por su parte, señaló que los desalojos se producen ignorando el carácter comunitario del Pueblo: “No nos hacen parte como comunidad indígena en las causas judiciales.” Denunció ataques sistemáticos en distintas bases —Riarte, Montebello— con violencia policial, usurpación y loteos ilegales. “Nos quieren sacar de todos lados. Esto tiene un fin político y destructivo”, aseguró.

Ambos coincidieron en que la persecución no es casual: es parte de una estrategia para desarticular las comunidades y avanzar sobre sus territorios.

🎙 Kryna Hernandez
Edición: Laki Quispe Pérez


11/06/2025

Falleció la hermana Reina Torres, pero su lucha queda

Reina era una hermana migrante que convirtió el dolor en camino colectivo. Después del as*****to ra***ta de Marcelina Meneses y su hijito Joshua, decidió no callar. Peleó por justicia, por memoria, y por los derechos de quienes, como ella, se desplazaron a este territorio para continuar la vida.

Desde su casa en Ezpeleta abrazó a muchas mujeres migrantes, y desde el Municipio de Quilmes abrió puertas que antes estaban cerradas. Reina no hablaba desde arriba: hablaba desde la calle, desde los territorios oprimidos, desde la experiencia vivida.

Nos queda su ejemplo y su fuerza.
Nos toca seguir.

Jallalla, Reina. Tu palabra no muere.

Video archivo 2023


10/06/2025

CONVERSATORIO CON LAS COMUNIDADES INDIO COLALAO Y TAFÍ DEL VALLE
(Perspectivas de mujeres Indígenas frente al avance neocolonial)

Escuchamos a la Comunidad Tafi d3el Valle

10/06/2025

CONVERSATORIO CON LAS COMUNIDADES INDIO COLALAO Y TAFÍ DEL VALLE
(Perspectivas de mujeres Indígenas frente al avance neocolonial)

Escuchamos a la Comunidad Indio Colalao

NUEVA DETENCIÓN CONTRA FACUNDO JONES HUALA: LO ACUSAN DE INCITACIÓN EN UN CONTEXTO DE PERSECUCIÓN INDÍGENAFacundo Jones ...
09/06/2025

NUEVA DETENCIÓN CONTRA FACUNDO JONES HUALA: LO ACUSAN DE INCITACIÓN EN UN CONTEXTO DE PERSECUCIÓN INDÍGENA

Facundo Jones Huala fue detenido este domingo en El Bolsón por efectivos de la Policía Federal, en el marco de una nueva avanzada judicial impulsada por el gobierno nacional. La causa fue promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y actualmente está en manos de la Fiscalía Federal de Bariloche.

A Facundo Jones Huala se lo acusa de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación ilícita, a partir de expresiones vertidas durante la presentación de su libro Entre Rejas, antipoesía incendiaria, realizada a principios de año en Trevelin, territorio Mapuche en la provincia de Chubut.

El Ministerio de Seguridad consideró que esas declaraciones constituyen instigación directa a cometer delitos, posición que fue respaldada por la Fiscalía Federal. Desde el entorno de Jones Huala y diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos, en cambio, se señala que se trata de un nuevo intento de criminalizar la lucha Mapuche y silenciar las voces disidentes frente al modelo extractivo.

La detención fue celebrada por Bullrich a través de sus redes sociales, donde volvió a tildar a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de “organización violenta y terrorista”, apelando a un discurso que ya ha sido cuestionado por su sesgo ra***ta y represivo.

Facundo Jones Huala ya ha sido blanco de múltiples procesos judiciales, detenciones e incluso extradición, en causas atravesadas por denuncias de persecución política y racismo institucional. Actualmente permanece a disposición de la Justicia Federal, en un contexto donde se profundiza la represión estatal hacia las comunidades Indígenas que defienden sus territorios.


¡NO QUEREMOS OTRO METALHUASI!: SE ACTIVA UN NUEVO INTENTO DE DEVASTACIÓN MINERA SOBRE LA PUNA JUJEÑAEn la inmensidad de ...
08/06/2025

¡NO QUEREMOS OTRO METALHUASI!: SE ACTIVA UN NUEVO INTENTO DE DEVASTACIÓN MINERA SOBRE LA PUNA JUJEÑA

En la inmensidad de la Puna avanza un monstruo extractivo con una lógica ya conocida: Minas Kaia. Se trata de un paquete de 29 minas a cielo abierto proyectadas por la empresa New Energy Group S.A., que pretende arrasar más de 145.000 hectáreas de territorios productivos, sagrados y habitados, desde el salar de Guayatayoc hasta Pumahuasi (La Quiaca). La primera etapa de exploración afectará 5.000 hectáreas en el valle de Miraflores, departamento de Cochinoca, donde las comunidades se manifestaron con firmeza: ¡No queremos otro Metalhuasi! Las mineras no pasarán.

No es sólo un proyecto minero. Es un intento de borrar geografías completas: cordones montañosos, glaciares de agua dulce, humedales, cauces como el río Miraflores, fauna silvestre como pumas, vizcachas, parinas y suris, y con ellos, la vida misma de comunidades originarias que han cuidado este territorio por siglos.

Además de pretenden desaparecer los cerros también las comunidades como, Cangrejillos, El Tolar, Cara-Cara, Tambillos, Casabindo, Quera, Tinate Quichagua, Escaya, Sayate Oeste, Cochagaste, Agua Chica, Quera y Agua Caliente, Yumpaite, Ayllus Abralaite, entre muchas otras. La megaminería no consulta, no escucha, no respeta. Se impone con una lógica de despojo que amenaza también a los pueblos de Abra Pampa, Puesto del Marqués, Pumahuasi, y toda la población que vive en estas zonas, tanto en el campo como en la ciudad.

Impacto ambiental irreversible

En la zona cercana a la Laguna de Guayatayoc, buscan sales de litio, boratos, oro, plata y otros metales. La técnica más probable sería la minería a cielo abierto, lo que implicaría voladuras masivas del suelo, contaminación irreversible y uso intensivo de agua. “Una mina de este tipo contamina el agua por más de 3.000 años. Es una máquina de destrucción perpetua”, sostienen estudios realizados por científicos y especialistas.

Y mientras las empresas proyectan negocios millonarios, los pueblos enfrentan el fantasma del pasado reciente: en Abra Pampa, la contaminación con plomo provocada por la minera Metalhuasi afectó al 82% de lxs niñxs. Nunca hubo remediación. Hoy, la historia vuelve a repetirse con mayor ferocidad.

Territorio, no zona de sacrificio

Estas 145.000 hectáreas no son tierras vacías. Son zonas ganaderas, territorios indígenas, productivos, comunitarios y espirituales. Son lugares donde la gente cría llamas, vacas, ovejas, caballos, donde se cultivan plantas medicinales y se celebra la vida en cada ciclo de la Pachamama. Lo que para las empresas es “recursos naturales”, para los pueblos es vida colectiva.

Las tecnologías de explotación que hoy se promueven son más baratas para las mineras, pero más invasivas, tóxicas y devastadoras para la tierra y la población. Se trata de una recolonización extractivista en pleno siglo XXI, en nombre de una “transición energética” que en realidad recarga de sacrificio a los mismos de siempre.

Jujuy sigue de pie

Desde las comunidades se alza un “No pasarán” que no es sólo consigna, sino compromiso intergeneracional. Las organizaciones Indígenas saben que esta ofensiva extractiva no es nueva. La Puna ya ha sido campo de pruebas, zona de saqueo, y laboratorio de enfermedades impunes.
Pero también ha sido territorio de resistencia: del Malón de la Paz, de la lucha contra el plomo, de las mujeres indígenas defensoras del agua y la vida. Hoy, frente a “Minas Kaia”, el grito vuelve a ser claro: la vida no se negocia, el territorio no se vende.


CONVERSATORIO CON LAS COMUNIDADES INDIO COLALAO Y TAFÍ DEL VALLE(Perspectivas de mujeres Indígenas frente al avance neoc...
08/06/2025

CONVERSATORIO CON LAS COMUNIDADES INDIO COLALAO Y TAFÍ DEL VALLE
(Perspectivas de mujeres Indígenas frente al avance neocolonial)

🗓 10 de junio
🕕 18 hs (Argentina)
📡 Transmisión en vivo por Facebook Live TeleSISA

Este conversatorio n° 3 es parte del ciclo de conversatorios que propone un recorrido por distintos territorios del país donde comunidades Indígenas enfrentan actualmente desalojos forzados, amenazas, represiones y causas judiciales armadas, impulsadas por el avance extractivista y el gobierno neocolonial de Javier Milei. Luego de pasar por Jujuy, Río Negro y Neuquén, abordaremos ahora los casos de Tucumán.

■ En la zona de Los Grateos, tres familias de la Comunidad Indígena de Tafí del Valle fueron intimadas por la Dirección Provincial del Agua (DPA) a desalojar sus viviendas. Las familias viven allí desde hace décadas, con profundo arraigo territorial y cultural.

■ Por su parte, la Comunidad Indígena Indio Colalao, reconocida jurídica y territorialmente, enfrenta un despojo judicial impulsado por personas ajenas a la zona (familias Olbrich y Pondal). La jueza interviniente desestima las pruebas comunitarias y respalda documentos de dudosa legitimidad.

Esta situación afecta especialmente a mujeres, niñxs y animales, con episodios de hostigamiento armado y criminalización. Estos desalojos forzados se enmarcan en un modelo de saqueo que se impone sin consulta ni consentimiento, avalado por el Estado nacional mediante la Ley Bases, la derogación de la Ley 26.160, y el avance del RIGI, exponiendo a las comunidades a la violencia, el racismo institucional y el despojo territorial.

🔹 Panel:
• Marina Mamani, comunera de Indio Colalao
• Pedro Chávez, cacique de Indio Colalao
• Bartolina Casimiro y Mónica Méndez, Comunidad de Tafí del Valle
• Alejo Azar, cacique de Tafí del Valle
• Nina Lou, UPNDT (Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita)

🎙 Conduce: Karyna Hernández
🎥 Producción: Laki Quispe



CUANDO EL DESPOJO SE GESTA DESDE ADENTRO: COOPTACIÓN Y RESISTENCIA EN TERRITORIO SANAVIRÓN No fue un desalojo cualquiera...
07/06/2025

CUANDO EL DESPOJO SE GESTA DESDE ADENTRO: COOPTACIÓN Y RESISTENCIA EN TERRITORIO SANAVIRÓN

No fue un desalojo cualquiera. Como ocurre con frecuencia, se preparó con tiempo y sigilo; pero lo que lo hizo aún más cruel fue la traición. Esta vez, la familia Herrera del Pueblo Sanavirón, en la zona de Pampa Atún (departamento Mitre, Santiago del Estero), fue víctima de un plan articulado desde dentro y fuera de su propia comunidad originaria.

“Fue un grupo, más que nada. Tres consejeros, que deberían haber cuidado el territorio, fueron los que abrieron la puerta. Hicieron un acuerdo sin consultar a nadie, a espaldas del Pueblo”, cuenta Javier Montenegro, referente de la comunidad Indígena Sentimiento de mi Tierra e integrante del MOCASE Vía Campesina. Hoy, elige hablar para desenmascarar el entramado de complicidades que facilitó la entrega del territorio a privados y actores estatales.

El 4 de septiembre de 2024 se firmó un acuerdo —sin consentimiento colectivo— que entregó 2.800 hectáreas a Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei. Aunque medios como La Nación lo presentaron como una “donación” del empresario a la comunidad, en realidad fue un negocio: la comunidad no recibió tierras, sino que comenzó a ser expulsada. El Pueblo Sanavirón había recuperado ese territorio en 1999, tras resistir un intento de desalojo, y desde entonces lo defendía con Personería Jurídica y carpeta técnica, frente a nuevos intentos de usurpación, ahora por parte de la empresa La Ponderosa, de Norberto Milei. Las comunidades de Monte Crecido y Campo Martínez también forman parte de las tierras negociadas en ese acuerdo.

Una red de intereses: empresarios, Estado y traición

Los nombres se repiten. Adolfo Faría —ex referente del MOCASE Vía Campesina, expulsado por la asamblea general el 24 de noviembre de 2024— hoy es señalado como operador político de los Milei, vinculado al gobierno provincial. Antonio Campana, abogado ligado al aparato estatal; Pablo Mancilla, técnico del INAI, apuntado como uno de los planificadores del acuerdo. Y los tres consejeros comunales: Irma Aguirre, Gonzalo Galván y Román Guerrero, junto al CPI Enrique Acosta, firmaron el convenio entreguista. Todos, según denuncia la comunidad, operan con el respaldo del vicegobernador José Emilio Neder.

“Nosotros no compartimos esas políticas. No fuimos parte. No avalamos actos del gobierno ni campañas. Nunca nos consultaron”, afirmó Montenegro. Lo que siguió fue un proceso sistemático de hostigamiento: cierre de accesos al agua y pastaderos, vigilancia armada, amenazas y desalojos sin orden judicial. “Hay que estar todos los días vigilando que no entren, que no alambren, que no echen a los animales”, contó.

Un plan de ocupación forzada

El despojo comenzó antes del acuerdo. El primer intento fue el 24 de septiembre de 2023: una parte de la casa de la familia Herrera fue destruida, les robaron todo y los expulsaron. Lograron volver. Pero el 5 de abril de 2025, un nuevo ataque lo destruyó todo. “Esta vez fue total. Vinieron a la madrugada, tumbaron la casa, se llevaron los animales. Fue una banda armada contratada por Milei y Faría. No dejaron nada”, relató.

A pesar de la violencia, la comunidad no se fue. El desalojo fue parcial. El Pueblo Sanavirón sigue resistiendo y habitando el territorio. Denuncian que el plan de fondo es avanzar con un modelo agroganadero y turístico: cabañas para cazadores, actividades turísticas, alquiler del territorio a empresarios. Todo sin consulta ni consentimiento, violando el derecho colectivo.

Más allá del hostigamiento directo, lo que se revela es una estrategia más profunda: la cooptación de referentes comunitarios para facilitar el avance extractivo, bajo el disfraz de acuerdos legales. La legitimidad de quienes alguna vez defendieron el territorio hoy es usada para abrirle paso a negocios privados. “No aceptamos la entrega de nuestras tierras. No vamos a permitir que nos expulsen con mentiras ni que usen nuestras luchas para negocios familiares”, denunció el referente.

Una fractura en el movimiento y el avance de los empresarios

El MOCASE, como parte del movimiento del Pueblo Nación Sanavirón, hoy está fragmentado. Las divisiones —en parte causadas por la cooptación de referentes— han debilitado su capacidad de respuesta unificada. Mientras una fracción se alinea con el gobierno y avala acuerdos con empresarios, otras resiste desde los territorios. Esta fractura es funcional al avance extractivo: divide a las comunidades, deslegitima la lucha colectiva y abre camino a negociados que comprometen la autodeterminación de los Pueblos.

La resistencia no se entrega

En medio de este escenario, la comunidad Sentimiento de mi Tierra continúa defendiendo lo que es suyo. El conflicto no es solo por hectáreas: es por el derecho a existir como Pueblo, a criar, sembrar y cuidar los montes. Esta historia no fue noticia en los grandes medios. Pero late en la memoria de quienes resisten y en la conciencia de que el colonialismo actual ya no siempre llega con uniforme: a veces, tiene rostro conocido.


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