13/09/2026
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EL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO Y NEWMONT ESCALA: DENUNCIAN UN DERRAME DE CIANURO Y LA EMBAJADA DE EE. UU. PEDIRÍA REUNIRSE CON CLAUDIO VIDAL
El conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont escaló en las últimas horas luego de que la Provincia denunciara graves irregularidades en materia de seguridad dentro de Cerro Negro, entre ellas un derrame de cianuro, vehículos que no contarían con las habilitaciones correspondientes y distintas situaciones que derivaron en seis ceses de tareas.
El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; Sebastián Santillán; representantes del Ministerio de Seguridad y otras autoridades provinciales participaron de los controles y labraron numerosas infracciones durante las inspecciones realizadas en el yacimiento.
Además, el Gobierno denunció que, al arribar al acceso ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 39, personal de Newmont habría cerrado los portones con candados e impedido el ingreso de los inspectores.
La situación derivó en una orden judicial de allanamiento y en el posterior ingreso de una comitiva policial. Desde la Provincia incluso señalaron que 12 efectivos habrían quedado retenidos dentro del establecimiento.
AOMA Y ASIMRA RESPALDARON LOS CONTROLES
En medio de la tensión, AOMA Santa Cruz y ASIMRA Seccional Santa Cruz expresaron públicamente su respaldo a las inspecciones y se declararon en alerta.
Ambos gremios acompañaron las medidas destinadas a garantizar condiciones de seguridad e higiene y remarcaron que la prioridad debe ser resguardar la integridad de los trabajadores.
LA EMBAJADA DE EE. UU. BUSCARÍA REUNIRSE CON VIDAL
Mientras continúa el conflicto, la Embajada de Estados Unidos estaría siguiendo de cerca la situación y buscaría concretar una reunión con el gobernador Claudio Vidal.
Las cámaras mineras CAEM y CAMICRUZ también estarían al tanto de lo ocurrido, al igual que el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.
Newmont, por su parte, transmitió un mensaje interno a sus empleados en el que aseguró que continuará colaborando con las autoridades, aunque manifestó preocupación por situaciones que, según la compañía, no contribuirían a generar un clima de trabajo basado en el respeto y el diálogo.
Desde el Gobierno provincial ratificaron que los controles continuarán y no descartaron evaluar una eventual clausura total del yacimiento si las irregularidades detectadas así lo justifican.
“Acá trabajan 1.200 personas y sus familias esperan que regresen sanas y salvas”, señalaron desde el Ejecutivo.
“UN GRAMO DE ORO NO VALE UNA VIDA”.
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