12/05/2026
𝗣𝗮𝘀𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗼: 𝗰𝗼́𝗺𝗼 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 “𝗪𝗮𝗱𝗼” 𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗼́ 𝗲𝗹 𝗮𝗴𝘂𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗮 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹
Una investigación periodística basada en documentos oficiales, contratos públicos, pedidos de acceso a la información, declaraciones de funcionarios y antecedentes internacionales revela cómo la empresa estatal israelí Mekorot logró insertarse en el sistema hídrico argentino mediante convenios firmados con provincias y organismos estatales sin procesos licitatorios abiertos, con cláusulas de confidencialidad y escaso control parlamentario.
En el centro del esquema aparece Eduardo 'Wado' de Pedro, entonces ministro del Interior, quien encabezó la articulación política que permitió el desembarco de Mekorot en al menos doce provincias y posteriormente en AySA, la empresa que presta servicio de agua potable y saneamiento a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La trama, impulsada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), hoy genera fuertes cuestionamientos políticos, jurídicos y geopolíticos, incluso entre sectores que históricamente integraron el mismo espacio político que promovió los acuerdos.
𝗘𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝗸𝗼𝗿𝗼𝘁: 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀
El proceso comenzó a tomar forma pública en abril de 2022, cuando De Pedro encabezó una misión oficial a Israel junto a gobernadores, funcionarios provinciales y representantes del CFI. Durante esa gira, la delegación recorrió instalaciones de Mekorot, plantas de desalinización y sistemas de administración hídrica. Al finalizar el viaje, se anunció un acuerdo de cooperación técnica con la empresa israelí.
Pocas semanas después, el entonces ministro recibió en Casa Rosada a Diego Berger, coordinador de Proyectos Especiales Internacionales de Mekorot, junto a funcionarios nacionales y autoridades de AySA. Allí comenzó a delinearse el denominado “Masterplan del Agua”, un programa de asistencia técnica y elaboración de planes maestros hídricos para distintas provincias argentinas.
Entre 2022 y 2024, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Chubut y Neuquén avanzaron con acuerdos de cooperación o consultoría vinculados a Mekorot.
El acto político más importante ocurrió el 13 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Kirchner, donde De Pedro encabezó la firma de nuevos convenios junto a gobernadores provinciales, el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, el embajador israelí y autoridades del CFI.
𝗘𝗹 𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗙𝗜 𝘆 𝗲𝗹 𝗰𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
La estructura institucional utilizada para instrumentar los acuerdos fue el CFI, organismo interprovincial que posee autonomía operativa y mecanismos de control distintos a los de la administración nacional tradicional.
Diversos especialistas y organizaciones socioambientales sostienen que esa ingeniería institucional permitió evitar licitaciones públicas y reducir el nivel de supervisión legislativa sobre contratos vinculados a recursos estratégicos.
En ese esquema aparece como figura clave Ignacio Lamothe, secretario general del CFI y hombre cercano a De Pedro. Según denuncias y análisis publicados por organizaciones y medios especializados, Lamothe habría actuado como articulador operativo entre la voluntad política del Ministerio del Interior y la ejecución contractual con Mekorot.
También aparece mencionado Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, quien participó en actos oficiales vinculados a los acuerdos y fue señalado por sectores críticos como un nexo de lobby y diplomacia empresarial entre Israel y funcionarios argentinos.
𝗟𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
Uno de los puntos más controvertidos del caso es el carácter reservado de gran parte de los convenios.
De acuerdo con investigaciones de organizaciones socioambientales y pedidos de acceso a la información pública, sólo una parte de los acuerdos pudo conocerse parcialmente y apenas un contrato —el de Río Negro— salió a la luz de forma relativamente completa.
Ese documento reveló cláusulas particularmente sensibles:
contratación directa sin licitación pública;
cláusulas de confidencialidad;
sometimiento de eventuales controversias a arbitraje internacional;
cesión de información hídrica y geológica estratégica;
compromisos de inmunidad y cobertura de daños para la empresa contratista.
Legisladores provinciales y organizaciones civiles cuestionaron además que los convenios fueran firmados sin debate parlamentario amplio ni mecanismos de consulta pública.
En Río Negro, dirigentes opositores reclamaron explicaciones sobre el alcance de la cesión de datos hídricos y geológicos provinciales. En Chubut, la presión de organizaciones ambientales y comunidades locales derivó en la cancelación del convenio con Mekorot.
𝗔𝘆𝗦𝗔, 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮
La controversia escaló en 2025, cuando trascendió que Mekorot también se encontraba trabajando como asesora de AySA. El dato fue reconocido públicamente por Diego Berger, aunque la empresa israelí negó estar interesada en comprar la compañía estatal argentina.
El episodio generó una fuerte contradicción política para De Pedro.
Mientras durante su gestión como ministro impulsó activamente el desembarco de Mekorot en provincias y organismos vinculados al agua, ya como senador nacional presentó proyectos para impedir la privatización de AySA y declaró que “el agua es un derecho humano y no un negocio”.
Sectores críticos consideran que existe una incompatibilidad política entre ambos posicionamientos: por un lado, haber promovido el ingreso de una empresa estatal extranjera en áreas estratégicas del sistema hídrico; por otro, presentarse luego como defensor de la soberanía hídrica frente a posibles privatizaciones.
Legisladores y referentes políticos cuestionaron tanto la falta de transparencia de los acuerdos como el carácter estratégico de la información transferida.
Las críticas apuntan especialmente a:
la ausencia de licitaciones internacionales abiertas;
la reserva de los contratos;
el manejo centralizado de la información hídrica;
la falta de control legislativo;
y la participación de una empresa estatal extranjera en la planificación de recursos naturales estratégicos.
Diversos sectores sostienen que el problema excede la discusión partidaria y abre interrogantes sobre soberanía, seguridad estratégica y administración futura del recurso hídrico argentino.
𝗠𝗲𝗸𝗼𝗿𝗼𝘁 𝘆 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗼
Mekorot no es una empresa privada convencional. Se trata de la compañía nacional de aguas de Israel, fundada en 1937, responsable de la mayor parte del abastecimiento hídrico de ese país.
Su actuación internacional ha sido objeto de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales debido a políticas vinculadas al acceso al agua en territorios palestinos ocupados.
Organizaciones como Oxfam y diversas entidades humanitarias denunciaron durante los últimos años el uso del control hídrico como herramienta de presión territorial y humanitaria en Gaza y Cisjordania. (IADE)
Ese historial explica parte del rechazo que los convenios generaron en sectores sociales y políticos argentinos, especialmente en organizaciones ambientales, de derechos humanos y comunidades indígenas.
