12/09/2026
Tras nueve años de litigio, la Justicia de Pergamino ordenó reparar un camino rural
Después de casi nueve años de litigio por el estado de los caminos rurales, la Justicia ordenó a la Municipalidad de Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que en un plazo de 60 días repare y mantenga con una periodicidad razonable los caminos que permiten acceder al establecimiento rural La Querencia SA, de unas 591 hectáreas, propiedad de Gastón Aguirre. El fallo reconoció el derecho del demandante a contar con vías de circulación adecuadas para poder ingresar al campo, trabajar y retirar su producción. Hoy el intendente es Waldemar Giordano (Unión por la Patria).
La sentencia fue dictada el 25 de junio pasado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino, en una causa iniciada en 2017, cuando La Querencia recurrió a la Justicia tras reclamar al municipio obras para reparar los caminos de acceso al establecimiento. En paralelo, días atrás la Sociedad Rural de Colón y productores independientes presentaron una carta ante el municipio para solicitar información sobre los ingresos y gastos destinados a la red vial durante los últimos cuatro años. La iniciativa surgió ante el deterioro de distintos caminos rurales y las dudas del sector sobre el destino de los fondos recaudados para su mantenimiento.
El caso de La Querencia se originó por el mal estado del camino de acceso a su establecimiento que se encontraba por debajo del nivel de los campos linderos, acumulaba agua y se volvía intransitable. La situación, que se remontaba a 2007, llegó a impedir el ingreso de camiones para retirar granos y dificultó el traslado de hacienda.
Aguirre sostuvo que el deterioro de los caminos rurales se profundizó durante los últimos 15 años y que hace tiempo existen serias dificultades para sacar hacienda y granos de los establecimientos. “Nos hemos venido arreglando como pudimos, haciendo malabares”, señaló. Ademas agregó que en algunos momentos “no puede entrar ni una camioneta”.
Según relató, el problema no se limita a los períodos de lluvias. “No hay alcantarillas ni cunetas”, afirmó. Ante la falta de respuestas, se ofreció, como otros productores, a aportar materiales y combustible. “Les he dicho de comprar las alcantarillas, a darles 500 litros de gasoil porque me sale más barato eso que no poder salir con los camiones, pero nunca hubo respuesta”, contó.
Para el productor, el fallo genera satisfacción después de casi una década de idas y vueltas, aunque lamentó haber tenido que llegar a la Justicia. “La sensación que tengo después de casi 10 años es de satisfacción, lógicamente. Ojalá sirva para que los políticos se pongan las pilas y no desvíen la plata de la tasa vial para sus campañas”, sostuvo. También destacó que pese al estado de los caminos rurales, los productores continuaron pagando el impuesto inmobiliario y la tasa de red vial pese al deterioro de los caminos: “Y todos los caminos rurales están dinamitados”.
CASI 10 AÑOS DE ESPERA
La demanda fue presentada en julio de 2017 y, tras distintas instancias judiciales, fue reformulada como una acción de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Luego de la etapa de prueba y los alegatos, el expediente quedó listo para la sentencia.
Uno de los elementos centrales que tomó el juez para resolver fue la prueba sobre el estado real de los caminos. En el expediente consta un acta notarial de 2017 en la que se dejó asentado que el camino de acceso estaba completamente anegado y que era imposible avanzar por ese sector, ubicado unos 150 metros antes del establecimiento.
También intervino un perito ingeniero civil, quien constató que los caminos, de suelo natural, perdían capacidad de resistencia con la lluvia y la humedad, lo que dificultaba o impedía la circulación de vehículos y maquinaria pesada. El informe pericial incorporó además un dato especialmente relevante para la resolución.
En varios sectores, el camino se encontraba entre 30 y 40 centímetros por debajo del nivel de los campos linderos, lo que favorecía el ingreso y acumulación del agua. El profesional señaló que no había cunetas adecuadas y que la capacidad de escurrimiento era muy baja. El peritaje también señaló la falta de obras recientes de mantenimiento y alteo y consideró que estas últimas probablemente nunca se habían realizado, ya que no encontró evidencias de aporte de material para elevar el camino.
El municipio de Colón sostuvo que realizaba mantenimiento periódico con recursos propios y atribuyó los anegamientos a la topografía y al escurrimiento de agua de los campos, además de mencionar un proyecto hidráulico provincial para abordar el problema. Sin embargo, para el juez esa explicación no alcanzó para acreditar que el servicio se prestara de manera efectiva. Savignano sostuvo que las pruebas reunidas mostraban que los caminos de acceso al establecimiento “distan de poder ser considerados aptos para su uso”.
El magistrado remarcó además que la obligación municipal no se limita a realizar alguna reparación aislada, sino que comprende el cuidado, mantenimiento, conservación y reparación de los caminos que se encuentran bajo su jurisdicción. En el caso de Colón, recordó que el municipio está alcanzado por el régimen que le asigna el mantenimiento de la red vial provincial de tierra dentro de su jurisdicción. La sentencia también puso el foco en la tasa red vial: aunque La Querencia la paga, el juez consideró que no se acreditó la prestación efectiva del servicio de conservación, reparación y mejorado de los caminos para ese establecimiento.
En la Sociedad Rural de Colón expresaron que el fallo muestra a las claras el estado de los caminos rurales en todo el partido porque “si bien se trata de un establecimiento particular, todos saben que ese es el estado general de todos los caminos rurales del partido”.
José Manfredini, vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, dijo que el mismo municipio reconoció que solo el 20% de los caminos rurales están reparados: “Un 20% de 800 kilómetros de caminos rurales, una barbaridad, y han cobrado un 90% de la tasa vial. Es decir que solamente han aplicado el 30% de los fondos. Y no nos rinden las cuentas de lo que gastaron”.
