07/09/2026
¿Una empresa creada hace meses se queda con 210.000 toneladas de carbón estatal y una inversión de USD 120 millones?
Una investigación de OPI Santa Cruz revela las sombras detrás del acuerdo que impulsa la intervención de YCRT y la demanda judicial inminente que amenaza con destapar un escándalo de corrupción.
Para cubrir un déficit operativo de más de $127.700 millones, el interventor Pablo Gordillo presentó como salvadora a Energy Commodities Group (ECG). Sin embargo, un dossier empresarial advierte que se trata de una LLC registrada en Florida recién en octubre de 2025, sin historial comercial ni garantías comprobables.
El trasfondo expone un presunto salto de acuerdos y falta de controles:
🚨 Empresa express: ECG carece de trayectoria técnica, pero el Estado le preadjudicó 7 embarques y evalúa entregarle el 39% societario.
🤝 Pacto roto: Alexis Romero, directivo de ECG, había firmado previamente un acuerdo de confidencialidad con Biomass Global Management (BGM) para colocar ese carbón y terminó cerrando el negocio por cuenta propia.
🚢 Cero control y cuello de botella: La intervención admitió desconocer el destino final del mineral, mientras el puerto de Punta Loyola ni siquiera cuenta con las habilitaciones para garantizar las cargas.
Frente a la omisión de auditorías básicas de solvencia (Due Diligence), BGM prepara una demanda judicial contra la intervención.
¿Negocio a medida o urgencia desmedida? Dejá tu opinión en los comentarios.