15/08/2026
OPERATIVO POR UN VENDEDOR AMBULANTE: ¿SE ESTÁ PRIORIZANDO CORRECTAMENTE EL USO DE LOS RECURSOS?
Un mensaje publicado por un vecino de Salto volvió a poner sobre la mesa un debate que merece ser abordado: el criterio con el que se despliegan los recursos de seguridad y control en la vía pública.
“3 móviles de fuerzas especiales, 3 móviles de Control Urbano. 20 personas tranquilamente. Con itacas en la mano. Por un vendedor ambulante”, expresó el vecino, quien cuestionó que un operativo de semejante magnitud se destine a una situación que, más allá de la infracción que pueda estar cometiéndose, no reviste las mismas características que un hecho delictivo violento.
El mismo vecino relató una situación que, de acuerdo con su testimonio, ocurrió en la ciudad: aseguró haber observado a una persona cometer un robo, seguirla hasta el lugar donde ingresó y posteriormente concurrir a la comisaría para solicitar asistencia para la víctima. Según manifestó, en ese momento no habría recibido la respuesta que esperaba.
“Fui a buscar a alguien a la comisaría para que auxilie a la persona que había sido asaltada en la vía pública, vaya a buscar al chorro. ¿Sabés quién fue? NADIE”, señaló.
La comparación planteada por el vecino abre un interrogante que excede el caso puntual: ¿se están utilizando de manera adecuada los recursos disponibles y se están estableciendo correctamente las prioridades?
LA VENTA AMBULANTE ESTÁ PROHIBIDA, PERO LA ORDENANZA PUEDE DISCUTIRSE
En Salto, la venta ambulante se encuentra prohibida por la normativa municipal vigente. Por lo tanto, los agentes que intervienen ante este tipo de situaciones actúan en el marco de una ordenanza que establece determinadas restricciones. Sin embargo, que una actividad esté prohibida no significa que la discusión política deba terminar allí.
La realidad económica del país cambió profundamente en los últimos años. La pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y las dificultades para acceder a un empleo formal llevaron a muchas personas a buscar alternativas de subsistencia.
En ese contexto, es momento de que el Concejo Deliberante vuelva a revisar la normativa que regula la venta ambulante en Salto.
No necesariamente para eliminar controles ni para permitir una actividad sin ningún tipo de regulación, sino para analizar si la ordenanza vigente continúa respondiendo a la realidad social y económica de la ciudad.
Podrían discutirse alternativas como permisos temporales, registros municipales, sectores determinados, requisitos sanitarios y controles específicos, de manera que quienes necesitan generar ingresos puedan hacerlo dentro de un marco regulado.
SEGURIDAD: EL DEBATE TAMBIÉN ES SOBRE PRIORIDADES
El cuestionamiento del vecino tampoco debería interpretarse como una defensa de la infracción.
La discusión de fondo es otra: qué respuesta merece cada situación y cómo se distribuyen los recursos humanos y materiales del Estado.
Un operativo con varios móviles y numerosos agentes puede ser necesario cuando existe una situación que representa un riesgo para terceros. Pero cuando se trata de una infracción administrativa, cabe preguntarse si es razonable desplegar un dispositivo de semejante magnitud.
Al mismo tiempo, los vecinos esperan una respuesta rápida cuando denuncian robos, arrebatos u otros delitos que afectan directamente su seguridad. Por eso, el reclamo merece ser escuchado.
La seguridad no consiste solamente en tener más móviles en las calles.
También implica utilizar correctamente esos recursos, establecer prioridades y garantizar que las respuestas estatales sean proporcionales a cada situación.
El caso del vendedor ambulante puede ser puntual, pero el debate que genera es mucho más amplio. En una ciudad donde cada recurso público debe utilizarse con responsabilidad, quizás sea momento de revisar tanto las prioridades operativas como las normas que regulan determinadas actividades.
Y si la realidad económica cambió, las ordenanzas también deberían estar abiertas a ser revisadas.
