Secretos a voces - Santiago del Estero

14/07/2025

Gerardo Zamora y el control total: cómo opera el crimen bajo su gobierno

Douglas Farah, uno de los analistas más respetados en seguridad regional y crimen organizado, lanzó una grave advertencia sobre la situación institucional de Santiago del Estero, Argentina. En una reciente entrevista con Eduardo Feinmann para Radio Mitre, Farah describió a la provincia como “un Estado totalmente feudal” donde el poder absoluto permite la expansión sin freno del crimen organizado.

Según Farah, desde el año 2005 Santiago del Estero está controlada por una estructura política que funciona como una monarquía moderna: el matrimonio entre Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala. Esta pareja ha consolidado un dominio total sobre las instituciones provinciales, eliminando cualquier forma de contrapeso democrático.

“El gobernador controla su propia policía, su propio sistema de inteligencia, el aparato judicial y los medios de comunicación”, detalló el experto.

Este modelo de hiperconcentración del poder, advierte Farah, crea las condiciones ideales para que estructuras criminales se asienten y operen con total impunidad. La ausencia de controles externos y de justicia independiente convierte a la provincia en terreno fértil para el crimen organizado.

Entre las actividades delictivas que afectan a Santiago del Estero, Farah destacó el “bombardeo de cocaína”, las usurpaciones de tierras y la falta total de controles institucionales. Estas prácticas no solo dañan a la población local, sino que fortalecen economías ilegales que se expanden con apoyo o tolerancia estatal.

Asimismo, el especialista señaló que la responsabilidad no recae únicamente en el poder provincial:

“Hay un intercambio de votos por impunidad” que se negocia en el Congreso nacional, aseguró.

Esta dinámica —en la que los gobiernos provinciales ofrecen lealtad política a cambio de libertad para operar sin rendición de cuentas— no es exclusiva de Santiago del Estero. Farah mencionó también a Formosa y Chaco como provincias bajo lógicas similares.

El concepto clave que Douglas Farah introduce es el de “feudalismo político”, donde los gobernadores actúan como señores feudales modernos, con control total sobre los recursos, las fuerzas de seguridad y la justicia. Esta situación permite la infiltración de redes ilegales, muchas veces con conexiones internacionales.

A pesar de los discursos oficiales que proyectan una imagen de normalidad democrática y progreso, las declaraciones de Farah revelan una realidad muy distinta. Tras esa fachada, Santiago del Estero enfrenta una severa crisis institucional, marcada por la persecución política, la precarización del sistema judicial y la penetración de redes delictivas.

El caso de esta provincia se convierte en un símbolo de cómo los vacíos institucionales pueden ser aprovechados por redes criminales, mientras el poder político opera sin supervisión y con complicidad a nivel nacional.

Las declaraciones de Douglas Farah confirman lo que muchos medios independientes y referentes sociales vienen denunciando hace años: Santiago del Estero no solo sufre un problema local, sino que representa un nodo clave en el entramado del crimen organizado en el norte argentino.

13/06/2025

A más de cuatro años del inicio de la pandemia la maquinaria judicial del zamorismo no da tregua y continúa emitiendo intimaciones de pago a ciudadanos que, durante la cuarentena, supuestamente violaron las restricciones impuestas. Aunque el mundo siguió adelante, en esta provincia del norte argentino, el pasado represivo todavía cobra intereses. Es así que siendo junio del 2025 el Juzgado de Ejecución Fiscal de la provincia continúa procesando notificaciones para el cobro de estas multas, que en muchos casos superan los $100.000 en valores actualizados. Estas sanciones, aplicadas entre 2020 y 2021, abarcaban desde infracciones menores, como no usar barbijo en la vía pública, hasta casos como la organización de reuniones sociales o fiestas clandestinas.



Bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, el gobierno de Zamora convirtió a Santiago del Estero en un laboratorio de control social entre 2020 y 2021. Las restricciones, que incluían toques de queda virtuales y la obligatoriedad del uso de barbijos, fueron acompañadas por un sistema de sanciones draconianas. El Juzgado de Ejecución Fiscal, hoy encargado de perseguir a los ciudadanos con intimaciones de pago, se convirtió en un engranaje más de la maquinaria zamorista, que no dudó en castigar a la población con multas desproporcionadas y procesos sin garantías.



El exfiscal Sebastián Robles, cuya credibilidad quedó en entredicho tras el escándalo del femicidio de Carla Kapp, estimó que se iniciaron unas 25.000 causas por infracciones a la cuarentena. Sin embargo, la opacidad del sistema judicial zamorista impide conocer la cifra real o el estado de estas causas, dejando a los sancionados en un limbo de indefensión.







Multas Exorbitantes: El Castigo Económico del Zamorismo



Las sanciones económicas impuestas durante la cuarentena reflejan la voracidad del régimen zamorista. En abril de 2020, no usar barbijo en la vía pública podía costar entre $2.000 y $10.000, mientras que circular en vehículo sin autorización implicaba multas de $30.000 y la retención del rodado. Para los organizadores de reuniones sociales, las multas alcanzaban los $60.000 en agosto de 2020. Con la inflación, estas cifras se dispararon, y hoy los ciudadanos enfrentan deudas que superan los $100.000, sin posibilidad de defensa ni criterios claros de actualización.



Lo más indignante es la falta de proporcionalidad. Muchos sancionados eran trabajadores esenciales que, obligados a cumplir horarios extenuantes, fueron multados por estar en la calle sin transporte público disponible. Otros fueron castigados por estar en la vereda de sus hogares o por errores administrativos en sus permisos de circulación. El zamorismo no tuvo piedad: las actas policiales se tomaron como prueba irrefutable, sin espacio para descargos.







Abusos Policiales: La Cara Más Siniestra del Zamorismo



El zamorismo desató a la policía como un instrumento de represión y temor. Durante la cuarentena, las fuerzas de seguridad actuaron con carta blanca, cometiendo abusos que quedaron documentados en un informe del Instituto de Estudios Sociales (INDES) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Detenciones arbitrarias, maltrato físico, hacinamiento en centros de detención –que fomentaban el contagio del virus– y hasta cuatro muertes vinculadas a la actuación policial marcaron este período. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, cómplice del régimen, se negó a investigar estos casos, mientras la Secretaría de Derechos Humanos, liderada por Daniela Aguila, ignoró las denuncias con una indolencia premeditada.



La policía no solo sancionaba: humillaba. Ciudadanos fueron “cazados” en operativos que parecían diseñados para inflar estadísticas de control, no para proteger la salud pública. El hacinamiento en comisarías, donde los detenidos eran amontonados sin medidas sanitarias, expuso la hipocresía de un gobierno que decía combatir el virus mientras ponía en riesgo a la población.







La Impunidad Judicial y Administrativa



El zamorismo no solo castigó a los ciudadanos, sino que blindó a sus aliados. Las multas se aplicaron sin procesos transparentes, y los sancionados no tuvieron derecho a defensa. En el ámbito penal, las imputaciones por “propagación culposa de enfermedad contagiosa” (artículos 203 y 205 del Código Penal) resultaron en condenas de hasta tres años de prisión en suspenso, mientras que los empleados públicos enfrentaron la cesantía inmediata, una medida que destrozó familias en plena crisis económica.



La justicia zamorista, lejos de ser independiente, actuó como un brazo ejecutor del régimen. Las actas policiales, plagadas de irregularidades, fueron suficientes para condenar a miles, mientras las denuncias contra los abusos policiales se archivaban sin investigación. Esta impunidad, que persiste hasta hoy, es una de las heridas más profundas dejadas por la pandemia.







El Impacto Social: Una Sociedad Marcada por el Temor



Las multas no solo tuvieron un impacto económico, sino que dejaron cicatrices sociales. En una provincia golpeada por la pobreza, las sanciones económicas fueron una carga insostenible para muchas familias. La estigmatización de los “infractores” y el clima de temor instaurado por la policía crearon una sociedad dividida, donde el zamorismo consolidó su poder a costa de los derechos ciudadanos.



Hoy, las intimaciones para pagar estas multas reavivan el dolor y la indignación. Los ciudadanos se sienten perseguidos por un régimen que no olvida ni perdona, mientras los responsables de los abusos siguen intocables. Organizaciones de derechos humanos y abogados locales han iniciado acciones para impugnar estas sanciones, pero el camino es arduo frente a un sistema judicial cooptado por el zamorismo.

30/05/2025

Santiago del Estero enfrenta una dura acusación pública: el abandono estatal en materia de salud ha obligado a varias familias a huir de la provincia para poder salvar la vida de sus hijos. La denuncia, realizada por el Gran Grupo Solidario de Tucumán, no solo expone historias conmovedoras, sino que pone en jaque la gestión del gobernador Gerardo Zamora, apuntando a una alarmante falta de hospitales, médicos y asistencia básica, mientras se invierten cifras multimillonarias en espectáculos deportivos y megaobras.

Una realidad que duele: Mía y Sarahí, símbolos del abandono

La historia difundida por el grupo solidario comienza con dos nombres que ya recorren las redes sociales como sinónimo de desesperación y lucha: Mía y Sarahí, dos niñas santiagueñas que fueron trasladadas de urgencia a Tucumán ante la inexistencia de atención médica adecuada en su provincia de origen.

Mía fue operada del corazón en el Hospital de Niños de Tucumán. Su familia, sin recursos y sin alternativas en Santiago del Estero, se vio forzada a dejar todo atrás para buscar atención médica vital. Sarahí, por su parte, llegó a Tucumán con un tumor cerebral. Ella, su madre y su abuela terminaron durmiendo en un banco, a la intemperie, mientras esperaban que fuera atendida.

> “Señor Gobernador, ¿usted sabe cómo se llama la bebé de la primera foto? Se llama Mía”, comienza el mensaje viral que se ha convertido en bandera de indignación popular.

Otra familia, otro miedo: la censura del silencio

Además de los casos de Mía y Sarahí, el Gran Grupo Solidario denuncia la situación de una tercera familia santiagueña que, por temor a represalias políticas y laborales, decidió no aparecer en las fotos difundidas. El miedo a “perder el trabajo” si se hiciera pública su identidad muestra no solo una crisis sanitaria, sino una atmósfera de censura y persecución en la provincia.

Estadios y autódromos versus camas de hospital

El contraste es tan fuerte como indignante. Mientras familias enteras deben dormir en la calle esperando que un médico las atienda en otra provincia, el gobierno de Santiago del Estero presume estadios, autódromos internacionales y eventos deportivos millonarios.

> “Está muy bien pensado el estadio Madre de Ciudades. Está bello el autódromo que alberga el MotoGP. Se dice que dejó 80.000 millones para la provincia. ¿Pero qué se hace con esa plata? Porque hospitales no se hacen”, cuestiona la organización solidaria.

Este enfoque de gestión pública —basado en la espectacularidad de la obra pública, pero sin impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos— ha generado una fuerte ola de críticas, incluso desde sectores históricamente indiferentes a la política provincial.

El rol de la sociedad civil: asistencia donde el Estado no llega

Mientras el Estado brilla por su ausencia, la sociedad civil se organiza. El Gran Grupo Solidario ha tenido que asumir tareas que corresponderían al gobierno: alquilar departamentos, conseguir viviendas temporales, comprar medicamentos, coordinar traslados.

> “Le pagamos un departamento a dos familias de su provincia que dormían en la calle a la espera de que a sus hijos les den el alta. Conseguimos una casa para que albergue a Sarahí, su madre y su abuela, que dormían en la calle en pleno invierno”, relatan con claridad.

No se trata de hechos aislados. Lo que comenzó como un acto de solidaridad espontánea se ha convertido en una constante: santiagueños huyendo por salud, dependiendo de la caridad ajena para sobrevivir.

“Prioridades, señor Gobernador. Cambie las prioridades. Haga hospitales, no sea tan vende humo y priorice el bienestar de los santiagueños”.

Entre la propaganda y la urgencia: ¿quién defiende la salud pública?

La situación descripta no es un simple problema administrativo. Es una tragedia social en curso. Cada familia que abandona Santiago del Estero por falta de atención médica es una denuncia viviente del fracaso estatal.

Detrás de cada niño trasladado, hay un médico que no estaba, una cama que no existía, un hospital que jamás se construyó.

Mientras las luces del estadio brillan en los titulares nacionales y los visitantes disfrutan del MotoGP, los santiagueños más pobres se quedan sin pediatra, sin cardiocirujano, sin oncólogo, sin esperanza.

24/05/2025

La salud colapsa mientras el relato oficial se maquilla

El secretario de Salud de Santiago del Estero, Gustavo Sabalza, intentó justificar la saturación del Hospital Regional Ramón Carrillo culpando a la falta de “educación” de la población, omitiendo con deliberación los factores estructurales que tienen al sistema sanitario provincial al borde del colapso. Los hospitales del interior carecen de recursos y personal por los sueldos irrisorios que paga el Estado, y terminan derivando hasta casos leves a los hospitales centrales, generando un embudo que condena a cientos de pacientes a esperas inhumanas y atenciones tardías, muchas veces en pasillos o veredas. La sobrecarga no es consecuencia de la “desinformación ciudadana”, sino de una política pública desinteresada en la salud como derecho esencial.

Mientras el gobierno provincial se ufana de inaugurar centros sanitarios que no pueden retener ni a un médico generalista, invierte sumas multimillonarias en eventos turísticos y obras faraónicas para la foto, muchas adjudicadas siempre a los mismos contratistas cercanos al poder. Sabalza, en su intervención radial, omitió hablar de la violencia obstétrica, de las denuncias por mala praxis, del caos en seguridad vial y del deterioro edilicio del Carrillo —baños en estado calamitoso incluidos—, mientras asegura que “no se desatiende a ningún paciente”. El contraste con la realidad no puede ser más obsceno.

Más preocupante aún es el intento de cargar en los ciudadanos pobres la responsabilidad de prevenir enfermedades, cuando gran parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza y se ve forzada a alimentarse mal, trabajar el doble y no acceder a servicios básicos. Sabalsa exige dieta saludable o actividad física a quien apenas sobrevive. La gestión sanitaria de Santiago del Estero no colapsa por un virus de temporada: se derrumba bajo el peso de la desidia, la propaganda y el cinismo oficial.

23/05/2025

Mientras los caminos se hunden, el gobierno de Zamora construye lujosas oficinas para la AFA con los fondos de Infraestructura Vial: la desconexión total de Santiago del Estero
El reciente proyecto de construcción del nuevo Centro de la AFA en Santiago del Estero ha generado una controversia considerable, ya que fue financiado con recursos públicos que originalmente estaban destinados a la mejora de la infraestructura vial. Esta obra, que costó más de \$1.000 millones, será inaugurada en los próximos días por Claudio Tapia y Gerardo Zamora, pero la decisión de destinar fondos del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial" para un edificio de oficinas en la capital provincial ha sido duramente criticada por la oposición.
Mientras la modernización de oficinas deportivas avanza, vastas regiones del interior santiagueño siguen padeciendo una grave crisis en su red vial. Con el 87% de sus rutas en mal estado y muchas comunidades rurales completamente aisladas, la prioridad del gobierno provincial parece estar centrada en proyectos cosméticos, lejos de las necesidades reales de la población. Esta desconexión se agrava cuando los costos logísticos para los productores agropecuarios aumentan debido al pésimo estado de los caminos.

22/05/2025

Mientras los caminos se hunden, el gobierno de Zamora construye lujosas oficinas para la AFA con los fondos de Infraestructura Vial: la desconexión total de Santiago del Estero

El reciente proyecto de construcción del nuevo Centro de la AFA en Santiago del Estero ha generado una controversia considerable, ya que fue financiado con recursos públicos que originalmente estaban destinados a la mejora de la infraestructura vial. Esta obra, que costó más de \$1.000 millones, será inaugurada en los próximos días por Claudio Tapia y Gerardo Zamora, pero la decisión de destinar fondos del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial" para un edificio de oficinas en la capital provincial ha sido duramente criticada por la oposición.

Mientras la modernización de oficinas deportivas avanza, vastas regiones del interior santiagueño siguen padeciendo una grave crisis en su red vial. Con el 87% de sus rutas en mal estado y muchas comunidades rurales completamente aisladas, la prioridad del gobierno provincial parece estar centrada en proyectos cosméticos, lejos de las necesidades reales de la población. Esta desconexión se agrava cuando los costos logísticos para los productores agropecuarios aumentan debido al pésimo estado de los caminos.

El diputado Alejandro Parnás, de Juntos por el Cambio, ha levantado la voz contra esta situación, presentando un proyecto para declarar la emergencia vial en la provincia. En un contexto donde el 13% de las rutas están pavimentadas, el desvío de recursos públicos para proyectos no esenciales refleja un claro desinterés por las necesidades básicas de los santiagueños, exponiendo la falta de compromiso del gobierno con el bienestar de la mayoría de la población.

07/05/2025

Santiago del Estero la tierra donde la casta se ha escondido y sigue operando. Miles casos de cobros por pensiones truchos.

09/04/2025

Alarmante las denuncias en Estados Unidos contra Santiago del Estero, su gobernador y su justicia!!

06/04/2025

La conmoción sobre el armado de causas a inocentes en Santiago Del Estero sostenida en una connivencia política, judicial y policial; estalló tras la filtración del audio de la Fiscal Aída Farrán Serlé donde confirma que el Policía Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva es inocente.

Tras la aparición del audio en los medios nacionales no cesaron de surgir hechos que clarifican el enquistamiento de la corrupción judicial.

El Ministerio Público Fiscal rápido de reflejos y con la clara intención de despegarse del escándalo judicial suscitado imputó a la fiscal confesa, la Dra. Aída Farrán Serlé y a través del Dr. Mauricio Abramczuk le tomó declaración indagatoria por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pero tras ese acto comenzaron a filtrarse audios que demuestra que las "tranzas judiciales" para favorecer a unos y perjudicar a otros es parte de una enorme asociación ilícita.

Ahora a la justicia han llegado los audios que demuestran que el primer abogado del sindicado como autor del sicariato, el policía federal Juan Pablo Fernández, el Dr. Diego Lindow le pidió 30.000 dólares - en connivencia con su socia del estudio jurídico la Dra. Malena Bustos quien, causalmente, es hija de la Jueza de Apelación, la Dra. Sandra Generoso.

Según el abogado Diego Lindow su operatoria sería liderada a traves del lobby ejecutado por Malena Bustos y Luciana Jacobo, hija y sobrina respectivamente de la Jueza Generoso.

Según ellos ese dinero fue solicitado por el Juez Darío Alarcon para redireccionar la investigación a la pesquiza inicial que era la pista "narco" de la gobernación.

En los audios se escucha al abogado Lindow expresando: "Ahora lo llamo al gordo pelotudo este (por el Juez Darío Alarcon) que me dijo que esta todo bien y que el jueves resuelve".

Ahora, trascendió la denuncia contra el Juez Darío Alarcon, el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez y la fiscal Aída Farrán Serlé quienes llevaron durante años a cabo investigaciones de los “narcos vip” en la provincia. Además, en la causa iniciada se menciona también a la Jueza Falco, letrada que llevó adelante el caso de Marito Salto.

La denuncia se presentó ante el Consejo de la Magistratura, donde el objeto señalado es “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El caso tiene como génesis, además de la causa armada contra el policía Fernández, un conflicto de posesión de tierras en el interior de Santiago del Estero, más precisamente en el Departamento Pellegrini. Donde se argumenta un retardo injustificado llevado a cabo en distintas etapas del proceso judicial, una de aquellas denuncias fue realizada en el fuero penal del ex Juzgado de Instrucción en lo Criminal y en lo Correccional de 5ta nominación, que data del año 2015, a cargo de la jueza Falco.

Siguiendo esta línea, el documento señala además una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, mansillando las garantías constitucionales y que responde directamente a una “maniobra compleja en procuras de apropiarse ilegítimamente de inmuebles en todo el territorio de la provincia”. Proceso que sería facilitado por una compleja red ilícita, de la cual formarían parte tanto empleados de distintas oficinas de la administración pública (Archivo de la Provincia, Registro de la Propiedad, Dirección de Catastro, etc.), empresarios cuyo rol es “reinsertar el inmueble en el mercado legal para su venta”, escríbanos (se menciona a Edmundo Alberto Gómez y Ana Lía Terzano de Gómez) y funcionarios judiciales de alto rango, cuyo rol sería determinante para la existencia de tal asociación.

La denuncia fue realizada por el Dr. Edgardo Taboada, que luego de numerosas presentaciones ante la justicia santiagueña, vislumbró un posible entramado ilícito. Se vio, entonces, obligado a presentar cargos por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.

De esta manera la confirmación del armado espúreo de la causa Móttola donde la fiscal Aída Farrán Serlé en el escandaloso audio admite que ella sabe cuál era la línea investigativa a seguir (la pista narco), que además de lo vergonzoso de cómo llegaron al Policía Fernández para inculparlo, el oficial es inocente, se ha constituido en la punta del Iceberg de una escalada de denuncias contra la Asociación Ilícita que estaría conformada por el Juez Darío Alarcón, el Coordinador de Fiscales Julio Gómez, la Fiscal Aída Farrán Serlé y la Jueza Rosa Falco entre muchos otros funcionarios judiciales.

https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2024_2_27&id=135788&id_tiponota=24

La conmoción sobre el armado de causas a inocentes en Santiago Del Estero sostenida en una connivencia política, judicial y policial; estalló tras la filtración del audio de la Fiscal Aída Farrán Serlé donde confirma que el Policía Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro a....

05/04/2025

Santiago del Estero, la provincia del terror, con los jueces de Zamora.
Un juez en Santiago del Estero pidió 30 mil dólares para sacar a una persona, que sabía era inocente, de la cárcel. Conocé el caso Móttola.

11/03/2025

Otro abuso del gobierno de Santiago del Estero que corta el riego para hacer que los turistas vean un lago bonito mientras los productores sufren. Esta medida demuestra cómo el régimen actual pone en peligro la actividad privada y la creación de empleo.