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* Pablo Blanco denunció un “golpe institucional” y acusó a Zanini de “devolver favores políticos”El ex convencional cons...
15/05/2026

* Pablo Blanco denunció un “golpe institucional” y acusó a Zanini de “devolver favores políticos”

El ex convencional constituyente y dirigente político, Pablo Blanco expresó su fuerte preocupación por lo que calificó como una “degradación del funcionamiento institucional” en Tierra del Fuego. En declaraciones realizadas a Aire Libre, Blanco se refirió al conflicto en torno a la reforma constitucional. Aseguró que la jueza electoral “está devolviendo favores políticos e incumpliendo con sus funciones”. Además cuestionó el papel del Superior Tribunal de Justicia.

Luego que el gobernador convocara a elecciones mediante un decreto basado en la ley vigente, la Legislatura aprobó al día siguiente la derogación de la misma. Para Blanco, el decreto “está vigente y es legal”, y respaldó su postura citando a reconocidos constitucionalistas como Daniel Sabsay y Antonio María Hernández.

El dirigente fue contundente al referirse a la jueza electoral, Mariel Zanini a cargo del proceso electoral: “Está incumpliendo con sus funciones, incumpliendo con su deber de funcionaria del pueblo”. Sostuvo que la jueza “no tiene por qué consultar al fiscal de Estado” y que “está devolviendo favores políticos”. Además, advirtió que el recurso de queja no tiene efectos suspensivos, por lo que el cronograma electoral debería continuar.

Blanco fue más allá y lanzó una grave acusación: “Acá lo que se está buscando es un golpe institucional para que la Legislatura, a través de alguna tramaña, se haga cargo del poder de la provincia en la transición”. En este sentido, afirmó que la intención sería “echar al gobierno legítimamente elegido” y manejar una eventual transición de varios meses.

El ex legislador y senador también cuestionó la intervención del Superior Tribunal de Justicia en la designación de un juez, algo que calificó como inédito en más de 30 años de vigencia de la Constitución provincial. “En Tierra del Fuego está todo patas para arriba”, sentenció.

Finalmente, Blanco hizo un llamado a la “cordura” y a la “racionalidad” de todos los sectores, advirtiendo sobre la grave crisis económica que se avecina. “Es inimaginable lo que va a suceder en la provincia a partir de la segunda mitad del año, con pérdida de empleo y actividad económica. En lugar de sentarse a sacar la provincia adelante, están jugando con chicanas políticas. Es lamentable”, concluyó.

*Pablo Blanco: “La jueza Mariel Zanini está devolviendo favores políticos”*

*Pablo Blanco: “Se busca un golpe institucional para que la Legislatura se haga cargo del poder de la provincia”*

El ex convencional constituyente y dirigente político, Pablo Blanco expresó su fuerte preocupación por lo que calificó como una “degradación del funcionamiento institucional” en Tierra del Fuego. En declaraciones realizadas a Aire Libre, Blanco se refirió al conflicto en torno a la reforma constitucional. Aseguró que la jueza electoral “está devolviendo favores políticos e incumpliendo con sus funciones”. Además cuestionó el papel del Superior Tribunal de Justicia.

Luego que el gobernador convocara a elecciones mediante un decreto basado en la ley vigente, la Legislatura aprobó al día siguiente la derogación de la misma. Para Blanco, el decreto “está vigente y es legal”, y respaldó su postura citando a reconocidos constitucionalistas como Daniel Sabsay y Antonio María Hernández.

El dirigente fue contundente al referirse a la jueza electoral, Mariel Zanini a cargo del proceso electoral: “Está incumpliendo con sus funciones, incumpliendo con su deber de funcionaria del pueblo”. Sostuvo que la jueza “no tiene por qué consultar al fiscal de Estado” y que “está devolviendo favores políticos”. Además, advirtió que el recurso de queja no tiene efectos suspensivos, por lo que el cronograma electoral debería continuar.

Blanco fue más allá y lanzó una grave acusación: “Acá lo que se está buscando es un golpe institucional para que la Legislatura, a través de alguna tramaña, se haga cargo del poder de la provincia en la transición”. En este sentido, afirmó que la intención sería “echar al gobierno legítimamente elegido” y manejar una eventual transición de varios meses.

El ex legislador y senador también cuestionó la intervención del Superior Tribunal de Justicia en la designación de un juez, algo que calificó como inédito en más de 30 años de vigencia de la Constitución provincial. “En Tierra del Fuego está todo patas para arriba”, sentenció.

Finalmente, Blanco hizo un llamado a la “cordura” y a la “racionalidad” de todos los sectores, advirtiendo sobre la grave crisis económica que se avecina. “Es inimaginable lo que va a suceder en la provincia a partir de la segunda mitad del año, con pérdida de empleo y actividad económica. En lugar de sentarse a sacar la provincia adelante, están jugando con chicanas políticas. Es lamentable”, concluyó.

*Zanini siembra el caos jurídico: cuestiona un decreto legítimo y da entidad a una “ley que no es ley”* _La jueza electo...
13/05/2026

*Zanini siembra el caos jurídico: cuestiona un decreto legítimo y da entidad a una “ley que no es ley”*

_La jueza electoral de Tierra del Fuego inventó incertidumbre donde no la hay. Sin que ningún partido lo pidiera, investigó de oficio un recurso de queja ante la Corte —que no suspende plazos— y citó una norma aprobada por la Legislatura que aún no fue promulgada ni vetada. Con esa artimaña, se niega a emitir el cronograma electoral y pone en riesgo todo el andamiaje democrático de la provincia._

La jueza electoral Mariel Zanini acaba de cometer un acto de impericia jurídica que pasará a la historia como uno de los más graves atentados contra la seguridad institucional de la provincia. En una resolución que desafía toda lógica legal, la magistrada decidió no emitir el cronograma electoral para la elección de convencionales constituyentes de 2026, argumentando dos elementos que, en derecho, no existen:

Una ley que todavía no es ley (aprobada por la Legislatura pero ni promulgada ni vetada, flotando en el vacío normativo).

Un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como bien sabe cualquier abogado de primer año, no tiene efecto suspensivo.

Sin embargo, Zanini tomó estos dos fantasmas jurídicos y los convirtió en el pilar de una decisión que paraliza de facto la voluntad popular y desprecia el decreto de convocatoria del gobernador, dictado en ejercicio legítimo de sus facultades.

El Poder Ejecutivo cumplió. El gobernador firmó el decreto de convocatoria. Se publicó en el Boletín Oficial. Los plazos, en condiciones normales, ya estarían corriendo. La ley electoral es clara: el juzgado electoral debe emitir el cronograma, establecer los plazos y garantizar la transparencia del proceso. No debe investigar de oficio, no debe hacer valoraciones políticas, no debe especular con lo que podría pasar.

Pero Zanini, en un exabrupto de activismo judicial, agarró su computadora y se puso a investigar sola. ¿Qué investigó? Que un tal Lechman había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema después de haber perdido en todas las instancias provinciales. Y que la Legislatura había aprobado un proyecto que todavía no es ley. Y se enteró, dice, por los medios de comunicación.

Señora jueza: los fallos se basan en derecho vigente, no en titulares de diarios. Y el derecho vigente dice que un recurso de queja ante la Corte no suspende absolutamente nada. La Corte puede tardar meses o años en resolver, y mientras tanto el proceso electoral debe seguir su curso. Eso es lo que ordena la ley. Eso es lo que garantiza la seguridad jurídica.

Aquí aparece la maniobra más indignante. La Legislatura aprobó una norma que todavía no fue promulgada ni vetada por el Poder Ejecutivo. Jurídicamente, eso no es una ley. Es apenas un proyecto aprobado. No tiene vigencia, no deroga nada, no modifica nada, no suspende nada. Sin embargo, Zanini la menciona como si fuera un obstáculo insalvable. ¿Con qué intención? ¿Para justificar su propia inacción? ¿Para ganar tiempo? ¿Para complacer a quienes buscan frenar el proceso constituyente?

Lo que hace esta jueza es poner en tela de juicio un decreto legítimo del Gobernador a partir de una norma que aún no tiene existencia legal. Eso no es prudencia institucional. Eso es usurpación de funciones legislativas y desprecio por la separación de poderes.

La decisión de Zanini no es ingenua. Es profundamente dañina. Al negarse a emitir el cronograma electoral, la magistrada está generando una cascada de consecuencias devastadoras:

Inseguridad jurídica absoluta: los partidos políticos no saben si hay elecciones o no. La ciudadanía no sabe si votará. El propio Poder Ejecutivo ve desautorizada su convocatoria.

Cuestionamiento al sistema judicial: si una jueza electoral puede, de motu proprio, frenar un proceso porque "se enteró por los medios" de algo que no tiene efecto legal, ¿qué garantía queda? El Poder Judicial entero queda expuesto como un actor caprichoso, no como un garante de derechos.

Riesgo de frustración electoral: cada día que pasa sin cronograma es un día perdido. Los plazos orgánicos que exige una elección (padrón, alianzas, impugnaciones, campaña) se están consumiendo inútilmente por la parálisis que ella misma provoca.

Esta no es una diferencia menor de interpretación. Esto es un acto de negligencia grave que pone en riesgo un proceso constituyente. El Ministerio Público Fiscal, al recibir las actuaciones, no debería limitarse a analizar la viabilidad electoral. Debe investigar la conducta de la jueza Zanini por abuso de funciones, por apartamiento del derecho vigente y por generar un daño institucional de magnitud.

La bronca de muchos vecinos no fue solo por el gas.Durante la protesta aparecieron dirigentes y punteros relacionados al...
11/05/2026

La bronca de muchos vecinos no fue solo por el gas.
Durante la protesta aparecieron dirigentes y punteros relacionados al entorno político de Walter Vuoto.

Según denunciaron asistentes, algunos tomaban lista de quienes iban a manifestarse.
Una práctica que volvió a encender críticas por clientelismo y utilización política de familias vulnerables.








Los laburantes dijeron “NO”… y los de arriba firmaron igual.Sí, así como suena.3%, 3% y 4%… pero sobre sueldos viejos.O ...
24/04/2026

Los laburantes dijeron “NO”… y los de arriba firmaron igual.
Sí, así como suena.

3%, 3% y 4%… pero sobre sueldos viejos.
O sea: humo. Plata que no alcanza para nada.

Las bases se plantan, pero la conducción arregla por atrás.
Cero pelea, cero respaldo. Todo para quedar bien con el poder.

Mientras tanto, vos cobrando migajas… recién en junio.
Con precios que se van al carajo todos los días.

No es negociación.
Es entrega. Y a la vista de todos.

Un documento clave desapareció… y nadie lo explica.El certificado emitido por la Prefectura Naval Argentina que avalaba ...
20/04/2026

Un documento clave desapareció… y nadie lo explica.

El certificado emitido por la Prefectura Naval Argentina que avalaba las condiciones de seguridad del puerto de Ushuaia —apenas días antes de su intervención— hoy no tiene original.

Solo existe un duplicado.

Sin registro claro de qué pasó.
Sin responsables.
Sin explicaciones oficiales.

El dato no es menor: ese informe contradecía directamente los argumentos utilizados para justificar la intervención.

Y hay más. El documento nunca fue notificado formalmente a la Dirección Provincial de Puertos.

Documento que desaparece.
Documento que no circula.
Decisión que avanza igual.

¿Error administrativo… o algo más?

👉 Deslizá / leé la nota completa abajo.

La desaparición del original del informe de Prefectura: el punto más oscuro en la trama del Puerto de Ushuaia

La difusión del certificado emitido por la Prefectura Naval Argentina el 14 de enero no solo reavivó las dudas sobre la intervención del puerto de Ushuaia. También dejó al descubierto un dato aún más inquietante: la desaparición del documento original en circunstancias que, hasta ahora, nadie logró explicar.

Según consta, el certificado que avalaba las condiciones de seguridad del puerto —y que contradice de manera directa los argumentos utilizados días después para justificar la intervención— tuvo que ser reemitido en formato duplicado. ¿La razón? El original simplemente dejó de estar disponible. No hay precisiones claras, no hay responsables identificados y, lo más preocupante, no hay una explicación oficial convincente.

En cualquier circuito administrativo normal, la pérdida de un documento de este tipo —emitido por un organismo como la Prefectura y vinculado a la operatividad de una infraestructura estratégica— debería activar auditorías internas, sumarios y responsabilidades concretas. Sin embargo, en este caso, el episodio parece haber quedado diluido en una vaga referencia a “circunstancias no esclarecidas”.

La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿quién tenía bajo su custodia ese documento y en qué momento se perdió? Pero más aún, ¿se trató de una simple desprolijidad administrativa o de una desaparición funcional a evitar que el contenido del certificado condicionara decisiones ya tomadas?

El contexto vuelve esa incógnita todavía más sensible. El certificado validaba que el puerto estaba en condiciones seguras de operación apenas una semana antes de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzara con la intervención alegando exactamente lo contrario. Si ese documento hubiera circulado en tiempo y forma, habría complicado seriamente la construcción del argumento oficial.

Distintas fuentes sostienen que el certificado existía, que había sido emitido regularmente y que incluso habría estado en conocimiento de áreas del propio Estado nacional. En ese marco, la desaparición del original deja de ser un detalle administrativo para convertirse en una pieza central de la controversia.

Porque no se trata solo de lo que dice el documento, sino de lo que implica su ausencia. La pérdida del original debilita la trazabilidad, dificulta reconstruir quién accedió a la información y cuándo, y abre la puerta a todo tipo de sospechas sobre el manejo —o la manipulación— de datos sensibles.

A esto se suma otro elemento que agrava el escenario: el certificado no fue notificado formalmente a la Dirección Provincial de Puertos. Es decir, no solo desapareció el original, sino que además el documento no circuló por los canales institucionales correspondientes. Dos anomalías que, combinadas, refuerzan la sensación de opacidad.

En este punto, el silencio oficial empieza a pesar tanto como las evidencias. No hay explicaciones públicas sobre la pérdida del documento, no se informaron investigaciones internas y tampoco se aclaró quién tenía la responsabilidad directa sobre su resguardo.

Así, la intervención del puerto de Ushuaia no solo queda cuestionada por sus fundamentos técnicos, sino también por el manejo de la documentación que podía ponerlos en crisis. Y en ese entramado, la desaparición del certificado original ya no aparece como un accidente menor, sino como uno de los episodios más delicados de toda la historia.

Dirección

Ushuaia, Tierra Del Fuego (Argentina)
Ushuaia
9410

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