03/07/2025
MICA MEINERO: “PEDIMOS UNA AUDIENCIA CON EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD”
Las personas con discapacidad, sus familias, instituciones, profesionales y prestadores de servicios vinculados al sistema de atención integral vienen atravesando una situación crítica, que se agravó, a raíz del proceso de auditorías iniciado por el Gobierno Nacional sobre las Pensiones No Contributivas (PNC).
Si bien la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó sin efecto la Resolución N°187/2025 —que originalmente establecía estas auditorías— y la reemplazó por la Resolución N°1172/2025, miles de personas continúan enfrentando falta de información clara, demoras, requerimientos técnicos inaccesibles y exigencias económicas imposibles de cubrir, como estudios médicos no contemplados por obras sociales o prepagas.
Además, muchas personas ni siquiera han sido notificadas, lo que pone en riesgo la continuidad del único ingreso que garantiza sus prestaciones de salud y asistencia básica. “Ante cualquier duda, si necesitan asesoramiento o ayuda pueden comunicarse al número del Área de Discapacidad municipal
3462 587686 o al mío 3462
639815", reiteró Meinero.
A esto se suma la grave crisis de sostenimiento que afecta a instituciones, profesionales y prestadores de la Ley 24.901, con aranceles congelados desde fines de 2024, pagos demorados y una inflación acumulada desde diciembre de 2022 que supera el 660%, mientras que en el mismo periodo la variación de aranceles para prestaciones por discapacidad solo fue de 340%.
Ante este escenario, la concejal Mica Meinero presentó un proyecto que fue aprobado por el Concejo Municipal, solicitando una audiencia urgente con el Director Ejecutivo de ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, en la que participen también representantes de la Co.Mi.Di (Comisión Interinstitucional Municipal para la Discapacidad).
El objetivo es poner en conocimiento del organismo nacional la realidad local, solicitar información clara y oficial sobre el estado de las auditorías, plantear propuestas para resolver los múltiples problemas que afectan al sistema, generar mecanismos de articulación entre el Gobierno Central y el Gobierno local.
“La defensa de los derechos de las personas con discapacidad debe ser una prioridad. No podemos permitir medidas que agraven su situación ni dejar que se enfrenten solas a trámites burocráticos inaccesibles. Es urgente que el Estado escuche y dé respuestas”, expresó Meinero.