09/07/2025
“Este lugar es un símbolo de vergüenza para el mundo entero. No solo para Siria”, afirma Emad Al-Aqra, profesor dedicado a la rehabilitación de prisioneros y la justicia transicional, quien pasó cerca de un año en Saydnaya tras ser encarcelado en 2011 por criticar al régimen en televisión.
La caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2023 permitió que los sobrevivientes de la prisión más temida de Siria pudieran, por primera vez, mostrar sus rostros y contar lo que vivieron. Así, la magnitud de los crímenes cometidos en Saydnaya, el mayor centro de ejecuciones del país, quedó expuesta ante el mundo.
La liberación de los últimos reclusos de Saydnaya ocurrió el 8 de diciembre, cuando rebeldes irrumpieron en la prisión durante la madrugada y abrieron las puertas, revelando uno de los peores ejemplos de exterminio sistemático de Estado desde la Segunda Guerra Mundial.
En el interior, dos edificios de hormigón rodeados de alambre de púas en una ladera cerca de Damasco albergaban una maquinaria de muerte y tortura que, durante más de una década, eliminó a decenas de miles de personas. La dictadura de Assad documentó meticulosamente los traslados, ejecuciones y sentencias, según cientos de páginas de documentos hallados en la prisión y otras instalaciones de seguridad.
El ritmo de las ejecuciones en Saydnaya se aceleró de forma drástica en marzo de 2023. “Reunieron a 600 personas y las mataron en tres días, unas 200 cada noche”, relató Abdel Moneim Al-Qaid, excombatiente rebelde arrestado tras entregarse bajo la promesa de una amnistía.
Este episodio, hasta ahora desconocido, coincidió con el intento de Assad de salir de su aislamiento internacional y reincorporar a Siria a la Liga Árabe. Mientras algunos países árabes y funcionarios occidentales consideraban la rebelión una causa perdida y buscaban normalizar relaciones con el régimen, la maquinaria de muerte seguía activa. Poco después, Assad abolió el tribunal militar que enviaba prisioneros a Saydnaya y conmutó algunas condenas a muerte, medidas que, según exdetenidos y expertos en crímenes de guerra, buscaban limpiar la imagen del régimen tras una última matanza masiva.
La brutalidad de Saydnaya no se limitó a las ejecuciones. Exdetenidos y especialistas estiman que un número similar de personas murió por torturas y condiciones extremas: golpizas con tubos y varas, hambre, sed y enfermedades. Los prisioneros, hacinados en celdas de acero infestadas de piojos, no podían mirar a los guardias a los ojos sin arriesgarse a una paliza que podía dejarlos desangrándose en el suelo. “Saydnaya era una pesadilla. Era una gran masacre. Casi nadie salía con vida”, declaró Ali Ahmed Al-Zuwara, agricultor arrestado en 2020 por evadir el servicio militar.
El impacto de la represión se refleja en las cifras: 160.123 sirios fueron desaparecidos forzosamente por el régimen de Assad durante la guerra, según la Syrian Network for Human Rights. Las familias de los desaparecidos viven entre la esperanza y el duelo sin respuestas ni cuerpos que enterrar.
“Aunque sabemos que terminó en Saydnaya, no sabemos qué le ocurrió. Nunca recibimos un cuerpo”, lamentó Dina Kash, esposa de Ammar Daraa, detenido y desaparecido en 2013. Solo tras la caída del régimen, la familia confirmó su destino gracias a documentos hallados en una sede de inteligencia.
Saydnaya, oficialmente la “Primera Prisión Militar”, fue construida en los años 80 bajo el mandato de Hafez Assad y heredada por su hijo en 2000. Tras el estallido de la revolución en 2011, el régimen utilizó la prisión y decenas de centros similares para sembrar el terror y sofocar la insurrección. El nombre de la prisión se convirtió en sinónimo de desaparición y muerte: “Perdido en Saydnaya” pasó a significar que alguien había sido arrestado y nunca más visto.
El proceso de ingreso a Saydnaya era un ritual de deshumanización. Mohammed Abdel Rahman Ibrahim, exprofesor de matemáticas, fue uno de los muchos que se entregaron tras una supuesta amnistía en 2018. Tras ser arrestado, fue torturado hasta firmar una confesión que no pudo leer. “Quizá firmé mi propia sentencia de muerte. No lo sé”, confesó. Al llegar a la prisión, los guardias lo desnudaron, lo metieron en una llanta para golpearle las extremidades y lo encerraron con otros siete hombres en una celda minúscula, sin calefacción y con un inodoro desbordado. El “comité de bienvenida” consistía en una paliza con una manguera plástica verde, a veces hasta 100 golpes en las piernas. Algunos morían en esa primera noche. Bashar Mohammed Jamous, excombatiente rebelde, perdió un pie tras la golpiza inicial.
La vida diaria en Saydnaya implicaba privaciones extremas: prohibición de hablar en voz alta, ausencia de libros, papel o zapatos, y exposición al frío de la montaña. Los prisioneros debían beber su propia o***a, sufrían agresiones sexuales y golpizas constantes. El hambre era endémico: una taza de arroz debía alimentar a toda una celda durante un día. En una ocasión, los guardias cortaron el agua durante 17 días; Bassam Rahman murió tras beber del inodoro, según su compañero de celda Mahmoud Omar Warde. “Éramos 25 personas. Al final solo quedamos ocho. Todos los que murieron lo hicieron delante de nosotros”, relató Warde.
El sistema de exterminio se extendía más allá de los muros de la prisión. Muhammad Afif Naifeh, trabajador municipal de Damasco, fue obligado a enterrar cuerpos en el cementerio de Najha y luego en Qutayfah, donde las fosas comunes crecieron de 19.000 a 40.000 metros cuadrados entre 2014 y 2019, según imágenes satelitales analizadas para un juicio en Alemania. Las tumbas, de 120 metros de largo y hasta 5 metros de ancho, recibían semanalmente camiones frigoríficos con decenas o cientos de cadáveres, muchos con marcas de tortura o sogas al cuello. Naifeh, que desertó en 2017 y testificó en Alemania y ante el Congreso de Estados Unidos, describió el daño psicológico sufrido: “Me afectó física y emocionalmente. He tenido pesadillas desde que llegué a Alemania”.
La información sobre los crímenes de Saydnaya había circulado durante años en informes de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones sirias como el Syrian Justice and Accountability Center y la Association of Detainees and Missing Persons of Sednaya Prison. A pesar de ello, la comunidad internacional no logró detener las atrocidades. Stephen Rapp, exembajador estadounidense para crímenes de guerra, calificó lo ocurrido como “la peor atrocidad del siglo XXI en cuanto al número de víctimas y la implicación directa del gobierno”, comparando la organización del terror estatal con la de los n***s y la Unión Soviética.
Con el régimen derrocado y el país bajo control de antiguos rebeldes islamistas, Siria enfrenta el reto de investigar los crímenes del pasado y ayudar a las familias a buscar a los desaparecidos. El nuevo gobierno ha prometido crear un comité para investigar los crímenes del régimen y ha permitido el acceso de investigadores de la ONU e independientes a lugares como Saydnaya, aunque aún no define el alcance ni la participación internacional en el proceso. Exhumar fosas, tomar muestras de ADN, localizar testigos y detener sospechosos supondría un desafío técnico y político considerable, especialmente si se examinan también los abusos cometidos por los propios rebeldes.
En febrero, Mohammed Ibrahim regresó a Saydnaya como hombre libre. Recorrió el edificio, identificó su antigua celda y la sala de torturas. “Puedo oír los gritos. Puedo oír el sonido de los golpes. Es como si todas las escenas estuvieran ocurriendo ahora mismo delante de mí”, dijo. “Tenía miedo de dormir los primeros días tras salir. Pensaba que todo era un sueño y que despertaría de nuevo en Saydnaya. Ahora sé que realmente se acabó”.
La liberación de los últimos reclusos expuso una red de tortura y ejecuciones sistemáticas. Las consecuencias de años de represión estatal aún resuenan en las familias de los desaparecidos
