13/01/2026
Defensores denuncian incumplimiento de la pausa ecológica del jaguar en Tariquía y exigen auditoría total
Organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos presentaron el 12 de enero una denuncia ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental por el incumplimiento de la resolución que ordena una pausa ecológica para proteger al jaguar y su hábitat en áreas protegidas, entre ellas la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija. La acción también denuncia la persistente criminalización de defensores ambientales.
La denuncia se sustenta en la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, emitida en abril de 2024, que estableció medidas precautorias para la conservación del jaguar, incluyendo la suspensión de actividades extractivas en zonas de incidencia directa e indirecta. Sin embargo, los denunciantes advierten que licencias ambientales posteriores —como la otorgada en julio del mismo año a empresas hidrocarburíferas— habrían sido emitidas sin considerar dicha pausa ecológica.
Daniela Justiniano, representante de la organización Alas Chiquitanas, explicó a Sumando Voces que el Tribunal Agroambiental reconoció a las organizaciones como defensoras medioambientales y que existen registros oficiales que confirman la presencia del jaguar en Tariquía. “Existen registros, incluso de la propia (empresa) YPFB, por lo que no se puede alegar desconocimiento. La información existe y fue generada por el Estado», señaló
Según Justiniano, el problema no se limita a un solo proyecto. “No estamos hablando de un pozo aislado, sino de varios, dentro de una cadena de irregularidades que se arrastra desde hace más de una década”, afirmó. Recordó además que el propio Estado reconoció que el pozo Artilleros no debió contar con licencia ambiental, al estar ubicado en una zona de uso moderado no extractivo.
La denuncia presentada ante el Tribunal Agroambiental plantea, entre otros puntos, la suspensión inmediata de toda actividad extractiva en áreas protegidas y en las Unidades de Conservación del Jaguar, la imposición de sanciones económicas a Petrobras Bolivia S.A. por ejecutar actividades dentro de estas zonas y la realización de auditorías técnicas, jurídicas y financieras al cambio del Plan de Manejo de Tariquía y al uso de recursos de compensación ambiental transferidos por YPFB al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
El reclamo se suma a las demandas expresadas por la ciudadanía durante la Audiencia Pública realizada el viernes en Tarija, donde se exigió de manera unánime una auditoría integral de todo el proceso vinculado a las actividades petroleras en la reserva. La consigna fue clara: no basta con revisar una sola licencia ambiental, sino todo el entramado administrativo y legal que permitió la intervención en el área protegida.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares ambientales para suspender temporalmente el proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, en el Bloque San Telmo Norte, operado por Petrobras. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la acción busca evitar daños irreversibles mientras se revisa el cumplimiento de la normativa ambiental y de derechos humanos, priorizando la protección del medio ambiente y de las comunidades campesinas de Chiquiacá.
Justiniano advirtió que la continuidad de estas acciones podría comprometer la responsabilidad del actual gobierno. “Seguir avalando irregularidades anteriores convierte al Estado en corresponsable. Hoy está en sus manos rectificar lo ocurrido o profundizar las vulneraciones”, afirmó.
Los defensores también esperan que el Tribunal Agroambiental reconozca formalmente a los defensores de Tariquía como defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, conforme al Acuerdo de Escazú, y disponga el cese inmediato del amedrentamiento y la judicialización de la protesta ambiental.
Respecto a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Agroambiental, en conferencia de prensa y a la cabeza de su presidenta Roxana Chávez, informó que la demanda de medida precautoria en favor de la reserva de Tariquía recibirá la prioridad necesaria y se garantizará transparencia e imparcialidad.
: Sumando Voces
