ANP Bolivia ANP-Diarios

17/02/2025

𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬
𝐨𝐭𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚

La Paz, 17Feb. 2025 (ANP) – La presidenta de los periodistas, que fue declarada “persona no grata” por exigir que se suspenda el cobro por acreditación a reporteros que cubrirán el Carnaval de la ciudad de Oruro, Zulema Alanes (foto), recibió respaldo de sus asociados.

Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), rechazó el cobro que oscila entre tres y 33 dólares, al tipo de cambio oficial, para periodistas locales, nacionales y con el mayor monto para la prensa internacional, impuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO) para la cobertura del día sábado 1 de marzo.

La iniciativa de exigir una suspensión de los cobros elevados para la economía de los corresponsales de medios extranjeros fue asumida por la histórica Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) presidida por el periodista Gabriel Romano.

“Repudiamos de manera categórica la actitud del STPO que de manera injustificada ha declarado persona no grata a la Presidenta de la ANPB,” señala el comunicado de nueve asociaciones de periodistas.

“Esta acción es inaceptable, ya que sienta un precedente peligroso en contra de los principios democráticos de libre expresión y libertad de prensa, y proviene de un sector que, paradójicamente, debería velar por estos derechos fundamentales”, agrega.

“Rechazamos por completo la censura contra Zulema Alanes a raíz de que denunció los pagos discriminatorios impuestos contra los periodistas. ¡No se puede pagar por trabajar!”, afirmó Romano.

“La información y el trabajo periodístico son pilares fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales”, afirma un documento del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz en apoyo a Alanes.

Un principio ético en el periodismo señala que un reportero no puede pagar por obtener información de interés público, y bajo esta máxima, decenas de periodistas manifestaron su apoyo al pedido de la ACPI.

El STPO justificó la función de entregar credenciales por delegación del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro y el Comité de Etnografía y Folklore.

El objetivo de la acreditación es “una mejor organización, orden y garantizar el ejercicio legal del periodista en el majestuoso Carnaval de Oruro, que en 2001 fue proclamado por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”, justifica la organización sindical.
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𝘓𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘈𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘕𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘦𝘯𝘴𝘢 (𝘈𝘕𝘗) 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘺 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 17 𝘢ñ𝘰𝘴, 𝘺 𝘴𝘶𝘴 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵á𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘶𝘴𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴. 𝘓𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘱𝘳𝘶𝘦𝘣𝘢 𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘦 𝘪𝘮á𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢 𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘖𝘕𝘎 𝘺 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘉𝘰𝘭𝘪𝘷𝘪𝘢, 𝘴𝘪𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘢.

16/02/2025

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐞ñ𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐬𝐞𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐨𝐬
𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐚 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨

𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐳, 𝟏𝟓𝐅𝐞𝐛. 𝟐𝟎𝟐𝟓 (𝐀𝐍𝐏) - La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), Maggy Talavera, figura entre los siete periodistas conminados a testificar dentro de una investigación por terrorismo contra un concejal que participó en bloqueos de una carretera en el municipio de Mairana (Santa Cruz), entre octubre y noviembre del pasado año.

El expresidente de la APSC y abogado, Roberto Méndez (foto), anunció a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) una defensa del secreto de fuente informativa comprendido en la Ley de Imprenta y el derecho a la reserva protegido por el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal.

“Esta convocatoria atenta flagrantemente contra la libertad de prensa y vulnera la Ley de Imprenta que rige el actuar como periodista, por lo que amparado en el derecho y obligación de reservar la fuente no podemos y mucho menos estar obligados a declarar ante cualquier autoridad…”, expresó el abogado defensor de periodistas.

El fiscal anticorrupción, Hernán Kieffer, y un policía investigador enviaron una orden de citación contra siete periodistas a través de la red WhatsApp, dentro de la acumulación de pruebas contra el concejal Gilbert Tapia que pertenece a un sector del Movimiento al Socialismo (MAS) que apoya al expresidente Evo Morales.

Tapia fue detenido y es investigado por supuesto financiamiento y apoyo al bloqueo de la carretera principal de Mairana, un municipio localizado a 135 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que derivó en el secuestro y agresión a periodistas y policías.

La orden de citación conmina a la presentación de los periodistas ante el investigador en oficinas policiales de la ciudad de La Paz, a 851 kilómetros al oeste de Santa Cruz de la Sierra, la sede de sus actividades laborales.

Varios de los periodistas citados no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, explicó Méndez.

La asesora legal de la APSC, Raquel Guerrero, afirmó que estas citaciones son ilegales porque llegaron a través de mensajes y no de manera personal como exigen los procedimientos, y exigió que los hechos registrados en el departamento de Santa Cruz deben ser investigados en la región.

“Están hostigando a los periodistas y quieren llevarse a los periodistas con una notificación ilegal,” denunció la abogada.

Méndez citó el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal que señala las reglas de competencia territorial y otorga autoridad al juez del lugar de la comisión del delito, al juez de la residencia del imputado o al juez donde se descubran las pruebas materiales, la ciudad de Mairana.

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𝘓𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘈𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘕𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘦𝘯𝘴𝘢 (𝘈𝘕𝘗) 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘺 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 17 𝘢ñ𝘰𝘴, 𝘺 𝘴𝘶𝘴 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵á𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘶𝘴𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴. 𝘓𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘱𝘳𝘶𝘦𝘣𝘢 𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘦 𝘪𝘮á𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢 𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘖𝘕𝘎 𝘺 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘉𝘰𝘭𝘪𝘷𝘪𝘢, 𝘴𝘪𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘢.

13/02/2025

𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞
𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐚𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐎𝐫𝐮𝐫𝐨

La Paz, 11 Feb.2025 (ANP) – La Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional (ACPI) pidió que se “levanten los cobros arbitrarios impuestos para la cobertura del Carnaval de Oruro” y recordó que esta medida es contraria a principios éticos en el ejercicio de la profesión.

“…No se nos está permitido pagar a nuestras fuentes u otorgar dinero por cubrir un evento público. Esto contradice las disposiciones de la Unesco que ha considerado que las actividades patrimoniales de esta naturaleza deben tener una difusión sin restricciones”, señala una carta enviada por el presidente de ACPI, Gabriel Romano, al alcalde de Oruro, Adhemar Willcarani, al secretario de Cultura, Víctor Hugo Cásque, y a la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO).

El sábado 1 de marzo, unos 30 mil danzarines de 52 conjuntos folklóricos harán una representación a lo largo de unos tres kilómetros en la ciudad de Oruro, a 250 kilómetros de La Paz, en el Carnaval que está registrado por la Unesco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“No queremos un trato preferencial, pedimos que se levante la medida en beneficio de medios locales, nacionales, internacionales y periodistas de medios digitales”, reclamó Romano en entrevista con la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de Bolivia.

La norma impuesta obliga a los enviados de prensa a pagar una suma de 230 bolivianos, aproximadamente unos 33 dólares al tipo de cambio oficial, y ello afecta a periodistas “free lance” que no trabajan con dependencia laboral permanente y deben erogar costos de transporte y de logística para la cobertura de esta expresión cultural boliviana.

Romano lamentó que la representación del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, entidad encargada del cobro, haya eludido un diálogo y aguarda que las autoridades municipales ayuden a resolver este tema.

El trabajo de la prensa internacional es fundamental en la difusión de la Entrada de Oruro entre públicos del exterior. Romano mencionó el buen trabajo que desempeñó la prensa internacional en el Mundial de Fútbol de Catar 2022, la Champions League de Europa o la Copa América, el Carnaval de Río de Janeiro (Brasil) y de Barranquilla (Colombia).

En estos eventos “nunca un periodista ha pagado por acreditarse” y en los que tampoco se imponen cobros, subrayó Romano.

Pidió el respeto a la libertad de prensa, señalada en la Constitución Política del Estado (CPE), y lamentó que una actividad cultural relevante sea restringida por algunas organizaciones “que impiden la difusión de una de las expresiones más hermosas de la humanidad como el Carnaval de Oruro.”

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𝘓𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘈𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘕𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘦𝘯𝘴𝘢 (𝘈𝘕𝘗) 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘺 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 17 𝘢ñ𝘰𝘴, 𝘺 𝘴𝘶𝘴 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵á𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘶𝘴𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴. 𝘓𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘱𝘳𝘶𝘦𝘣𝘢 𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘦 𝘪𝘮á𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢 𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘖𝘕𝘎 𝘺 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘉𝘰𝘭𝘪𝘷𝘪𝘢, 𝘴𝘪𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘢.

19/01/2025

𝐀 𝟏𝟎𝟎 𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐥𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧: 𝐋𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐛𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚

𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐳, 𝟏𝟗𝐄𝐧𝐞. 𝟐𝟎𝟐𝟓 (𝐀𝐍𝐏) – Los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) proclamaron hoy la vigencia plena de la Centenaria Ley de Imprenta y ratificaron su compromiso de defensa permanente de la norma que impidió la censura al periodismo libre y evitó el encarcelamiento de periodistas.

En un mensaje institucional, el presidente de la ANP, Jorge Carrasco, calificó a la Ley promulgada el 19 de enero de 1925, de visionaria al declarar que “todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”.

Luego de 23 años de la vigencia de la Ley de Imprenta en Bolivia, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 19 reconoce a todo individuo “el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

“Nuestra Ley de Imprenta protege la libertad de informar como un derecho fundamental universal, inalienable, irrenunciable, imprescriptible, inviolable y reconocido, aunque no creado, por la legislación positiva. Un siglo después es el escudo del derecho a informar y ser informados y representa el baluarte para el periodismo libre y responsable en Bolivia,” refirió Carrasco.

El comunicado de la ANP reivindica el alto valor de la Ley de Imprenta frente a normas creadas por los gobiernos de izquierda en los últimos 17 años que, bajo el argumento de luchar contra la discriminación, introdujeron sanciones para castigar y perseguir a periodistas y propietarios de medios con p***s de cárcel de hasta cinco años.

“Frente a este reprochable intento, la Ley de Imprenta es la única garantía para el ejercicio de un periodismo independiente,” señala la ANP que es una de las pocas organizaciones periodísticas que mantiene con firmeza su rechazo a la censura previa y la pena de cárcel porque contravienen las Convenciones internacionales en materia de libertad de prensa y la propia Constitución Política del Estado (CPE), promulgada por el presidente Evo Morales, el 9 de febrero de 2009.

Como efecto de la aplicación de las sanciones contenidas en la Ley contra la discriminación, en el año 2012 se iniciaron procesos judiciales contra los periódicos El Diario y Página Siete, y la Agencia de Noticias Fides (ANF) por una supuesta incitación al racismo. Los casos continúan abiertos en la justicia como un mecanismo para amedrentar al periodismo libre.

El 5 de agosto de 2014, el Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz resolvió que una acusación de espionaje presentada por el entonces procurador general, Héctor Arce, contra los periodistas Claudia Benavente y Ricardo Aguilar(+) sea resuelto en el Tribunal de Imprenta.

La ANP fue la única organización que exigió la aplicación de este procedimiento y realizó acciones de respaldo a los periodistas acusados y su medio, el periódico La Razón.

La ANP y sus organizaciones aliadas en Latinoamérica rechazaron la aplicación de un proceso judicial ordinario que habría derivado en la aplicación de la pena de cárcel y demandó que el caso sea conocido por un Tribunal de Imprenta considerando que el motivo de la demanda era una publicación periodística.

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𝘓𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘈𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘕𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘦𝘯𝘴𝘢 (𝘈𝘕𝘗) 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘺 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 𝟙𝟟 𝘢ñ𝘰𝘴, 𝘺 𝘴𝘶𝘴 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵á𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘶𝘴𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴. 𝘓𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘱𝘳𝘶𝘦𝘣𝘢 𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘦 𝘪𝘮á𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢 𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘖𝘕𝘎 𝘺 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘉𝘰𝘭𝘪𝘷𝘪𝘢, 𝘴𝘪𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘢.

14/01/2025

𝐋𝐚 “𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚” 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧
𝐜𝐚𝐦𝐚𝐫ó𝐠𝐫𝐚𝐟𝐨 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐲 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥𝐞𝐬

La Paz, 13Ene.25 (ANP) – Un camarógrafo herido por fuegos de artificio lanzados por seguidores del expresidente Evo Morales, y agresiones verbales contra los medios de información privados sellaron el final de la “marcha comunal por la vida”, este lunes 13 de enero en la ciudad de La Paz.

Un reportero de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) verificó que el camarógrafo del canal privado de televisión “F10”, Marco Jiménez, sufrió el impacto de un proyectil de un fuego de artificio (petardo) lanzado contra su pierna derecha.

Además de dañar su prenda de vestir, el impacto provocó una laceración. El petardo “vino de allá (desde el sector de los marchistas) y fue dirigido contra mi pierna,” relató Jiménez a la Unidad de Monitoreo.

El comandante departamental de Policía, Gunter Agudo, citado por la agencia estatal de noticias ABI informó de “algunos periodistas que han recibido los impactos de petardos de manera directa,” pero no mencionó el número de reporteros afectados ni su identidad.

Los hechos de violencia contra reporteros se registraron en las puertas de la Vicepresidencia de la República, en la esquina de las calles Mercado y Ayacucho, a la finalización de la “marcha comunal por la vida” protagonizada por seguidores de Evo Morales que demandan al gobierno la solución a una crisis por la falta de dólares, escasez de carburantes y la liberación de personas que protagonizaron bloqueos de carreteras entre los meses de septiembre y noviembre del pasado año.

Los dirigentes de la marcha intentaron entregar un pliego de peticiones en la Casa del Pueblo, el edificio presidencial, pero una barrera policial impidió su paso, lo que derivó en agresiones a policías antimotines que respondieron con gases lacrimógenos.

Sectores que respaldan y reclaman la habilitación de Morales como candidato para las elecciones generales de agosto próximo, gritaron consignas partidarias contra los medios independientes.

“Prensa vendida”, “prensa corrupta” y estribillos contra la cadena privada de televisión Unitel fueron coreados por los manifestantes, y luego sus dirigentes pidieron la difusión de un documento con sus demandas a los medios agredidos.

Entre septiembre y noviembre del pasado año, más de una decena de reporteros y fotógrafos sufrieron agresiones mientras cubrían las noticias de los bloqueos de carreteras organizados por Evo Morales.

𝘓𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘈𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘕𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘦𝘯𝘴𝘢 (𝘈𝘕𝘗) 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘺 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 17 𝘢ñ𝘰𝘴, 𝘺 𝘴𝘶𝘴 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵á𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘶𝘴𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴. 𝘓𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘱𝘳𝘶𝘦𝘣𝘢 𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘦 𝘪𝘮á𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘢 𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘖𝘕𝘎 𝘺 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘉𝘰𝘭𝘪𝘷𝘪𝘢, 𝘴𝘪𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘢.

12/01/2025

𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 40 𝒂𝒏̃𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊́𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝑨𝑵𝑷, 𝑶𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐́𝒏 𝑩𝒐𝒍𝒊𝒗𝒊𝒂, 𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔, 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂, 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒚 𝒗𝒐𝒄𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒚𝒆𝒏 𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒓 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒋𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐.

12/01/2025

𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 40 𝒂𝒏̃𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊́𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝑨𝑵𝑷, 𝑶𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐́𝒏 𝑩𝒐𝒍𝒊𝒗𝒊𝒂, 𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔, 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂, 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒚 𝒗𝒐𝒄𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒚𝒆𝒏 𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒓 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒋𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐.

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08/01/2025

𝐃𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐳𝐨𝐥𝐚𝐧𝐨
𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐚, 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐎𝐍𝐆 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐏ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨

*Testigos aseguraron que fue interceptado por presuntos funcionarios encapuchados en el centro de Caracas

Infobae, Caracas.- La ONG venezolana Espacio Público alertó este martes sobre la desaparición de su director ejecutivo, Carlos Correa, quien habría sido interceptado por hombres encapuchados en el centro de Caracas.

Según un comunicado difundido en la red social X, la organización denunció que desde las 5:00, hora local de este martes, no se tiene información sobre el paradero de Correa ni ha sido posible establecer comunicación con él.

Testigos aseguraron que fue abordado por presuntos funcionarios encapuchados mientras se encontraba en la capital venezolana.

“Exigimos que aparezca sano y salvo”, destacó la ONG en su mensaje.

El comunicado de la ONG
El comunicado de la ONG Espacio Público tras la desaparición de su director, Carlos Correa
La desaparición de Correa se suma a otros dos casos reportados este martes, jornada marcada por denuncias de desapariciones forzadas de activistas y dirigentes políticos en el país, a pocos días de la toma de posesión.

Más temprano, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció que su yerno había sido secuestrado por hombres encapuchados, quienes lo subieron a una camioneta. Hasta el momento, no se tiene información sobre su ubicación.

Asimismo, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Jeremy Santamaría, concejal opositor del estado Bolívar (sureste de Venezuela), tras interceptarlo en una avenida de la ciudad.

Según un testigo, Santamaría había salido de la sede de la Cámara Municipal antes de ser seguido y finalmente detenido por oficiales de inteligencia. Su paradero también permanece desconocido.

Por su parte, la ONG Provea, defensora de los derechos humanos en Venezuela, también se pronunció sobre este hecho, condenando lo que calificó como una “detención arbitraria y desaparición forzada”.

07/01/2025

𝐔𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐨
𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧

Oruro, 06 Ene.25 (ANP) – El periodista de “Canal del Pueblo” de la ciudad de Oruro, Lamdo Gómez Torrez, denunció el intento de detención, violencia y censura a su trabajo periodístico en la tarde del domingo 5 de enero, en oficinas policiales, según informó a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Un oficial de policía, de apellido Ríos, ordenó a Gómez que borre las imágenes que grabó con su teléfono móvil en el momento en que se arrestaba a una persona dentro de una investigación realizada en la Fuerza Especial Contra el Crimen (Felcc), el domingo cerca de las 17.00 horas.

El periodista explicó que no podía borrar imágenes obtenidas en una entidad pública para fines informativos, pero el oficial forcejeó para arrebatar el teléfono móvil y tomó por los brazos al comunicador. Luego de despojarlo del dispositivo móvil, el oficial ordenó el arresto del reportero.

Personal encargado de las celdas policiales dispuso la internación de Gómez y pidió al periodista que se quite los cordones de calzados y otras prendas, siguiendo el protocolo para una detención.

Durante 40 minutos, el periodista permaneció retenido en un patio de la Felcc y el caso fue puesto en conocimiento del director de la entidad policial, coronel Martín Arequipa.

La intervención de la organización sindical de periodistas que elevó una queja ante el director de la Felcc Martín Arequipa impidió que el atropello continuara, aunque el jefe policial intentó persuadir al periodista para el borrado de imágenes. El teléfono móvil fue devuelto a Gómez, que luego abandonó el recinto policial.

Durante el transcurso de los incidentes, la acción del oficial de policía vulneró el artículo 296 del Código Penal, que sanciona con reclusión de seis meses a tres años al que infringiere la libertad de prensa, y el artículo 303, que sanciona la restricción de la libertad de trabajo.

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La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 17 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.

15/12/2024

Pedro Rivero presenta en La Paz su libro “Cincuenta que cuentan”, un repaso por su vida en el periodismo
Las experiencias y la vida del reconocido periodista Pedro Rivero Jordán se entremezclan con las historias y acontecimientos ocurridos en Bolivia en las últimas cinco décadas y retratados en el libro “Cincuenta que cuentan”, presentado este 13 de diciembre, en La Paz.

15/12/2024

13/12/2024

𝐃𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐍𝐏 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞
𝐢𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐎𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐚

Potosí 12Dic.24 (ANP) – El periodista de Radio Fides Potosí, Juan Orellana, se declaró víctima de una trampa para incriminarlo por el delito de extorsión como represalia por investigar casos de corrupción en la gobernación departamental, y tras 28 horas de detención en oficinas policiales, ahora está imputado por la Fiscalía.

Orellana relató a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que el lunes 9 de diciembre, cerca de las 11.00 de la mañana, fue detenido por personal policial del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci), para ser investigado por supuesta extorsión.

Orellana desempeña tareas periodísticas desde hace 10 años y obtuvo su formación académica en la estatal Universidad Técnica de Oruro (UTO), y desde hace cinco años reporta para Radio Fides Potosí. Su trabajo recibe reconocimiento de la ciudadanía por investigar hechos de corrupción en entidades públicas.

El viernes 6 de diciembre, pidió al actual director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), Edgar Gonzáles, que visite los estudios de la radio a las 11.00 del lunes 9, para ofrecer su versión acerca de una investigación abierta en la Gobernación, y el funcionario aceptó.

Antes de ingresar al estudio, Gonzáles pidió al periodista que salga de la radio a la calle para “coordinar la entrevista”. Orellana salió y cuando lo tuvo enfrente, Gonzáles dijo: “tomá…” y entregó un sobre. El periodista preguntó “¿qué es esto?”, y puso el sobre en un ventanal, según su relato.

De inmediato, un policía de civil tomó las manos del periodista y las colocó atrás.

“La policía (un hombre de civil) me puso (el sobre) en el bolsillo (derecho del s**o) y me dijo: Eso es suyo y (tres policías de civil) me llevaron a las celdas policiales, no me dejaron llamar al abogado… Me sacaron fotografías que yo no había autorizado, pero eran muy agresivos los del Daci”, explicó.

Poco después, el Director del Sedede declaró ante los periodistas que Orellana le exigió la suma de 10.000 bolivianos como condición para no difundir denuncias relacionadas con su gestión pública, según un reporte del diario El Potosí. Actualmente, cursan ocho casos que son indagados en la Gobernación.

El análisis jurídico de los abogados de la ANP señala que: “El artículo 333 del Código Penal señala claramente que comete delito de extorsión quien, mediante intimidación o amenaza grave, constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o se deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener ventaja o beneficio económico”, una acción sancionada con reclusión de uno a tres años.

La evaluación legal de datos concluye que “no existe ningún elemento conducente a probar la intimidación, porque las noticias y denuncias difundidas por Orellana ya eran de dominio público”.

Los diarios independientes representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) hacen un llamado urgente para respetar el derecho constitucional de presunción de inocencia del periodista Orellana y el debido proceso.

La ANP reclama protección para todo periodista que realiza investigaciones sobre el uso del dinero y bienes públicos a cargo de funcionarios que deben someterse a normas, reglamentos y procedimientos establecidos por un conjunto de disposiciones relacionadas con la buena administración de bienes y recursos financieros que pertenecen al Estado.

También hace un llamado a los administradores de la justicia para que actúen de oficio en casos de corrupción cometidos por funcionarios, con la misma diligencia con la que se imputó al periodista Orellana, que realiza investigaciones y denuncias sin hallar respuesta en los poderes Ejecutivo y Judicial.

La ANP anunció que hará conocer el presente informe a la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH).

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La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 16 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios
informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.

12/12/2024

𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗥𝗶𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘀𝘂 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗲𝗻 𝗟𝗮 𝗣𝗮𝘇

El Director General del diario cruceño El Deber, Pedro Rivero Jordán, presentará su libro "𝘾𝙞𝙣𝙘𝙪𝙚𝙣𝙩𝙖 𝙦𝙪𝙚 𝙘𝙪𝙚𝙣𝙩𝙖𝙣", una autobiografía que relata su labor periodística de medio siglo.

𝙁𝙚𝙘𝙝𝙖: viernes 13 de diciembre
𝙃𝙤𝙧𝙖: 10.30 am.
𝙇𝙪𝙜𝙖𝙧: Auditorio de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)
Av. 6 de Agosto, No. 2577
Piso "T"
San Jorge
𝙇𝙖 𝙋𝙖𝙯, 𝘽𝙤𝙡𝙞𝙫𝙞𝙖

09/12/2024

Organizaciones rechazan proceso
ordinario contra una periodista

La Paz, 08 Dic.24 (ANP) – Las Asociaciones de periodistas de Bolivia y de las ciudades de Oruro y Potosí expresaron rechazo al proceso judicial ordinario presentado por el secretario de finanzas de la Gobernación de Oruro, Henry Heredia, contra la periodista Carmen Torrez Zambrana, en demanda de protección constitucional de su privacidad.

“La acción emprendida no solo vulnera el derecho a la libertad de expresión y comunicación de Torrez, sino que representa una amenaza directa para el periodismo en Bolivia. Este acto podría sentar un precedente nefasto, incentivando a los funcionarios públicos a utilizar la justicia ordinaria como mecanismo de intimidación contra periodistas”, señala el pronunciamiento conjunto de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y de la Asociación de Periodistas de Oruro (APO).

Heredia considera que se difundieron datos personales a través de un video publicado en redes sociales el pasado 6 de agosto que, según el demandante, afectan su privacidad personal, imagen, honra y reputación.

Las organizaciones reclaman al juez Fernando Claros una declinación de competencia en cumplimiento de la norma vigente y de la Constitución, y remitir este caso al Tribunal de Imprenta.

“Expresamos nuestro total respaldo y solidaridad con la periodista Torrez, reconociendo su valentía al exponer actos que afectan al interés público. La defensa de la ética y la transparencia en la gestión pública no puede ser criminalizada”, señala un comunicado de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí.

02/12/2024

Publicidad estatal: 28 medios vinculados al
oficialismo recibieron más de $us 500.000

La Paz, 01Dic.24 (ANP) – Un total de 28 medios “vinculados a exfuncionarios y altos cargos de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce” recibieron más de medio millón de dólares en publicidad estatal, según el informe divulgado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) de Uruguay.

La investigación titulada Publicidad oficial, medios y libertad de expresión en América Latina realiza un Diagnóstico y propuestas para una distribución más justa y transparente de la publicidad oficial y mejorar la viabilidad de los medios independientes en 11 países latinoamericanos.

El estudio correspondiente al capítulo boliviano fue realizado por las periodistas Zulema Alanes, Leny Chuquimia y Sabrina Lanza de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

La viabilidad de los medios de comunicación y su financiamiento son aspectos sustantivos para la existencia de un sistema plural y diverso que contribuya a la consolidación de sociedades democráticas, afirma Observacom, basado en el documento Desafíos y propuestas para la viabilidad de la actividad periodística en América Latina elaborado por Unesco.

Entre 2006 y 2019, el gobierno de Evo Morales aplicó una política de premios y castigos a través de la publicidad estatal y abiertamente se declaró que los recursos estatales beneficiaban a los medios con una línea editorial favorable a la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).

El gobierno de Luis Arce mantiene una exclusión de los diarios independientes y dirige recursos a medios audiovisuales menos críticos con las políticas gubernamentales y a plataformas extranjeras.

Distribución de publicidad

El informe cita una investigación más reciente que revela “cómo el gobierno boliviano asignó más de $us 500.000 en publicidad a 28 medios vinculados a exfuncionarios y altos cargos de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce”.

Con datos del Sistema de Compras Estatales (Sicoes), “la investigación descubrió que entre 2018 y 2023 algunos medios impresos y portales en línea con poca audiencia recibieron 94 contratos de publicidad con 17 ministerios de Bolivia”.

“De los 28 medios beneficiados, 15 eran impresos y 13 digitales, muchos vinculados a funcionarios o extrabajadores del Poder Ejecutivo, incluyendo un asesor activo de la Presidencia… En 14 casos, los funcionarios públicos firmaron los contratos que favorecieron a sus propios medios, mientras que en los otros 14 figuraban como socios, fundadores o parte del equipo editorial”, describe el informe.

Los medios beneficiados poseen escasa audiencia, a diferencia de “grandes medios bolivianos como Los Tiempos y El Deber” que “registran cinco y siete millones de visitas al mes respectivamente. Los medios con publicidad oficial ap***s registran entre siete y nueve mil visitas al mes, lo que supone hasta un 700% menos de tráfico”.

Cita dos reportajes publicados en 2022 por Brújula Digital que identifican a “Página Siete, El Deber, Los Tiempos, El Diario y la Agencia de Noticias Fides (ANF) como los medios que no recibieron publicidad oficial por no alinearse con el gobierno de turno”.

El segundo reportaje “mostró que entre enero y agosto de 2022 la asignación estatal para la publicidad oficial en televisión abierta fue de $us 10,7 millones para 10 televisoras, de las cuales se destinaron $us 6,1 millones (57,39%) a las redes ATB, Gigavisión y Bolivia Tv, de línea oficialista”.

En medios impresos, el gobierno pagó 6,6 millones de bolivianos (casi un millón de dólares) por publicidad oficial. El informe describe que de ese monto, La Razón y Ahora el Pueblo, alineados al Ejecutivo, concentraron más del 85%, que equivale a 5,3 millones de bolivianos.

“El informe muestra un claro favoritismo hacia los medios afines al gobierno, mientras se castiga a los medios independientes, como Página Siete, que cerró en 2023 debido al bloqueo económico del gobierno”, agrega.

“La publicidad oficial se utiliza para el control sobre los medios de comunicación, ampliando la censura indirecta y generando asfixia económica de aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial”, señala el análisis sobre la aplicación efectiva de la normativa vigente.

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La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 16 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios
informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.