27/05/2026
𝐁𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧: 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝟑𝟐𝟏 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬, 𝟐𝟑 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬
El primer informe preliminar de la Defensoría del Pueblo revela el impacto humano de la conflictividad entre el 1 y el 24 de mayo: enfrentamientos, operativos de desbloqueo, protestas, restricciones de paso y víctimas que aún esperan justicia.
Bolivia atraviesa uno de los periodos de conflictividad más intensos de los últimos años. El primer reporte preliminar de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis social y política entre el 1 y el 24 de mayo de 2026 expone cifras alarmantes: 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecidas en medio de protestas, bloqueos y operativos policiales y militares.
La institución señala que el conflicto escaló tras una combinación de factores: las 211 demandas presentadas por la COB al Gobierno, el Cabildo del 1° de Mayo y la marcha indígena que rechazó la Ley 1720. A partir de ello, distintas regiones del país registraron movilizaciones, enfrentamientos y operaciones de desbloqueo.
El informe detalla que:
▪️ 321 personas fueron arrestadas
▪️ 221 recuperaron su libertad (68%)
▪️ 89 personas fueron imputadas
▪️ 12 terminaron con detención preventiva
▪️ 10 ya recibieron sentencia abreviada y perdón judicial
▪️ 23 personas resultaron heridas: policías, periodistas, transeúntes y manifestantes
▪️ Siete personas fallecieron durante el periodo de conflicto
Los operativos más críticos ocurrieron en La Paz, Cochabamba y Oruro. La Defensoría documentó enfrentamientos en el centro paceño, desbloqueos con uso de agentes químicos y el denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, que derivó en violentos choques en Caracollo.
Entre los fallecidos aparecen casos vinculados a retrasos médicos y bloqueos de carreteras: una paciente con insuficiencia renal que no llegó a recibir atención a tiempo, un niño de 12 años cuyo traslado fue impedido y personas cuyos casos aún son investigados por la Fiscalía.
La institución defensorial también informó que desplegó acciones humanitarias para facilitar el ingreso de oxígeno medicinal, asistencia a personas heridas y monitoreo a arrestados, además de emitir alertas sobre el uso proporcional de la fuerza y la protección a periodistas.
La Defensoría, junto a organizaciones civiles e instituciones religiosas, pidió instalar mesas de diálogo y advirtió sobre el deterioro del derecho a la vida y la integridad de la población.
