08/12/2024
¿Qué se hizo el dinero del gas?
El Estado recibió 45 mil millones de dólares, de los cuales 7 mil millones fueron para YPFB
Un informe de la Fundación Jubileo estableció que, en los últimos 19 años, el Estado boliviano recibió 45 mil millones de dólares de ingresos por concepto de hidrocarburos, de los cuales, 7 mil millones fueron directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal que tenía la misión de explorar y explotar nuevos campos, pero la Fundación advierte que no lo hizo y pregunta dónde fue a parar el dinero.
El reporte indica que, desde el 2007, YPFB percibe una participación sobre las ganancias “que en términos porcentuales representa cerca de 15% de la participación estatal en la renta hidrocarburífera, y en valores absolutos significó un ingreso de casi 7.000 millones de dólares para YPFB”.
Agrega que estos recursos “debieron servir para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la empresa petrolera estatal, cosa que no ocurrió porque la producción ha caído en 47% en el caso del gas natural y en 54% en el caso de hidrocarburos líquidos; entonces cabe preguntarse qué se ha hecho con ese dinero específicamente y por qué no se desarrolló una norma que regule su destino y uso”.
El informe indica que en 17 años no se evidenció “el descubrimiento de nuevos reservorios de magnitud por parte de la empresa petrolera nacional, por lo que cabe cuestionar sobre el uso y destino que han tenido estos recursos que, vistos en términos relativos, representan cerca de siete veces el crédito otorgado por el Banco Central de Bolivia a YPFB para la construcción de la Planta de Amoniaco y Urea”.
De hecho, el reporte indica que el aporte del sector hidrocarburos a la economía nacional cayó del 35% al 18% en estas casi dos décadas.
Jubileo, además, pregunta ¿En cuánto se ha incrementado el patrimonio de YPFB como resultado de las inversiones en activos (líneas, plantas, ductos y pozos) que fueron pagados como costos recuperables, según se establece en la cláusula 10 de los contratos de operación? ¿Qué está haciendo YPFB con esos activos? “Finalmente, en este caso, la figura de costos recuperables habría servido como mecanismo de financiamiento para YPFB, sin costos financieros”, indica.
45 mil millones de dólares
En los 19 años que lleva vigente la Ley de Hidrocarburos No 3058, los ingresos por la explotación de hidrocarburos superan los 63 mil millones de dólares, de los cuales, poco más de 45 mil millones de dólares, según el estudio, “han quedado como participación estatal en la renta petrolera”.
De ese monto, el 47% fue transferido a los gobiernos subnacionales y universidades públicas, “por lo que su administración (buena o mala) no fue solo responsabilidad del nivel central, sino también de los gobiernos autónomos regionales, departamentales, municipales y universidades públicas, especialmente en el periodo 2004–2014, caracterizado por un superciclo de precios de exportación para el gas natural”.
El documento, que se titula “Renta petrolera, la apuesta de la política hidrocarburífera boliviana 2005 – 2023”, indica que “el haber puesto tanto peso fiscal, económico y energético sobre un solo sector económico, y en particular sobre un recurso natural no renovable, ha terminado haciendo poco atractiva la inversión extranjera en el mismo”.
Recuerda que, si bien un referéndum realizado en 2004 estableció como mandato que el Estado se quedara con el 50% delas ganancias, el estudio indica que “el Estado se quedó, en promedio, con cerca de 71% de los ingresos obtenidos y con una participación de 82% de la renta hidrocarburífera, aunque el año 2023 este indicador llegó a 92%”, lo que confirma la condición rentista del país.
Regalías
Siguiendo la tendencia de ascenso hasta el 2015 producto de los altos precios del petróleo, el informe repara que a partir de entonces “cambió esta tendencia, observándose una importante disminución en los ingresos por concepto de regalías”.
El informe añade que, se sumó un importante decremento en la producción de gas natural, aspecto que ya se ha convertido en una tendencia luego de 8 años de constantes disminuciones en los denominados “megacampos”: San Alberto, Sábalo y Margarita– Huacaya; siendo que desde el año 2021 también se observó similar tendencia decreciente en la producción del campo Incahuasi–Aquio que inició su explotación en agosto de 2016 y fue el único campo nuevo en el periodo 2005–2023.
Según los reportes oficiales, el país llegó a percibir 831 millones de dólares por concepto de regalías el año 2013, pero el 2023, el rubro cayó a 308 millones de dólares, afectando a gobernaciones, municipios y universidades que reciben estos ingresos.
Participación del TGN
Jubileo indica que “el Tesoro General de la Nación ha recibido, durante el periodo 2005–2023 4.032 millones de dólares, es importante mencionar que se desconoce el destino del mismo y los resultados que se han podido lograr para el país a través de su uso; lo que dificulta medir el efecto positivo que puede tener el sector hidrocarburos en el desarrollo económico y social”.
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
“Los ingresos percibidos por el país en el periodo 2005–2023 por este concepto han sido de 21.114 millones de dólares”, indica el reporte, siguiendo la tendencia que han seguido regalías y participación del TGN.
Nueva política energética
La Fundación Jubileo concluye su informe recomendando una nueva política energética nacional “acorde con los desafíos que supone el cambio climático y la transición energética, y que establezca el marco general para la elaboración de nuevas leyes sectoriales para electricidad e hidrocarburos, que marquen políticas con criterios de sostenibilidad y eficiencia de largo plazo, devolviéndoles su cualidad energética y no fiscal”.
Su propuesta consiste en:
- Mantener la regalía departamental equivalente a 11 por ciento (11%) de la Producción Departamental Fiscalizada de Hidrocarburos en beneficio del departamento donde se origina la producción, como establece la Constitución Política del Estado.
- Incrementar la regalía nacional compensatoria de 1% actual a 2% de la Producción Nacional Fiscalizada, que deberá favorecer a todos los departamentos no productores de hidrocarburos.
- Disminuir la participación del Tesoro General de la Nación (TGN) del actual 6% a 5% de la Producción Nacional Fiscalizada, en el entendido de que esta entidad del Estado cuenta con varias otras fuentes de financiamiento.
- Modificar la alícuota del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, aplicando un régimen de escalas móviles que oscile entre un mínimo de 10% hasta un máximo de 32%, en función de los siguientes criterios: tipo de campo (pequeño, mediano o grande), tipo de hidrocarburo, etapa del proyecto, producción y precio de comercialización. Este aspecto deberá ser normado mediante reglamento específico.
- Eliminar la participación adicional de YPFB en las ganancias de los contratos de operación.
- En el entendido de que el país se enfrenta a una doble transición energética y fiscal, la renta hidrocarburífera generada a partir de la nueva ley sectorial debería tener tres destinos: creación de un Fondo de Desarrollo Productivo (gobernaciones y municipios) que impulse sectores con potencialidad económica local, creación de un Fondo de Ahorro y Estabilización (gobernaciones, municipios y universidades) que permita reservar e invertir una porción de la renta en el exterior con reglas claras, tanto de inversión como de retiro, para hacer frente a la volatilidad en los ingresos por la explotación de hidrocarburos, y un Fondo para la Transición Energética en la implementación de nuevas tecnologías. GEA
