17/07/2026
En los últimos días se ha conocido la propuesta del diputado Néstor Rodríguez de promover la esterilización de mujeres en situación de calle. Una iniciativa que resulta profundamente preocupante porque parte de la idea de que una autoridad puede decidir sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres bajo el argumento de “ayudarlas”.
Según sus declaraciones, la medida serviría para evitar la trata de personas, el tráfico de órganos o la explotación sexual. Sin embargo, estas violencias no se combaten controlando los cuerpos de las víctimas, sino persiguiendo a quienes las cometen y fortaleciendo las políticas de prevención, protección y acceso a la justicia.
Las personas en situación de calle no nacen ni están condenadas a permanecer allí para siempre. La situación de calle es una condición de vulnerabilidad de la que muchas personas logran salir con apoyo estatal, oportunidades y políticas públicas adecuadas. Del mismo modo, cualquier persona podría llegar a vivir esa realidad debido a una crisis económica, violencia, problemas de salud o la pérdida de una red de apoyo.
Resulta preocupante que, en lugar de impulsar proyectos para fortalecer los programas de rehabilitación, salud mental, vivienda, empleo o prevención, se plantee restringir derechos fundamentales. Tampoco se proponen medidas para endurecer las sanciones contra las redes de trata y tráfico de personas, combatir la explotación sexual o perseguir a quienes se benefician de estos delitos. En la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres, mientras que quienes sostienen esos mercados de explotación son quienes pagan por ellos.
Decidir sobre el cuerpo de una mujer nunca puede ser una política pública. Los derechos reproductivos son derechos humanos y no pueden condicionarse por la situación económica, social o de vulnerabilidad de una persona.
Es preocupante que, en pleno siglo XXI, una autoridad considere que la respuesta a la exclusión social sea controlar la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, en lugar de garantizar políticas que les permitan recuperar su dignidad, su autonomía y sus oportunidades de vida.
