09/01/2026
*Gobernación aclara que supresión de cargos a personas con inamovilidad laboral obedece al cumplimiento de una ley de la anterior gestión*
_Antecedente. La Ley Departamental 380 fue aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental a la cabeza del entonces presidente Antonio Talamás, y promulgada por el ex gobernador en ejercicio Mario Aguilera el 26 de agosto de 2025._
*Santa Cruz, 08 de enero de 2026.-* La Gobernación cruceña se pronunció sobre el tema de la supresión de cargos a personas con inamovilidad laboral, argumentando que esta decisión obedece a una “Ley Departamental 380 de Organización Estructural y Escala Salarial”, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental a la cabeza del entonces presidente Antonio Talamás, y promulgada por el ex gobernador en ejercicio Mario Aguilera el 26 de agosto de 2025.
José Luis Gómez, secretario de Gestión Institucional, dejó en claro que el ente departamental no ha despedido o dado de baja a estos 17 funcionarios, sino que en cumplimiento de la citada ley se suprimieron algunos cargos, de los cuales algunos estaban siendo ocupados por personas con inamovilidad.
En este sentido, la Gobernación está cumpliendo con las norma legal, la cual en concordancia con el artículo 10 de la Ley SAFCO, especifica que no se puede hacer gestión pública si no se tienen garantizados los recursos.
Por lo tanto, la autoridad departamental reiteró que no se ha dado de baja a personas con inamovilidad por discapacidad, aunque sí existen 17 personas a las que se les ha suprimido los ítems con sus respectivas notificaciones.
Y por instrucciones del gobernador Luis Fernando Camacho, aunque esta ley departamental no la firmó porque aún estaba en la cárcel, desde la Secretaría de Gestión Institucional se está trabajando para ubicar a estos funcionarios en la nueva estructura, considerando que se debe respetar el rango salarial.
“Son 17 personas afectadas por una ley que no firmó el gobernador Camacho. Es más, el gobernador Camacho ha pedido a Asesoría General y a la Secretaría de Justicia que evalúen si corresponde hacer acciones administrativas contra las autoridades que firmaron una ley, sabiendo que iban a afectar con personas con inamovilidad (…)”, subrayó Gómez, asegurando que la Gobernación solo está cumpliendo las leyes, que no son de interpretación, sino de cumplimiento obligatorio.