15/10/2025
| Carceleta de Villa Montes muestra grandes falencias que vulneran derechos humanos de los privados de libertad
la Defensoría del Pueblo realizó una visita no anunciada a la carceleta de Villa Montes, donde identificó deficiencias que afectan los derechos fundamentales de las 175 personas privadas de libertad que alberga.
“La verificación, basada en estándares de derechos humanos y en la normativa boliviana vigente, permitió constatar condiciones que no garantizan la dignidad de los internos. La situación más crítica se registra en el acceso a servicios básicos, con solo 5 baños y 2 duchas para toda la población penitenciaria, una dotación completamente insuficiente que vulnera el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado”, informó Walter Portillo Coordinador Regional de la Defensoría del Pueblo en Yacuiba.
Asimismo, se verificó que el recinto carcelario presenta problemas constantes en el sistema de alcantarillado, lo que agrava las condiciones de salubridad e higiene, generando un entorno propicio para la proliferación de enfermedades. Este tipo de condiciones, donde la infraestructura es notoriamente deficiente y sobrepasa ampliamente su capacidad, puede constituir, según los estándares internacionales, un trato cruel, inhumano o degradante.
En coordinación con el director de la Carceleta, Sof. Sup. DAP Roberto Mamani, y el delegado de las personas privadas de libertad, se acordó gestionar la atención por parte de las instancias competentes para mejorar las situaciones observadas.
La Defensoría del Pueblo recuerda al Estado boliviano su obligación de garantizar la integridad física y mental de todas las personas bajo su custodia. La situación encontrada en Villa Montes representa un incumplimiento de estos deberes y exige una intervención inmediata y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno.
En este sentido, la institución defensorial emitirá un informe detallado con recomendaciones urgentes dirigidas a las autoridades competentes, instándolas a adoptar las medidas necesarias para adecuar la infraestructura, garantizar servicios básicos y, en definitiva, respetar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
