28/07/2025
«Dato mata relato” a Matthei: Cifras revelan $67 mil millones en subsidios estatales a salmoneras para mano de obra
Continúan las repercusiones tras el Salmón Summit 2025 en Frutillar, luego que Evelyn Matthei (Chile Vamos) afirmara que la industria salmonera "no depende del Estado" y "no ha tenido subsidios", declaraciones refutadas con antecedentes históricos por Defendamos Patagonia.
Previamente, Fundación Terram ya había publicado una investigación que desmantelaba lo señalado por la candidata: las empresas recibieron $67.000 millones en subsidios (2004-2023) para mano de obra, incluidos $28.598 millones a 31 empresas multadas por infracciones laborales.
El Salmón Summit 2025, cumbre de la industria realizada en Frutillar, fue escenario del primer debate presidencia, donde los candidatos José Antonio Kast (Republicano); Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile), discutieron sobre las políticas de este sector. Matthei declaró textualmente que la salmonera «no depende del Estado» y «no ha tenido subsidios». Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente cuestionadas.
Defendamos Patagonia respondió: «Le recordamos Evelyn que tras la crisis del virus Isa en 2007, el gobierno de Bachellet salvó a la industria tras perder 50% de su producción. Una medida clave fue PERMITIR HIPOTECAR LAS CONCESIONES, lo que hoy les facilita financiamiento bancario».
La organización añadió: Hoy apareció una investigación periodística sobre subsidios por $28.000 millones a salmoneras que violaron leyes laborales. ¿Mala memoria u omisión deliberada?.
“Más de $67 mil millones en subsidios a la mano de obra en zonas extremas han recibido 31 empresas salmoneras a pesar de INCUMPLIR LEYES LABORALES”, afirmó en otra publicación DP.
La investigación citada, fue publicada por Fundación Terram en CIPER Chile (autor: Maximiliano Bazán), que expone que 31 empresas salmoneras recibieron $28.598 millones en subsidios (2013-2023) pese a acumular 1.367 multas laborales. Estos recursos provienen de la Ley 19.853, que bonifica el 17% de salarios en zonas extremas. En total, entre 2004 y 2023, el monto alcanza $67.000 millones para cubrir 2 millones de salarios, según datos de la Tesorería General de la República (TGR).
El vacío legal es clave: desde 2013, la ley exige «no tener condenas judiciales por prácticas antisindicales o vulnerar derechos laborales», pero ignora las multas administrativas de la Dirección del Trabajo (DT). Así, las sanciones por no pagar horas extra, obligar a embarazadas a jornadas de pie sin descanso, o negar salas cuna no impidieron los subsidios.
Catalina Salazar, abogada de Terram, explica: *»El diseño normativo privilegia condenas judiciales, umbral casi inexistente: entre 2013-2023, ninguna empresa salmonera fue condenada judicialmente»*.
Casos emblemáticos evidencian el patrón:
Aquachile (parte de Agrosuper): Recibió $4.842 millones (2013-2023) pese a 286 multas, incluida una por obligar a embarazadas a trabajar 7.5 horas de pie.
Invermar (controlada por la familia Izquierdo Menéndez): Obtuvo $4.296 millones mientras incurría en 91 infracciones, como jornadas de 24 días continuos.
Nova Austral: Aceptó $3.488 millones tras 136 sanciones, a pesar de una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude de subsidios.
Los subsidios no son recientes. En julio de 2024, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) aseguró que la industria «no recibió ningún subsidio». No obstante, Terram verificó que entre 1991-2002, 24 salmoneras obtuvieron $15.306 millones vía Decreto Ley 889 (creado en 1975 por la dictadura). Frei ignoró que durante su mandato (1994-2000), estas empresas ya eran beneficiarias.
La justificación del subsidio fue cuestionada desde sus inicios. En 2002, senadores como Jaime Gazmuri (PS) y Alejandro Foxley (DC) criticaron su «concepción obsoleta». Pese a que el proyecto original estipulaba su reducción gradual hasta 2013, fue prorrogado hasta 2035 sin evaluaciones de impacto por la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
Así, la industria salmonera chilena opera con un salvavidas estatal histórico, contradiciendo narrativas de autosuficiencia. Mientras políticos repiten que «dato mata relato», las evidencias dadas a conocer por Terram, demuestran que, para las salmoneras, los subsidios matan la accountability.
