11/06/2026
Contraloría cuestiona al INE por contratación de censistas con antecedentes penales y millonarios pagos injustificados en el Censo 2024
La Contraloría General de la República informó una serie de anomalías en la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Entre los hallazgos principales figuran la contratación de personas con antecedentes penales, extranjeros sin permiso de trabajo y el desembolso de millonarios fondos públicos sin la debida justificación.
El organismo fiscalizador reveló que se incorporó a 16 individuos con condenas por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de dr**as. De este grupo, seis presentaron certificados donde figuraban sus antecedentes, pero la firma reclutadora omitió validarlos en el Registro Civil. En los diez casos restantes, el INE no logró demostrar que siquiera haya exigido estos documentos al momento de formalizar los nombramientos. A esto se suma la contratación de 14 extranjeros inhabilitados para trabajar en Chile.
Cinco de ellos figuran como exresidentes definitivos o temporales a quienes se les revocó el permiso por diversos motivos, y uno de estos individuos arrastraba una orden de expulsión administrativa pendiente.
La auditoría también estableció que el servicio no pudo acreditar los requisitos educacionales de más de 130 trabajadores designados como Coordinadores de Local Censal y Gestores Administrativos. Esta omisión derivó en la no aplicación de multas que beneficiarían al fisco por un total de $131.972.500, las cuales debían afectar a las empresas encargadas del reclutamiento y selección. En el ámbito de las licitaciones, se confirmó que una exasesora del INE actuó como experta en la comisión evaluadora de un proceso adjudicado, aun cuando se desempeñaba como representante legal de una de las firmas participantes.
En cuanto a la prestación de servicios, la Contraloría determinó que el INE no acreditó la labor efectiva de 515 censistas, pese a que recibieron pagos superiores a los 166 millones de pesos, lo que evidenció una falta de supervisión y control. Adicionalmente, 267 personas que trabajaron para el censo mantuvieron contratos simultáneos con otras instituciones públicas entre marzo y junio de 2024, incumpliendo la obligación de informar esta situación mediante declaraciones juradas.
El informe aborda además la suscripción de 77 contratos de arriendo para oficinas y locales a lo largo del país sin respaldo técnico ni formal. Cinco de estos acuerdos se extendieron por hasta 12 meses, superando ampliamente los cinco meses de duración del operativo censal, lo que derivó en un gasto no justificado de $49.430.231. A ello se añade que el 1 de mayo de 2024 se desembolsaron $134.243.088 a nivel nacional para el traslado de funcionarios y censistas, fecha en la cual no se ejecutaron labores que respaldaran dicha erogación. Finalmente, la entidad no planificó el uso de los 4.588 computadores y 37.529 smartphones comprados para la operación. Al 7 de noviembre de 2025, la Subsecretaría de Bienes Nacionales aún mantenía bajo custodia 484 equipos computacionales y 29.226 teléfonos inteligentes.
Frente a este escenario, la Contraloría General de la República ordenó al INE instruir un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades funcionarias. Asimismo, el ente contralor formuló un reparo por $315.645.819 y se encuentra analizando la reevaluación presentada por el servicio respecto al pago injustificado de $166.356.508. Paralelamente, se otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para definir el destino final de los dispositivos tecnológicos almacenados.
fuente: www.t13.cl
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